Cuando recuerdo mis años en la Facultad de Derecho me viene a la memoria el respeto que sentía por los profesores que impartían clases y que, además, eran diputados en el Parlamento de Canarias. Me asombraba la gran responsabilidad que supone hacer las leyes que rigen la Comunidad Autónoma. No imaginaba, ni por casualidad, que yo misma, hija de agricultores, años más tarde podía tener en mis manos esa responsabilidad y representar a mis vecinos y vecinas de La Gomera en el Parlamento.
Ahora, como componente de un grupo político me toca trabajar en uno de los grandes retos de Canarias: conseguir un Parlamento lo más representativo posible para que la ciudadanía se vea reflejada en él y se produzca la menor desafección de la política.
Nuestro Estatuto de Autonomía fue aprobado hace casi 40 años mediante la Ley Orgánica 10/1982, posteriormente reformada en 1996. En él, Canarias se responsabilizó de cuatro tareas recogidas en su artículo 1.2, que son la defensa de los intereses canarios, la solidaridad entre cuantos integran el pueblo canario, el desarrollo equilibrado de las islas y la cooperación con otros pueblos.
Como diputada, creo que estas grandes tareas deben ser el objetivo y la motivación de nuestro trabajo en la Cámara, para así lograr defender los intereses de los canarios y canarias, procurar la solidaridad entre las personas y el desarrollo equilibrado de las Islas.
Para cumplir con ese mandato estatutario, deben resolverse asuntos como las elecciones al Parlamento de Canarias.
Hace 40 años se planteó una fórmula para el reparto de los 60 escaños parlamentarios, intentando resolver la distorsión que se produce porque Canarias tiene la población distribuida en el territorio de manera desigual, ya que unas islas están muy pobladas y otras poco.
En aquel momento, se propuso asignar el mismo número de diputados a las dos provincias (30 y 30), a las dos islas más pobladas (15 y 15) y a las periféricas respecto a las capitalinas (30 y 30). A este modelo de distribución se le llamó ‘triple paridad’.
Se acordó, además, una barrera autonómica del 3% en el conjunto de la región y un 20 % en el ámbito insular. Las listas electorales que no llegaran a esos umbrales no conseguirían escaños.
En 1996, aprovechando una modificación del Estatuto para ampliar competencias, CC y PP propusieron el incremento de las barreras electorales, que pasaron al 6% y 30%, subiéndolas de manera considerable y haciendo más patente la falta de proporcionalidad y de representatividad.
El sistema electoral ha sido siempre una asignatura pendiente y se han producido varios intentos de modificación después de 1996. En el año 2000, lo intentó AHI, en 2009 el Grupo Socialista y 2013 Nueva Canarias.
En esos años se inicia una destacable participación ciudadana encabezada por Demócratas para el Cambio, que se ha implicado con propuestas para la mejora del sistema electoral.
Es en las elecciones de 2015 cuando se visualiza de manera más clara y contundente las carencias de aquel sistema de elecciones al Parlamento, vistos los resultados que se dieron, ya que el tercer partido en votos fue el que obtuvo más escaños. El umbral del 6% impidió que Ciudadanos, con un 5.8% en toda la región, no tuviera representación parlamentaria, y en aplicación de la doble barrera fueron desechados el 19% del total de votos emitidos.
Esos resultados generaron un mayor grado de exigencia por parte de la ciudadanía y, en 2016, se inician los trabajos en el Parlamento de Canarias, acordando la creación de una comisión para el estudio del sistema electoral canario.
En 2018, se produjo un avance importante después de escuchar a expertos y representantes políticos de distintos colores. La comisión elevó una propuesta que se aprobó en nuestra Cámara Autonómica y se trasladó a la modificación del Estatuto que se tramitaba en las Cortes, cambiando el sistema electoral.
Se propuso aplicar los cambios en las elecciones de 2019 y dar un plazo de tres años para aprobar una Ley. Eso es lo que toca ahora. En estos días se acordó la toma en consideración de la ley por mayoría de los grupos.
La Proposición de Ley recoge lo aprobado en 2018, incrementando el número de escaños a 70 diputados y diputadas, 61 repartidos en las Islas, igual que antes, salvo que Fuerteventura tendrá uno más por su incremento considerable de población, Lo más novedoso, la lista autonómica de nueve diputados.
Además, se bajan las barreras electorales al 15% insular y 4% en la suma regional, lo que permitirá que entren partidos políticos con menos votos que los exigidos por los topes anteriores.
La Ley Electoral, además de cumplir con el mandato legal del nuevo Estatuto de 2018, va a sustituir a la Ley 7/2003 de 20 marzo de elecciones al Parlamento de Canarias, mejorando el marco legal anterior y esta vez sí incorpora los elementos sustantivos del régimen electoral canario a que se refiere la Disposición transitoria 1ª y el art 39.2 del EEAA.
Creo que la proposición de Ley que se tomó en consideración esta semana no nos da un sistema perfecto. Todos los grupos hubiéramos querido algo más o algo distinto, pero cedimos para tener un acuerdo.
El Grupo Socialista querría encontrar un sistema más proporcional y representativo con respecto a la población, pero sin olvidar o evitar dejar sin representación a las islas menos pobladas. El éxito y la prosperidad de Canarias se dará siempre si es el éxito de las ocho islas.
Como diputada por una circunscripción insular de una de las islas menos pobladas por el Partido Socialista, trabajamos para el desarrollo de nuestra región de forma equilibrada, para garantizar los servicios públicos a todos y todas independientemente de donde vivamos, porque en el fondo es de eso de lo que hablamos, de buen gobierno, de calidad de vida, de desarrollo, de crecimiento, de sostenibilidad y de igualdad de oportunidades, de representación social en un Parlamento plural para lo que debemos buscar un equilibrio que parece imposible.
La ciudadanía y los grupos políticos que la representamos en esta Cámara tenemos un gran reto por delante: acertar y acercarnos cada vez más al mejor sistema posible para las elecciones al Parlamento. Ese es el compromiso del partido socialista.