La Operación Catalunya es una cortina de humo, el lawfare no existe y los niños vienen de París

Es la base de una sociedad democrática: el Estado tiene el monopolio de la violencia a cambio de que no abuse de él. Por eso es tan grave lo que pasó con ese grupo secreto de la Policía que actuaba al servicio de los intereses del PP. Es la peor corrupción posible: la más dañina para la democracia. Perseguir a las personas por sus ideas. Meter a gente inocente en la cárcel. Destruir patrimonios y reputaciones a base de insidias y pruebas falsas. Saltarse las normas más básicas del Estado de Derecho para destrozar a tus rivales políticos. Toda una serie de abusos intolerables y que por ahora siguen impunes. 

Te supongo al tanto de los nuevos documentos que hemos revelado esta semana en elDiario.es, una investigación conjunta con el equipo de ‘La Vanguardia’, a medias entre los periodistas José Precedo y Manel Pérez. Son nuevas y contundentes pruebas sobre la Operación Catalunya: la persecución parapolicial contra el mundo independentista organizada por el Ministerio del Interior desde el año 2012: mucho antes del referéndum de 2017. Papeles que demuestran que no fue puntual, que no fue anecdótico, que no fue cosa de cuatro espontáneos: que fue sistemático, metódico y brutal. Toda una unidad de la Policía que se saltaba a diario la ley y que reportaba cada paso que daba al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a través de una serie de “notas informativas”. De unos informes secretos que después –según distintas fuentes– Interior reenviaba en un sobre en blanco, a través del servicio de escoltas, al propio presidente Mariano Rajoy. 

Algunas historias, en la redacción de elDiario.es, son una larga obsesión; como la que tenía el capitán Ahab con Moby Dick. Nuestra caza de esta ballena blanca comenzó hace una década. En 2014, nuestro compañero Pedro Águeda empezó a investigar una pista que entonces parecía imposible de creer. El 30 noviembre de 2014 tuvo al fin el material suficiente para publicar. Es la primera noticia sobre este tema –en todos los medios, no solo en elDiario.es– donde se destapa esta operación parapolicial. “Una unidad secreta de la Policía rastrea información comprometedora de políticos independentistas”, decíamos en 2014. Y el tiempo nos ha dado la razón.

La intrahistoria de cómo llegamos a esa primera noticia, y qué pasó después, creo que tiene su interés.

Además de varias fuentes, que confirmaban esa información, Pedro Águeda descubrió una extraña oferta interna de empleo para cubrir vacantes en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Para esas plazas pedían algunos requisitos muy peculiares: conocimiento en investigaciones de blanqueo de capitales y “delincuencia económica y fiscal”. Y lo más raro: buscaban a policías que supieran hablar catalán.

Obviamente, no era porque en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz tuvieran un especial compromiso con la promoción de las lenguas cooficiales. 

Asuntos Internos fue uno de los departamentos que el Gobierno de Rajoy usó en su guerra sucia contra el independentismo. Era el sitio ideal: en teoría se dedica a investigar los delitos cometidos por la propia policía. Por eso es la unidad más opaca, más secreta, más discreta, casi por definición. 

Además de Asuntos Internos también participó en esta operación parapolicial la llamada “oficina siniestra”: otro grupo de policías, la mayoría de ellos imputados en la Operación Kitchen, donde destaca sobre los demás el comisario Villarejo. Que también tuvo su papel protagonista en otra de las derivadas de este episodio negro de la reciente historia de España: la persecución contra Podemos.

Ambos grupos, de forma coordinada, trabajaron ilegalmente al servicio del PP, en distintos frentes a la vez. 

Porque la Policía no está para inventarse pruebas falsas. Tampoco para obtener pruebas auténticas al margen de la ley –como pasó con la cuenta en Andorra de los Pujol, que estos policías consiguieron chantajeando a unos banqueros con la amenaza de cerrarles el banco en España–. La policía de un país democrático no puede investigar a una persona sin una orden judicial. Ni mucho menos su misión es destruir pruebas de corrupción, como pasó con los documentos que Luis Bárcenas guardaba en contra de M. Rajoy, ese enigmático señor X de toda esta operación –también es el principal beneficiado de la Kitchen– que la Justicia aún no acaba de descubrir quién es. 

La noticia que publicó Pedro Águeda en 2014 ha envejecido muy bien. No se puede decir lo mismo sobre las explicaciones que, en esos años, ofrecía el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Te recomiendo que veas este vídeo. Es increíble lo bien que algunas personas saben mentir.

“Es una ofensa”, decía Jorge Fernández Díaz. “Viven en la obsesión y ven persecución incluso en sueños”, respondía a los diputados catalanes que le preguntaban por esta cuestión. También había desprecios para nosotros: para elDiario.es, y para nuestro compañero Pedro Águeda. “Es un freelance”, decía Fernández Díaz para degradar nuestra información. Como si la precariedad laboral en la que buena parte de los periodistas sobrevivían en esos años de la crisis pusiera en duda su profesionalidad.

