Las consecuencias no deseadas de la acción social: el retraso en la obra pública

El otro día pasé por una calle en la que en unos pocos meses una promotora privada ha levantado un imponente edificio de varias plantas, donde hasta no hace tanto no había más que cuatro casas terreras. Poco antes había leído en prensa acerca del enésimo retraso en varias obras públicas, por lo que pensé que, seguramente, eso daría más madera a quienes están convencidos de que todo lo público es ineficiente, que hay que privatizarlo todo: cuando una obra es privada se hace en pocos meses, cuando es pública se eterniza. Recuerdo que cuando empecé a estudiar la carrera aprendí el concepto de las “consecuencias no deseadas de la acción social”, de Robert K. Merton, uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. Este concepto alude a que dado que la sociedad es algo más complejo y orgánico que la mente de quienes pretenden influir en ella, a menudo muchas acciones acaban generando consecuencias distintas, a veces incluso opuestas, a las que pretendían. Y diría que, en la actualidad, el descrédito de lo público y la obsesión por la competitividad que se ha impuesto a lo público acaba generando incompetencias como las que sufrimos en las obras públicas. 

Pongamos que es usted un privado, y tiene que contratar una obra o servicio. Que va a hacer reformas en la cocina de tu casa, o que necesita alguien que suministre material de papelería para la oficina. Lo que se busca es alguien que sea competente: quién te va a hacer la cocina ¿es capaz de tenerla lista cuando tú la necesitas, o te va a tener meses comiendo fuera y con la casa llena de polvo? Que sea la oferta más competitiva es poco importante: puede que, en tu municipio, o en tu provincia, por no decir ya en el país o en el mundo, haya quien haga mejores cocinas, o más baratas. Pero, en términos de H. Simon, dado que la racionalidad es limitada, generalmente nos basta con una solución satisficing (satisfactoria): te basta con que la cocina esté bien hecha y te la puedas permitir. La búsqueda obsesiva de la solución óptima, en la línea de la teoría económica mainstream es en realidad muy poco racional: ¿no es mejor tener la cocina terminada aunque luego te enteres de que otro te la podría haber hecho un 10% más barato?

Pues algo así es lo que está pasando en la actualidad con la obra pública. Recientemente la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores ha señalado que en Canarias el 10% de las obras públicas están quedando desiertas porque los precios de licitación son irreales. Siguiendo a Simon, cuya obra más importante analizaba justamente los procesos de toma de decisiones en las organizaciones, pensemos en cual es el proceso que ha de tener lugar para que se dé la obra pública. Mientras que cada quien hace con su dinero lo que quiere, y si quieres encargar la cocina a tu primo puedes hacerlo, aunque haya en el mercado proveedores más baratos, la fiscalización del dinero público es enorme. En lo privado puede que tu primo no sea el más barato, pero como es tu primo te garantizas que te tendrá acabada la obra a tiempo. Sin embargo, en lo público, si adjudicas la obra pública a tu primo serás acusado de corrupción. Y si no eliges la más barata de entre las distintas ofertas que se presentan a una licitación serás acusado de estar dilapidando el dinero público, y seguramente más duras serán las acusaciones cuanto más crispado esté el ambiente socio político.  Aunque a menudo acaba resultando que esa oferta tan competitiva resulta no era competente, la obra se paraliza y todos los ciudadanos sufriremos las consecuencias. La toma de decisiones es una cuestión clave, que es siempre política, pues afecta a distintos grupos sociales con intereses opuestos. Vamos a peatonalizar una calle, o ampliar unas aceras. Posiblemente los comerciantes y residentes de esa calle preferirían una opción más rápida, aunque sea más cara, mientras que quienes viven en la otra punta de la ciudad, que no sufren sus inconvenientes, preferirían lo más barato, aunque lleve más tiempo. ¿Cómo, por quien, y mediante qué criterios se están tomando decisiones como las anteriores, que afectan a lo público? Aunque los medios están llenos de comentarios agrios de ciudadanos que culpan de todo a los políticos, lo cierto es que muchas de las decisiones inmediatas que más afectan a nuestra vida cotidiana no las toman los políticos, Son los políticos quienes deciden que se construya una nueva carretera, o una metro guagua, o que se peatonalice una calle. Pero a la hora de decidir qué empresa acabará haciendo estas obras, lo más probable es que, como mucho, se limiten a decir: que no me acusen de darles obras a los míos, o de comprar caro cosas que podrían ser más baratas. Esas decisiones suelen tomarlas los “técnicos”.  

Como el conocimiento avanza via negativa, es más fácil saber que algo no es la solución a nuestros problemas que encontrar cuál sería la solución. No tengo la solución para lo que planteo, aunque se me ocurren dos ideas que podrían ayudar. Por un lado, rebajar el nivel de crispación del debate público. Por poner un ejemplo: ¿no habría sido mejor adjudicar las obras de la metro guagua a una oferta más cara, pero que ya estuviera terminada, que no haber acabado optando por opciones baratas que acaban saliendo caras? Y, por otro lado, en relación con lo anterior: los técnicos que en las administraciones toman decisiones como las anteriores suelen tener estudios superiores en Derecho, Administración y Economía, en muchas facultades de Economía se estudia “toma de decisiones”. Quizás no estará de más estudiar un poco más de Sociología para aprender que la acción social, a menudo, tiene consecuencias no deseadas.