Una jueza canaria aplica por primera vez la sentencia europea sobre solicitantes de asilo y evita el CIE a 31 malienses

Una jueza ha evitado que 31 malienses fueran internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, con el riesgo de ser expulsados a los 60 días. El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife denegó el pasado viernes la petición de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife de derivar al CIE a los migrantes que llegaron ese mismo día en patera a la Isla, ya que todos ellos expresaron su voluntad de solicitar protección internacional al huir de Malí, un país en guerra. De este modo, han sido derivados a un centro de acogida humanitaria en régimen abierto mientras se estudia su petición de asilo, tal y como ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La jueza de Instrucción escuchó los testimonios y las alegaciones de todos los inmigrantes en contra de su internamiento, y les ofreció la posibilidad de solicitar protección internacional. Esta es una competencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció a los Juzgados de Instrucción el pasado mes de junio, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la magistrada Pilar Barrado, del Partido Judicial de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria. Esta resolución evidenció que España había expulsado a un solicitante de asilo en 2019, el maliense V.L. Al no haber plazas de acogida suficientes, el joven fue internado en un CIE y después expulsado, a pesar de haber expresado su voluntad de pedir asilo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana. Entonces, el Ministerio Fiscal puso en cuestión la competencia de los jueces y juezas de Instrucción para preguntar a nacionales de terceros países si tienen intención de pedir refugio en el territorio. Hasta que Luxemburgo no se pronunció, los jueces no podían hacer esta oferta, sólo la fuerza policial y el Ministerio Fiscal. 

Se trata de la primera vez que la resolución del Tribunal de Luxemburgo se aplica en el Archipiélago canario, o al menos la primera vez de la que hay constancia oficial, según el TSJC.  En base a las peticiones de asilo formuladas por cada uno de los 31 ocupantes de la patera, la magistrada instructora dispuso “no autorizar el internamiento” de los inmigrantes en el CIE. Entre los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020, centenares de malienses fueron expulsados a Mauritania desde Canarias en vuelos de Frontex, según registros publicados por el Defensor del Pueblo.

Las negociaciones entre el Ministerio del Interior y las autoridades de Mauritania han permitido que el Ejecutivo español reactive su maquinaria de expulsiones a través de la reapertura de los CIE en todo el país. La decisión ha sido rechazada por las ONG, que critican que se haya tomado en plena ola de rebrotes. “Habrá contagios, y será responsabilidad del Estado”, aseguran entidades como CEAR o SOS Racismo. Además, las organizaciones lamentan que se haya perdido la oportunidad de cerrar de forma definitiva estas “prisiones”. El juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, reconoció a Canarias Ahora que durante los meses en los que Barranco Seco permaneció cerrado no se había hecho ninguna obra para mejorar las infraestructuras, que dejaron durante las primeras semanas del estado de alarma en una situación de “hacinamiento” a los internos. Un contexto que derivó en múltiples contagios entre las personas que permanecían encerradas desde antes del estallido de la pandemia.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias valora la decisión como una “magnífica noticia” que cumple con una reivindicación histórica: “Garantizar el acceso a la protección internacional y la detección temprana de las necesidades específicas de las personas que llegan, y así dar cumplimiento a la Ley de Asilo”.