Pedro Águeda, en 2014, era freelance: colaboraba con varios medios. Nos conocíamos de Público, donde habíamos trabajado juntos hasta que nos echaron a casi todos con el cierre de su edición en papel. A principios de 2015, en cuanto pudimos pagarle, lo fichamos en plantilla –sigue desde entonces con nosotros–. En aquella época éramos menos de 40 personas en la nómina de elDiario.es. Hoy somos más de 200, entre la edición nacional y nuestras ediciones autonómicas. Y si hemos logrado dejar en evidencia a mentirosos como Jorge Fernández Díaz es gracias a los socios y socias que nos apoyan. Personas como tú. 

Aquellos informes secretos que Jorge Fernández Díaz negaba de forma tan tajante han salido a la luz diez años después. Y son muy relevantes, porque en esta última década se ha publicado mucho sobre la Operación Catalunya. Hemos conocido numerosos detalles, que amplían y confirman aquella primera noticia que dimos en 2014. Pero buena parte de las pruebas, hasta ahora, nacían de una fuente poco clara, donde la verdad y la mentira se mezclaban entre sí: el comisario Villarejo. 

Sus grabaciones demuestran muchas cosas, sin duda. Como las reuniones sistemáticas que Villarejo mantenía con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y lo que se hablaba allí. También hay bastante información relevante en su agenda, donde anotaba buena parte de los encuentros, y que Villarejo nunca pensó que acabaría en los juzgados. Pero nunca hay que olvidar que buena parte de lo que cuenta este siniestro comisario son embustes y medias verdades, propias de alguien que protagonizó estos presuntos delitos y que ahora se juega muchos años de prisión.

Por eso son tan importantes los documentos que hemos publicado esta semana. Porque ahí se puede leer la cruda realidad de lo que realmente pasó, más allá de las fanfarronadas de Villarejo. Datos tan brutales como el intento de involucrar al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en una acusación de narcotráfico. O las investigaciones prospectivas –sin orden judicial– de una treintena de políticos catalanes y sus familias, a partir de insidias y falsedades. O que el Gobierno de Rajoy utilizara esta cloaca policial contra el fiscal jefe de Catalunya, al que quisieron hundir con otra investigación ilegal porque este fiscal intentó denunciar otra de las operaciones de esta cloaca: la falsa cuenta en paraísos fiscales de Artur Mas. 

“Es una cortina de humo”, dice el PP sobre nuestra investigación. El mismo partido que acusa al Gobierno actual de actuar como una dictadura contra la oposición. 

¿Te imaginas qué pasaría en España si el Gobierno de Pedro Sánchez utilizara a la policía para investigar ilegalmente a un fiscal? A uno cualquiera, no hace falta siquiera que sea el jefe de Catalunya. ¿Qué habría dicho el PP?, ¿o el Consejo General del Poder Judicial?, ¿o los medios de comunicación? 

¿Cuál habría sido también la respuesta de las asociaciones de jueces y fiscales? Pues compara el silencio actual de estos colectivos judiciales con lo que dijeron sobre la amnistía, antes incluso de poder leer el texto de esa ley.

El silencio de tantos no es casual. No me sorprende que la Justicia española esté arrastrando los pies con esta cuestión. 

Los afectados por la Operación Catalunya han ido al Tribunal Supremo, y les han dicho que vayan a la Audiencia Nacional. Han ido a la Audiencia Nacional, y les han dicho que vayan a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. Han ido también allí, y les han vuelto a enviar a la Audiencia Nacional. Y así siguen, de un lado a otro, sin que nadie se quiera hacer cargo de investigar unos hechos donde no solo queda mal la policía. 

También quedan mal algunos jueces, que abrieron investigaciones penales con datos falsos, o incluso encarcelaron a inocentes con pruebas endebles que venían de esta cloaca policial –como ocurrió con el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell–. Fue absuelto después de cumplir injustamente dos años en la cárcel. La jueza de la Audiencia Nacional que encarceló a este inocente en prisión preventiva durante tanto tiempo, Carmen Lamela, fue ascendida en 2018 al Tribunal Supremo por el Consejo General del Poder Judicial, que ya entonces estaba en funciones.

Los miembros de la cúpula de aquel Ministerio del Interior –empezando por Jorge Fernández Díaz– están procesados penalmente, pero solo por la operación Kitchen: por destruir las pruebas que tenía Luis Bárcenas. 

Casi la única investigación judicial que hay abierta ahora mismo por la Operación Catalunya está en un juzgado de Andorra. ¡Andorra! Allí están intentando aclarar algo a lo que la Justicia española se ha negado de forma sistemática: qué papel tuvo Mariano Rajoy en estas operaciones parapoliciales. El expresidente está imputado allí, por la extorsión de estos policías a un banco andorrano para conseguir las cuentas de los Pujol, pero Rajoy no tiene mucho que temer. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hace un año, impidió a la jueza andorrana que interrogara a Rajoy. La Justicia española colabora… en tapar todo lo que pasó.

