Cultura y dinero público

Una nueva variable va a influir de manera decisiva en el debate -hasta ese momento había sido exclusivamente retórico- al elevar elevar la cultura a la categoría de organismo administrativo. Desde el más pequeño ayuntamiento hasta el consejo de ministro, nombran responsables de Cultura y, por supuesto, con el encargo de gestionar las partidas presupuestarias destinadas a promocionar, facilitar, incentivar... estas actividades con dinero público.

Ser reconocido como culto oficial podía generar dividendos en forma de bien remuneradas conferencias, organización de “jornadas”, subvenciones a empresas “culturales”, asesores, septenios, exposiciones, observatorios, publicaciones... Bastaba con hacer el juego a los políticos, con servir de altavoces publicitarios a su gestión y a la de su partido. Es lo que la “cultura popular” denomina política del pesebre porque es allí donde se puede mamar leche de los presupuestos públicos.

Mientras la vaca daba abundante leche había para “todos”, aunque el reparto no era igualitario -a unos pocos siempre le tocaba más- no había conflictividad. El problema ha surgido cuando ha empezado secarse las ubres de los presupuestos públicos y hay que repartirse la escasez. Los “cultos oficiales” y, sobre todo, los empresarios del sector han salido en tromba a defender la importancia de la cultura y, por supuesto, piden que no les afecte los recortes presupuestarios ya que sus empresas dependen de las subvenciones y sin ellas no pueden desarrollar su “impagable” labor cultural. Es verdad que no todas las empresas culturales responden a este estereotipo, pero las pocas que si lo hacen suelen ser las beneficiarias de las más suculentas inversiones. Dos conocidos negociantes de la cultura han encabezado en Tenerife las protestas: el empresario Leopoldo Mansito y el periodista-empresario Martín Rivero, antiguos socios de la desaparecida empresa Guaguas Producciones, la organizadora del macro concierto Son Latinos. En su momento este festival de la canción fue presentado como un modelo de acto cultural, hasta que su evidente ilegalidad puso fin a la mascarada cultural del festival de la playa de Las Vistas.

Basta comparar el dinero público destinados a asociaciones culturales sin ánimo de lucro, escuelas de teatro, iniciativas culturales vecinales o proyectos empresariales que necesitan ayuda para empezar a funcionar y compararlo con el que reciben estas empresas especializadas en organizar festivales y conciertos masivos amparándose en las cultura. Si el sistema funciona en todos estos casos como lo hizo durante los años de celebración del Son Latinos, se puede concluir que se basa en un esquema muy simple: el erario público paga los gastos mientras que los beneficios van a parar a la cuenta de resultados de la empresa. Aquí no hay riesgo, es un negocio que nunca sale mal.

Lo ocurrido con el clausurado concierto San Latinos es el paradigma de la forma de actuar de estos “empresarios culturales”. Lo primero que llama la atención es la absoluta falta de transparencia en su gestión del dinero del contribuyente, jamás hicieron público el balance económico. Utilizaban ilegalmente ella playa, los servicios de limpieza municipales, tachaban de incultos a quienes denunciábamos esta situación y justificaban con argumentos “culturales” las transgresiones a la ley. Es más no dudaron en utilizar sus influencias en los medios de comunicación para denigrar a los críticos, sin tan siquiera darles la posibilidad de réplica. Fue escandaloso el comportamiento de algunos medios de comunicación como la Cadena SER, donde el hermano de uno de estos empresario utilizaba sus micrófonos para descalificar a los denunciantes del festival, tacharlos de incultos y otros epítetos más gruesos. Y para colmo, esta emisora no permitió a los perjudicados contestar y rebatir los infundios que casi diariamente nos dedicaba algunos contertulios de Radio Club. Y, como todo esto les pareció poco, presentaron una querella contra ATAN y su portavoz por difamación y calumnias que, por supuesto, fue desestimada por los jueces. En el libro editado por ATAN “Conciertos en playas y el caso Son Latinos” está este “conflicto” recogido y nadie se ha atrevido a salir públicamente a rebatir las versión de los hechos reflejadas en sus páginas.

El término cultura resulta poco preciso por abarcar una realidad tan diversa, pero lo que si resulta claro que la mezcla de dinero público con empresas “culturales” resulta a veces poco transparente, éticamente reprobable y, en el mejor de los casos, sus resultados culturales son más que discutibles. Algunos son tan disparatados como los informes del Observatorio Canario del Paisaje. Un organismo que nadie sabe para que sirve y que sigue financiando la Viceconsejería de Cultura con un presupuesto 30 veces superior al que maneja ATAN. Pero en nuestro caso el dinero procede de la cuota de los socios, no tenemos, ni queremos, subvenciones.

Santa Cruz, su arruinado ayuntamiento promociona y financia un macroconcierto que según dicen tiene un presupuesto de 5 millones de euros y los empresarios de siempre. Así nos va, millones para los macro-conciertos y unas migajas para la ciencia y las asociaciones culturales.

*Portavoz de ATAN

Eustaquio Villalba Moreno*