Los cribados en los colegios permitirían impedir los brotes incontrolados

Aun cuando el viernes 3 de septiembre se haya alcanzado el encomiable hito de vacunar con pauta completa a 33,9 millones de personas, es decir, al 71% por ciento de la población diana, no podemos pensar que con ello la amenaza de la COVID-19 ha terminado ni invocar el espejismo de la ilusoria inmunidad de grupo.

España ha dado un enorme paso en materia de cobertura vacunal, pero el virus sigue estando presente y continúa transmitiéndose. La pandemia no se detendrá por haberse superado la cifra del 70%, ya que las vacunas no son esterilizantes. Aún faltan por vacunar con pauta completa alrededor de 8 millones de personas y debemos hacerlo cuanto antes para garantizar su protección individual ante el riesgo de enfermedad severa y de muerte. 

Las nuevas variantes, ciertamente la delta, pero también otras más que han surgido en las últimas semanas y son motivo de preocupación, pueden romper los precarios equilibrios encaminados a controlar los contagios y golpearnos con mayor severidad. Por si fuera poco, el final del verano y el inicio del ciclo escolar introducen nuevos comportamientos sociales e interacciones grupales ante los que debemos ser muy cautelosos. 

La pandemia sigue golpeando en nuestro país con altos niveles de incidencia (198 por 100.000 habitantes), con una ocupación de camas de UCI aun elevada (15,9%), con un índice de positividad a las pruebas diagnósticas todavía alto (8,9 %) y con cifras importantes de fallecidos. Esta quinta ola no ha sido benigna: arroja un balance trágico de casi 1,2 millones de nuevos diagnósticos y de cerca de 4.000 fallecidos desde su inicio, a finales de junio.

A pesar de un descenso continuado de la incidencia a lo largo del mes de agosto, todavía encontramos muchos territorios en niveles de alto riesgo que obligan a mantener en alerta todos los mecanismos de prevención y, en especial, deberían de no hacernos descuidar las medidas no farmacológicas, tanto de protección, (tales como lavado de manos, mascarilla, distancia de seguridad o ventilación de lugares cerrados), como las de carácter restrictivo que impidan las interacciones sociales desprotegidas, especialmente en espacios cerrados mal ventilados y desalienten, y de hecho frenen, las aglomeraciones de personas.

Especial atención deberá prestarse, a nuestro juicio, a tres cuestiones: 

1)  Un inicio seguro del ciclo escolar, minimizando los riesgos de contagio en una población que todavía tiene altas tasas de incidencia, situación que de no cuidarse lo suficiente puede jugarnos una mala pasada.

2) Rematar de la mejor manera y a la mayor brevedad posible la vacunación con pauta completa de toda la población por vacunar.

3) Blindar epidemiológicamente las residencias geriátricas que han vuelto a convertirse en un ámbito de alta vulnerabilidad para lo cual se requiere de un enfoque estratégico que nos lleve a adoptar medidas inteligentes para evitar que el virus reingrese a ellas y cause estragos. 

En estas condiciones, el inicio del curso escolar que tendrá lugar a partir de la semana que comienza plantea desafíos específicos que requieren atención desde el punto de vista de salud pública. Estos desafíos están ligados a la alta incidencia en las edades más jóvenes donde destacan los 240 casos por 100.000 habitantes a 14 días en la población de menos de 11 años (con cifras de hasta 492 casos en Extremadura) o los 364 casos en población de 12 a 19 años (con cifras de hasta 1034 casos, de nuevo en Extremadura).

Por ello, y aunque partimos de la experiencia positiva de gestión de la pandemia en el ámbito escolar durante el curso pasado, no podemos “dormirnos en los laureles”. Si bien, a diferencia de entonces, disponemos de una amplia cobertura de la vacunación (no exenta de algunas capas de población pendientes de vacunar), no hay que olvidar que la vacuna en el grupo de 12 a 19 años (que puede ser vacunado), no evita el riesgo de infección ni de contagio, sino que protege contra el riesgo de enfermedad severa y de muerte, y hay que tomar en cuenta que el grupo de menores de 12 años, por el momento, no es objeto de vacunación. A ello se agrega, también a diferencia de septiembre del 2020, que las incidencias en estos grupos de edad son muy altas y representan un importante riesgo de contagio.

Además, ahora la variante delta, con su mayor contagiosidad, su mayor severidad y su proclividad a escapar a la acción protectora de las vacunas, interpela a las autoridades sanitarias y educativas para asegurar una estricta aplicación de las medidas preventivas en las aulas.

En especial se debería mantener la distancia de 1,5 metros establecida en el curso pasado y extremar el cumplimiento de los requisitos de uso de mascarillas, higiene de manos, ventilación de las aulas, mantenimiento de grupos burbuja y resto de cautelas preventivas en los procesos de entrada y salida de las instalaciones escolares. Aunque el aumento de las ratios de ocupación recién aprobado en la Conferencia Sectorial de Educación no camina en esa dirección, el acuerdo es un planteamiento de mínimos que las Comunidades pueden (y deben) mejorar para situarse en las ratios que permitan la distancia de 1,5 metros aplicada en el curso pasado. Recordemos que lo que protegerá de contagios serán estas medidas y no la vacunación que no puede jugar ese papel.

Debemos evitar una explosión de brotes que pueda dar lugar a una nueva ola y para ello, el objetivo debe ser anticiparse al virus. Por eso, conviene plantearse la realización de cribados focalizados dirigidos a los alumnos para la detección precoz de casos y el aislamiento temprano que permita impedir la aparición de brotes incontrolados que tienen riesgo de diseminarse con rapidez dada la frecuente interacción de los menores con las diversas personas que conviven en el ámbito familiar. 

