Pleitesía a Marruecos, desprecio al pueblo saharaui

El nítido y contundente alineamiento del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con las tesis de Marruecos respecto a la descolonización del Sahara constituye un hecho político de enorme trascendencia para Canarias. Por romper con la posición que hasta ahora ha venido manteniendo de forma unánime el Parlamento de Canarias y la mayoría de las instituciones de las islas, así como el conjunto de su sociedad, favorables a la legalidad internacional, exigiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y por hacer trizas, asimismo, la postura común que el nacionalismo canario, en prácticamente todas sus versiones y orientaciones, ha venido manteniendo en los últimos cincuenta años.

En un contexto internacional de inestabilidad global, con guerras en Ucrania y Oriente Próximo, así como en África, resulta cuanto menos imprudente situarse en una posición contraria al derecho internacional y a la propia legalidad europea expresada en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos comerciales sobre recursos del Sahara.

Hasta ahora Coalición Canaria, y especialmente algunas de sus organizaciones insulares, había expresado un claro apoyo a las reivindicaciones saharauis, respaldadas por la legalidad internacional. En su programa electoral de las autonómicas de mayo de 2023, CC destacaba que seguiría “impulsando la necesidad de encontrar, desde el seno de las Naciones Unidas, una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable entre las partes conforme a las diferentes resoluciones de la ONU”.

El giro de Clavijo (¿también el de CC y el del Gobierno de Canarias?) “asumiendo plenamente” la posición del Gobierno estatal contraria a la autodeterminación del Sahara, de forma tan acrítica como entreguista, ha generado un profundo malestar, incluso dentro de su propio partido. Un giro que recuerda al de Felipe González quien, tras visitar a los campamentos saharauis en la segunda mitad de los años setenta, se comprometió de manera firme con la independencia del Sahara, ofreciendo su apoyo “hasta la victoria final”. Y que, tras llegar a La Moncloa, se olvidó por completo de sus promesas. Un incumplimiento de los deberes de la que fue potencia colonizadora con el Sahara que continuarían los posteriores presidentes socialistas del Gobierno, primero José Luis Rodríguez Zapatero (quien en 2008 ya expresó su apoyo al plan de autonomía de Marruecos) y, más recientemente, Pedro Sánchez. 

Resoluciones de la ONU

Hace dos años y medio, en marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó “oficialmente” la tradicional postura española sobre este prolongado conflicto. Lo supimos por el contenido de una carta dirigida a Mohamed VI y que dio a conocer, interesadamente, Marruecos. En ella el titular del Ejecutivo y también secretario general del PSOE consideraba que la propuesta marroquí, presentada en 2007, era “la base más seria, creíble y realista para la resolución” del conflicto. Una propuesta que apuesta por un “estatuto de autonomía de la región del Sahara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional”.

En esos momentos, Clavijo calificó el cambio de Sánchez de “sorpresivo y alarmante”, preguntándose si había peligrado la estabilidad de Canarias. Por su parte, el portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Barragán, exigió al entonces presidente Torres que “volviera a la ejemplaridad” y expresara su apoyo explícito al pueblo saharaui. Denunciando que el PSOE estatal se colocaba en contra del referéndum y asumía el expansionismo de Marruecos.

Por mi parte, dije entonces lo mismo que reafirmo hoy. Asegurando que la posición expresada por Sánchez en esa carta suponía abandonar la neutralidad mantenida por España; y que olvidaba la legalidad internacional, las resoluciones de la ONU que instan a celebrar un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida libremente su futuro. Indicando, igualmente que la política exterior de una democracia exige un alto consenso. Y que no era de recibo que los interese económicos o geoestratégicos se impongan a las leyes y a los derechos de los pueblos. 

Destacando, asimismo, que resultaba poco o nada presentable cambiar la posición española por un partido y un líder que contaba con 120 escaños en el Congreso de los Diputados. Sin comunicarlo a su socio del Gobierno de coalición de entonces, Unidas Podemos, ni a la principal fuerza de la oposición, el PP; ni al resto de partidos con representación parlamentaria. Ni, asimismo, al Gobierno de Canarias, como representante del territorio más próximo geográfica y emocionalmente al Sahara. 

