La regeneración democrática que propone Feijóo

Este viernes, 3 de mayo, fue el día de la libertad de prensa. Y Alberto Núñez Feijóo lo celebró publicando un mismo artículo en cinco medios conservadores –El Confidencial, The Objective, El Español, El Debate y OkDiario– en defensa del “periodismo” y de “la ”pluralidad“. 

El martes de esta semana, Feijóo también difundió su discurso en una reunión con su grupo parlamentario en el Congreso y el Senado. Fue un encuentro donde desgranó sus propuestas para la “regeneración democrática”. Un plan que pretende ampliar, ante lo que considera un “ataque del Gobierno contra los pilares del Estado de Derecho”.

Estas son las propuestas del líder de la oposición.

Alberto Núñez Feijóo: “Blindar la prensa libre” (...) “Digo no a insultar a ningún periodista” .

Salvo que los periodistas insultados y amenazados –“os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas, que os den”– sean los de elDiario.es. En ese caso, la respuesta de Feijóo fue respaldar a Miguel Ángel Rodríguez, asegurando que era “una conversación privada”. Pues claro que era en privado: las amenazas suelen enviarse así.

Más tarde, Miguel Ángel Rodríguez lanzó sus calumnias en público, en una entrevista donde volvió a acusar a los periodistas de elDiario.es de asaltar encapuchados la casa de la presidenta de Madrid. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid también difundió la foto de dos periodistas de El País a los que acusó de “acosar a menores”. ¿El ‘no’ de Feijóo a las amenazas, bulos e insultos de MAR, que han provocado incluso una alerta del Consejo de Europa? Nunca llegó.

Alberto Núñez Feijóo: “Digo no a pedir campañas orquestadas contra los periodistas”.

Salvo que la campaña la orqueste el propio Partido Popular, como el recurrente señalamiento a Silvia Intxaurrondo, a la que la derecha despidió de Telemadrid (después de que a Ayuso no le gustara una pregunta en una entrevista). Y a la que ahora presionan casi cada semana desde el PP. ¿La última ocasión? Cuando Intxaurrondo preguntó a una dirigente del PP en qué datos basaba sus acusaciones contra toda la familia de Pedro Sánchez, no solo su mujer.  

Alberto Núñez Feijóo: “No a que militantes socialistas dirijan medios públicos”.

Los datos. La actual presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, llegó al consejo de la radio televisión pública también con los votos del Partido Popular, tras un acuerdo entre varios partidos donde la oposición también logró una importante representación. Cascajosa se dio de baja en el PSOE tras su nombramiento y tiene una carrera académica y profesional mucho más amplia que su militancia en el PSOE. Si ha llegado a presidenta –la cuarta en tres años– es por la azarosa vida interna de un consejo de RTVE bastante plural y que se nombró por consenso.

A diferencia de la inmensa mayoría de los medios públicos, RTVE está regulada por una ley que aprobó el Gobierno de Zapatero y donde la presidenta no puede tomar decisiones ella sola: necesita pasar todo por el consejo, lo que da a la oposición una importante cuota de poder. Después de beneficiarse de esta ley con Zapatero, el Gobierno de Rajoy la incumplió. Y nombró sin consenso a todo el consejo y a José Antonio Sánchez como presidente de RTVE: a un periodista que figura en los papeles de Bárcenas por cobrar de la caja B del partido y que ante el Congreso reconoció esos pagos y admitió que “vota y va a seguir votando al PP”.

Feijóo: “Me opongo a cualquier ofensiva contra el periodismo libre”.

En la Comunidad de Madrid, la primera ley que aprobó Ayuso tras las elecciones de 2021, en las dejó de depender de Ciudadanos, fue para controlar con mano férrea Telemadrid, que se ha convertido en una tele al servicio completo del PP: la que corta su programación con coberturas especiales de la boda del alcalde Almeida mientras ningunea las manifestaciones masivas por el deterioro de la sanidad. ¿Su presidente? José Antonio Sánchez, el mismo que cobraba de la caja B. El mismo que aplicó una purga en Telemadrid que el Tribunal Supremo consideró ilegal. 

En Aragón, un exdiputado del PP ha empezado a presentar el informativo de la televisión pública.

En la Comunitat Valenciana, el nuevo Gobierno del PP y Vox ya han anunciado una nueva ley para recortar la independencia de la televisión pública.

En Andalucía, los trabajadores de Canal Sur hace meses que denuncian “asfixiantes injerencias políticas” por parte del PP.

En Castilla y León, la televisión autonómica semipública (privada para los ingresos, pública para los gastos) es propiedad de Michel Méndez Pozo y de José Luis Ulibarri. El primero es un constructor burgalés que fue a la cárcel por un caso de corrupción urbanística del PP. El segundo es otro constructor de León, condenado en la Gürtel. ¡Prensa libre a más no poder!

Y en la Televisión de Galicia, la que antes gestionaba Feijóo, hace casi seis años que la plantilla de periodistas denuncian, con sus viernes negros, la manipulación informativa que allí ejerce el PP. 

El mismo Feijóo que hoy se niega a que un “militante socialista” dirija un medio público nombró al frente de los informativos de la Televisión de Galicia a una interventora electoral del PP.

Feijóo: “El periodismo crítico hace una función esencial para que la democracia no se marchite. Le deseo una vida larga y saludable. También al que no me agrada. No aceptemos que lo acallen”.

