El 76% de la población española cerraría ya las granjas peleteras

Que los partidos políticos van por detrás de la sociedad civil es un hecho innegable en prácticamente todos los apartados de la vida económica, social y moral de España, y solo hace falta ver lo que sucede con las no-políticas de protección de los animales de estos últimos cinco años.

El anuncio del Anteproyecto de Ley de Protección Animal abrió el pasado octubre un pequeño rayo de esperanza para contar con una primera norma de carácter estatal que abordara una problemática que no deja de multiplicarse: maltrato, violencia y abandono contra seres vivos de muy diferente especie.

Ese documento planteaba, en una primera redacción pública, el cierre de las granjas de visón americano para aprovechamiento de sus pieles. Estos recintos son centros de puro sadismo, donde los mustélidos permanecen cautivos durante semanas, alimentados con sus mismos congéneres y en condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Lo que recomiendan los estándares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ni más ni menos.

Este mismo Ministerio ha sido el mayor valedor del lobby peletero. Así, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, y ante las evidencias científicas que advertían de que cada granja con decenas de miles de animales encerrados era una bomba biológica en potencia, el departamento se dedicó a lanzar protocolos y patadas hacia adelante a las reiteradas peticiones de ONG y fuerzas políticas que demandaban una clausura inmediata y la apertura de procedimientos de transformación empresarial.

¿La excusa? La misma que emplea el MAPA para cualquier explotación animal, que no es otra que decir que una granja de visones americanos fija población, lo cual es, como poco, una falsedad. Estas empresas contratan muy poco personal y gran parte del mismo es temporal, respondiendo a momentos determinados, como la hora del sacrificio de los animales. Además, las inyecciones de capital extranjero responden a la huida de Europa, donde la propuesta de prohibición se ha extendido por motivos de salud y de protección animal.

En el contexto actual destaca un sondeo sociológico encargado por la ONG Tu Abrigo Su Vida. Contactaron con la consultora IPSOS, conocida por múltiples trabajos independientes de opinión ciudadana, y lanzaron una encuesta cuyos resultados deberían avergonzar al ministro Planas.

El 76% de la población española cerraría las granjas peleteras, y una mayoría todavía más amplia, el 87%, considera moralmente inaceptable criar y matar visones por su piel. Podríamos decir que existe un consenso social a favor del cierre de las explotaciones existentes en España. Tres de cada cuatro ciudadanos avalarían la clausura de unas instalaciones que han sufrido numerosos brotes de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En algunos casos, como en Puebla de Valverde (Teruel), la infección acabó con el sacrificio de 92.700 visones y con una indemnización del Gobierno aragonés a la empresa explotradora superior al millón y medio de euros.

Durante el pasado año, Francia e Italia prohibieron la actividad de las granjas peleteras, uniéndose al grupo de 13 de los 27 estados miembro de la Unión Europea en responder a la evidencia científica –que demuestra que las denominadas especies peleteras no pueden ver sus necesidades biológicas básicas satisfechas– y con un amplio soporte social, de acuerdo a los estudios de opinión llevados a cabo en estos países.

Que los partidos políticos van por detrás de la sociedad civil es un hecho innegable en prácticamente todos los apartados de la vida económica, social y moral de España, y solo hace falta ver lo que sucede con las no-políticas de protección de los animales de estos últimos cinco años.

El anuncio del Anteproyecto de Ley de Protección Animal abrió el pasado octubre un pequeño rayo de esperanza para contar con una primera norma de carácter estatal que abordara una problemática que no deja de multiplicarse: maltrato, violencia y abandono contra seres vivos de muy diferente especie.