En España es muy frecuente la convivencia intergeneracional y ello conlleva en muchas ocasiones el cuidado de muchos menores por parte de sus abuelos y abuelas. Hay que insistir: las vacunas de que disponemos no evitan el contagio de los vacunados ni que estos desarrollen la enfermedad y, aunque son bastante efectivas para evitar la enfermedad grave, la hospitalización y el fallecimiento, en un porcentaje importante (del 10 al 20% en el caso de la variante delta) la protección es incompleta o nula. De hecho, la variante delta ha condicionado numerosos casos de contagio y desarrollo de la enfermedad (incluso con resultado de muerte) en personas mayores vacunadas con pauta completa.

En el previsible contexto de una paulatina disminución de la incidencia y de una menor presión asistencial, la Atención Primaria debería ser reforzada para que pueda orientar sus actuaciones hacia las tareas de salud pública tales como realización de cribados focalizados, detección precoz, rastreo y aislamiento de casos. De ese modo, se evitarían repuntes que afectarían mayoritariamente a la población aun susceptible de personas pendientes de vacunar con pauta completa o aquellos otros que siguen sin la debida protección pese a haber sido vacunados.

Unido a esto, conviene apoyar la labor de la Atención Primaria en el proceso de vacunación con una redefinición y refuerzo de los mensajes y las acciones que permitan asegurar el máximo posible de acceso a la vacuna por parte de los ciudadanos que aún no la han recibido. El objetivo de asegurar una muy amplia cobertura va a requerir un esfuerzo renovado de persuasión y de facilidades de acceso para reducir aún más las actitudes de oposición o de reticencia a la aplicación de la vacuna. En este sentido, nuevas campañas de información y mensajes que respondan a las razones que esgriman los ciudadanos que tengan dudas para vacunarse, deberían considerarse para tratar de repescar a personas que no han querido vacunarse o que dudan hacerlo. 

Además, consideramos que deben abandonarse los discursos que favorecen la creencia de que se puede conseguir la inmunidad de rebaño pues este es un objetivo ilusorio dado que las vacunas disponibles no son esterilizantes; hay capas de población que dudan si vacunarse o no y pueden creer que la inmunidad de rebaño les protege aun cuando no estén vacunados y ello puede actuar como incentivo a no vacunarse. El objetivo debe ser vacunar al máximo posible de población con pauta completa con el argumento de que es un eficaz procedimiento de protección individual y a ello deben ir dirigidos todos los esfuerzos y las nuevas estrategias.

Con relación al debate sobre tercera dosis para el conjunto de la población, por el momento ha quedado zanjado. La posición oficial del ECDC y del EMA, que ya había sido planteada por la OMS y su Comité Asesor de Expertos Independientes en Vacunas, ha puesto de manifiesto la falta de evidencias de que sea una medida eficaz para mejorar la protección inmunitaria alcanzada con las actuales pautas, y la ha desaconsejado.

Diferente es el caso de la modificación del concepto de pauta completa para pacientes inmunodeprimidos que admite la aplicación de una nueva dosis. En este sentido, conviene asegurar que los criterios para definir a dicha población sean claros y concretos. Seguir basándose en la evidencia científica y en el criterio de los expertos, en este como en otros asuntos relacionados con la pandemia, continúa siendo la mejor estrategia posible. No debe caerse en la tentación de improvisar medidas que no tienen sustento en la evidencia científica ni en la lógica de las acciones en materia de salud pública y será muy importante que tanto la Ponencia de vacunas, como la Comisión de Salud Pública y el Pleno del Consejo Interterritorial, actúen en consistencia con ello. 

Por último, y aunque cabría una reflexión más detallada sobre la protección en residencias con mayores y personas con discapacidad lo más urgente sería abordar cuanto antes el diseño de un mecanismo renovado que permita reforzar la seguridad sanitaria de estas instituciones. Por ejemplo, mediante la aplicación de cribados a profesionales y residentes solventando incluso con el desarrollo de normativas específicas de obligado cumplimiento las dificultades que se observan en algunos casos por la negativa de algunas personas que trabajan en esas instituciones a realizarse test diagnósticos. Actualizar estos protocolos de protección debería ser una prioridad de las autoridades de salud y del propio Consejo Interterritorial. 

No es momento de cantar victoria ni de hacer un alto en la batalla. Todo lo contrario. Estamos en el umbral de una etapa de intensificación de las acciones, en la que lo importante será reducir la incidencia a menos de 25 por 100.000 habitantes para garantizar un adecuado nivel de seguridad sanitaria; definir un regreso a las aulas que sea seguro y prevenga en todo lo posible los contagios cuando la población escolar aun muestra altas tasas de incidencia; proseguir sin tregua la vacunación, hasta aproximarse al 100% de la población diana; y tomar las medidas necesarias para impedir que nuevamente las residencias se conviertan en un talón de Aquiles en la lucha contra la pandemia. 

Esto supone desterrar el mito de la inmunidad “de rebaño”, no distraerse con el señuelo de una tercera dosis generalizada que está desaconsejada por los organismos internaciones competentes, vigilar estrechamente y atajar la penetración de nuevas variantes que puedan romper los equilibrios de la gestión de la pandemia, y no obrar imprudentemente relajando medidas no farmacológicas que siguen siendo muy necesarias.