Como dice Miguel Ángel Rodríguez: “No hace falta comprar un medio de comunicación, basta con ser su mejor cliente”. 

¿Un ejemplo? La semana en la que Feijóo se enfrentó a la que probablemente fue su mayor crisis al frente de la Xunta –cuando se desveló, en 2013, su estrecha relación de amistad con el narco Marcial Dorado– su gobierno aprobó una partida extraordinaria de 900.000 euros para los medios de comunicación gallegos. “Se acabó la infamia”, proclamó ese mismo día Feijóo. Y tanto que así fue.

Feijóo: “En estos días hemos oído hablar de la supuesta necesidad de que supuestas falsedades no vean la luz. Curiosamente, cualquiera de esas informaciones podría denunciarse porque esa es la vía que marca la normativa vigente para castigar dicho proceder”. 

Podría denunciarse en los tribunales, sí. El problema es que la misma derecha que fabrica y propaga los bulos es dueña del campo, del árbitro y del balón. Y que en muchas ocasiones no es fácil demostrar en los juzgados que la información no es veraz, cuando se basa en informes falsos, pero fabricados por la Policía.

Ni un solo periodista o medio de comunicación fue condenado por la mayor campaña de manipulación informativa de la historia reciente de España, la teoría de la conspiración del 11M. Uno de los policías afectados por esas mentiras, el entonces jefe de los Tedax, presentó una demanda. Fue archivada. ¿El titular de El Mundo? “La Audiencia ratifica la ‘veracidad’ de la investigación de El Mundo sobre el 11-M”.

Otro ejemplo: no ha habido tampoco ningún medio ni periodista condenado por las mentiras fabricadas por la cloaca policial del Gobierno de Rajoy contra sus rivales políticos. ¿La cuenta falsa en Andorra del alcalde de Barcelona, Xavier Trías? Según la Justicia, fue una investigación “seria y fiable”. ¿La cuenta falsa de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas? Otra información “veraz”, según la Justicia. 

Feijóo: “Hay que profundizar todavía más en la protección de la Justicia, para blindar su independencia”. 

Los datos: vamos camino del sexto año de secuestro del Consejo General del Poder Judicial por el bloqueo del Partido Popular. Cada vez que la derecha pierde las elecciones, impide la renovación normal de este órgano constitucional, que decide los nombramientos al Tribunal Supremo y otros importantes juzgados. 

Esta es la tercera ocasión en que el PP “blinda” de esta manera su control de la Justicia, prolongando artificialmente una mayoría que perdió en las urnas, incumpliendo la Constitución para manejar la Justicia “desde detrás”.

Feijóo: “Hay que prohibir cualquier tipo de acusación de ‘lawfare’ a los jueces y tribunales españoles”.

La Justicia es un poder del Estado, como el Ejecutivo o el Legislativo. Y en una democracia debe estar sujeto a crítica, como todos los demás. Prohibir “cualquier tipo de acusación” a los jueces y tribunales es tanto como imponer una censura profundamente totalitaria, contraria a la Constitución. 

Feijóo: “Hay que reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo de los presidentes para prevenir cualquier conflicto de interés”.

¿Conflicto de intereses? Analicemos el fondo del asunto.

El PP denunció a Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflictos de Intereses –que archivó la denuncia– porque un centro del IE Business School para el que trabaja su esposa, Begoña Gómez, firmó un patrocinio de 40.000 euros con una empresa de Globalia, la matriz de Air Europa, unos meses antes del rescate público de esta aerolínea. Ocultan que el patrocinio no se pagó por la pandemia y que ese dinero tampoco era para la mujer de Sánchez: 25.000 euros eran para un programa becas y los 15.000 restantes para organización de eventos y financiar vuelos. Solo se abonaron cuatro billetes de avión, 1.716 euros en total. 

Ocultan también que no puede haber una relación de causa-efecto entre este patrocinio y el rescate de Air Europa por otra razón: cuando se negoció ese patrocinio, ninguna aerolínea necesitaba rescate alguno. Fue la llegada de la pandemia lo que canceló el patrocinio y también lo que hizo necesario ese rescate –a esta aerolínea y a casi todas en Europa–.

Si esto es un intolerable conflicto de intereses del “entorno familiar más próximo de los presidentes”, ¿cómo calificar lo de la pareja de Ayuso, que se ha hecho millonario en los últimos años gracias a sus negocios con Quirón y con un directivo de Quirón? ¿O lo del hermano de Ayuso, que cobró 240.000 euros por un contrato a dedo de la Comunidad de Madrid? Un escándalo –conviene recordarlo– que provocó la caída del presidente del PP que lo denunció, Pablo Casado, y la llegada a Génova del “regenerador” Feijóo. 

Es lo de siempre: la ley del embudo. Donde el lado ancho siempre es un privilegio de la derecha.

Feijóo: “Lo que necesita España es un nuevo gobierno comprometido con la igualdad, con la libertad, con los valores constitucionales, es decir, con la verdad”.

Porque todos los mandamientos de Feijóo para la regeneración democrática se resumen en uno solo: no volverá la democracia, la verdad, la libertad y la igualdad a España hasta que vuelva a gobernar el PP.

Igual entonces, solo entonces, también acabamos con la crispación.

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas un buen fin de semana. Y gracias otra vez por tu apoyo a elDiario.es.

Un abrazo,

Ignacio Escolar