La propuesta marroquí, trasladada a Naciones Unidas en 2007, es de un “estatuto de autonomía de la región del Sahara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional”. Y plantea que el estatuto resultante de las negociaciones entre las partes se someta a consulta “mediante referéndum de las poblaciones concernientes, conforme al principio de la autodeterminación y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. Limita, por tanto, la autodeterminación a la autonomía del Sahara dentro de Marruecos, sin que puedan plantearse otras salidas, como la independencia.

Sentencia TJUE

 El volantazo del presidente canario sucede pocos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hiciera pública una sentencia por la que se anula los acuerdos comerciales firmados por la UE con Marruecos para la explotación de recursos agrícolas o pesqueros del Sahara. Señalando que “la aplicación de un acuerdo internacional entre la Unión y Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental, como se prevé en los acuerdos controvertidos, debe obtener el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental”.

Con ello, el tribunal con sede en Luxemburgo da la razón al Frente Polisario, que había denunciado esos acuerdos comerciales, y falla que los pactos se alcanzaron sin el consentimiento del pueblo saharaui. Reconociendo, al tiempo, al Frente Polisario como persona jurídica con derecho a impugnar estos acuerdos comerciales sobre actividades económicas realizadas en territorio saharaui.

Legalidad internacional

Desde Nueva Canarias siempre hemos defendido la legalidad internacional en este y otros asuntos que afectan al cercano Sahara. Recordando que la naturaleza del conflicto es una descolonización inacabada por la intransigencia del gobierno de Marruecos. Una descolonización que está bajo el marco de las Naciones Unidas y que, en aplicación de la Carta de la ONU, se debe resolver por el reconocimiento del Derecho de Autodeterminación y su ejercicio mediante un referéndum, libre y sin coacciones.

Un referéndum donde se planteen las dos opciones: la aceptación de la soberanía del país ocupante, Marruecos, o la independencia. El Sahara Occidental tiene reconocido este Derecho de Autodeterminación al ser colonia del Estado español hasta 1975. Este derecho del pueblo saharaui está recogido en más de 60 resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU.

Cabe preguntarse, por último, si la visita de Clavijo a Marruecos sirvió para algo más que para esa subordinación al reino alauita en el conflicto del Sahara. Y si se habló también de las frecuentes maniobras militares en las proximidades de Canarias, de las prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Fuerteventura y Lanzarote -y que pueden afectar a nuestro medio ambiente y a nuestra economía- o de los peculiares intentos de delimitación unilateral de sus fronteras marítimas, mediante la aprobación de dos leyes, incluyendo aguas próximas al Sáhara Occidental y Canarias, parte de estas últimas solicitadas por España ante las Naciones Unidas (ONU). Contenciosos que tenemos con Marruecos y que son los asuntos que debió abordar en su visita. 

Para que aclare todos esos asuntos -así como ese presunto acuerdo de devolución de menores inmigrantes, tan sorprendente como de dudosa legalidad y humanidad, y aún menor efecto práctico- hemos solicitado su urgente comparecencia en el Parlamento de Canarias.

En Nueva Canarias-Bloque Canarista lamentamos que CC, confirmando su derivada conservadora y antinacionalista, abandone al pueblo saharaui y se ponga del lado de la fuerza ocupante. Seguimos pensando que España y Canarias deben situarse en la neutralidad y el respeto a la legalidad internacional de la que nunca se debió salir. En continuar trabajando para conseguir que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas y que se pueda celebrar un refrendo en el que la pertenencia a Marruecos sea una opción, pero no la única salida, una obligada imposición sin escuchar la voz del pueblo afectado. Seguimos creyendo que son los hombres y mujeres saharauis los que tienen la última palabra, los que deben decidir libre y democráticamente su destino.