Detalles así explican bien por qué el PP lleva cinco años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Porque todo forma parte de un mismo plan, desarrollado por una misma organización. Esconder su corrupción, utilizando el poder del Estado a su favor. Destruir a sus rivales políticos, usando a la Policía, la influencia en la Justicia y a algunos medios de comunicación. Y todo esto al tiempo que se presume de defender la Constitución, como argumenta Iñigo Sáenz de Ugarte en esta crónica que te recomiendo, si no la has leído ya.

¿A que no adivinas qué juez de la Audiencia Nacional se ha negado a investigar la Operación Catalunya? En efecto: Manuel García Castellón. El mismo que ve terrorismo en la muerte por infarto de una persona en el aeropuerto de Barcelona durante unas protestas independentistas. El mismo que ha puesto en marcha numerosas causas contra Podemos –casi todas cerradas ya–. El mismo que cobró durante 17 años en puestos muy bien pagados en los que fue nombrado por los gobiernos de Aznar y de Rajoy.

En España no hay ‘lawfare’

Esta semana, el Tribunal Constitucional ha firmado dos sentencias que es importante explicar.

La primera: el amparo a Arnaldo Otegi al intento del Tribunal Supremo de volverle a juzgar por el caso Bateragune.

1. En 2011, la Audiencia Nacional condenó a Otegi y a otros líderes de la izquierda abertzale, acusados de trabajar a las órdenes de ETA para reconstruir la ilegalizada Batasuna entre 2008 y 2009. 

2. Los hechos posteriores dejaron en evidencia la injusticia de aquella condena. Otegi y el resto de los procesados trabajaban entonces para intentar terminar con el terrorismo de ETA y no a sus órdenes, como el tiempo ha demostrado con bastante claridad. ETA hoy no existe, y la presión en esos años de buena parte de la izquierda abertzale, desde dentro de ese mundo, fue un factor clave en su final. 

3. En noviembre de 2018, cuando Otegi y el resto habían cumplido íntegramente su condena –seis años y medio de prisión–, la justicia europea les dio la razón. Anuló la sentencia porque no había tenido un juicio justo, por la “falta de imparcialidad” de la magistrada que presidió ese proceso, Ángela Murillo.

4. El Tribunal Supremo, tras la sentencia europea, se tomó su tiempo para anular del todo esa condena, que conllevaba también varios años de inhabilitación. No lo hizo hasta el 31 de julio de 2020. Casualmente, este retraso impidió que Otegi se pudiera presentar a las elecciones autonómicas vascas celebradas apenas unas semanas antes: el 12 de julio de 2020.

5. Medio año más tarde, en diciembre de 2020 –cuando EH Bildu empezó a convertirse en un apoyo parlamentario del Gobierno–, la Sala de lo Penal del Supremo cambió casualmente de opinión. Y, después de anular su condena, ordenó a la Audiencia Nacional que les volviera a juzgar, tras una denuncia de una asociación de víctimas de ETA vinculada a Vox. Repetir el juicio a Otegi otra vez, una década después.

6. El Tribunal Constitucional ha parado este disparate. Que habría permitido –si la nueva condena hubiera sido mayor– encarcelar de nuevo a Otegi. Alguien que ha pasado seis años y medio en la cárcel por una condena injusta, según los tribunales europeos.

La segunda sentencia relevante de Tribunal Constitucional es la que le ha dado la razón al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, al que otra condena injusta dejó sin escaño a mitad de la pasada legislatura. Algunos datos de aquella historia que hoy conviene recordar.

1. Toda la acusación contra Alberto Rodríguez se basaba en el testimonio de un policía, que le acusaba de haberle dado una patada en la rodilla durante unas protestas en 2014. No había una sola prueba más.

2. El Supremo le impuso la condena mínima: una multa de 540 euros. Una parte de los jueces defendieron incluso la absolución. Pero añadió una pena extra mucho mayor: mes y medio de inhabilitación.

3. Alberto Rodríguez pagó la multa. Su inhabilitación era de 45 días, pero quedaban dos años de legislatura. El castigo real que pedía la sentencia, en la práctica, era por tanto muchísimo mayor. 

4. Los letrados del Congreso plantearon que no hacía falta que perdiera el escaño de forma definitiva. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, preguntó formalmente a la Sala de lo Penal del Supremo qué había que hacer. ¿La respuesta del Supremo? Que no había nada que aclarar, que ella misma decidiera. Al tiempo que la prensa conservadora publicaba –citando fuentes del Supremo– que si Batet no le retiraba el acta al diputado de Podemos, la imputarían a ella también por prevaricación.

5. Meritxell Batet se asustó. Retiró el acta de forma injusta ante esa presión. Rodríguez dejó de ser diputado y con él perdieron sus derechos políticos todos los ciudadanos de Tenerife a los que representaba. 

6. Ahora el Constitucional sentencia que Rodríguez fue tratado injustamente: que nunca debió ser apartado de su escaño. Ya no lo puede recuperar, así que esta sentencia sirve de muy poco ya.

¿Lawfare en España? ¡Qué va!

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leer esta carta hasta el final. Antes de despedirme, quiero contarte una última noticia. Una buena: esta semana hemos llegado a los 75.000 socios y socias de pago. Gracias a ellos –gracias a ti también– es posible el periodismo que hacemos en elDiario.es.