¿Puede el sistema electoral en Canarias perjudicar a los habitantes de las islas no capitalinas?

El aumento de representatividad de los ciudadanos de las islas pequeñas en el Parlamento de Canarias se justificó en su momento para compensar el coste de la doble insularidad que soportan los habitantes de las islas pequeñas. El Centro de Estudios Económicos Tomillo cuantificó en 2008 el coste de la ultraperiferia de Canarias respecto al continente europeo para las empresas no agrarias en algo más de 5.988 millones de euros. Como cita el informe el sobrecoste de la ultraperiferia recae principalmente sobre la actividad empresarial de las islas capitalinas, aproximadamente en un 82%, debido a la concentración de la actividad empresarial. El resto, en torno a 907,8 millones, corresponde a las islas no capitalinas. La partida principal identificada fue el sobrecoste del transporte de las mercancías que representan el 48,8% del total.

Por tanto, en la medida en que se consiga reducir los tiempos de desplazamientos y las tarifas que pagan los ciudadanos y empresas para moverse y mover sus mercancías, se acortan las distancias entre las islas y se reduce la doble insularidad como consecuencia de la disminución del coste de transporte. El resto de dificultades que puede tener un habitante de una isla periférica son los mismos que puede tener cualquier otro ciudadano canario que vive en los principales núcleos de población, o los particulares de núcleos menos poblados dentro de las islas capitalinas.

El exceso de representatividad que la Ley Electoral Canaria otorga a los ciudadanos de las islas no capitalinas en el Parlamento de Canarias lastra la economía del archipiélago porque las inversiones de gasto público tienen como fin en ocasiones conseguir un equilibrio territorial en lugar de resolver las verdaderas necesidades de la sociedad canaria en su conjunto. No invertir adecuadamente el gasto público donde realmente es necesario puede también perjudicar a las islas no capitalinas.

¿Resuelve mejor la doble periferia de la Gomera o El Hierro invertir en una carretera o un paseo marítimo en esa isla en lugar de invertir en un puerto en Tenerife si el objetivo es mejorar el coste del transporte interinsular? ¿Puede ser que mejorar una carretera en Tenerife beneficie más a los habitantes de la Gomera o de El Hierro, que hacerlo en una carretera poco frecuentada en su propia isla? La inversión en la isla no periférica puede ser más rentable si eso sirve para que se reduzcan los costes de transporte de los productos que tienen como destino la Gomera o El Hierro, o para que los que se exportan alcancen más rápidamente los grandes núcleos de población de las islas donde van a ser consumidos. Aunque el territorio esté fragmentado, en muchas ocasiones no es posible aislar los efectos de una inversión pública entre diferentes islas.

Una mala política regulatoria o de inversión de un gobierno puede convertir a una industria en poco competitiva, conducir a políticas proteccionistas, generar un coste sobre los ciudadanos y alejarnos de los países y sociedades más progresistas. Recuperar la distancia se hace a veces misión imposible porque las políticas se enquistan. Para Barro y Sala-i-Martin (2004), las pequeñas diferencias en tasas de crecimiento acumuladas en períodos de cuarenta años o más tienen importantes efectos en las condiciones de vida de las personas. Muchas veces lo habitual es observado por los ciudadanos y políticos como normal, pero no quiere decir que sea la mejor opción para el bienestar de todos.

Una muestra de las malas políticas que sufrimos en las islas es que en el primer trimestre de 2015 la tasa de paro en las islas superó el 30%, sólo por debajo de Andalucía y Ceuta. En ese período 343.500 personas estaban sin empleo según la encuesta de población activa. En 2013 la renta media por persona en Canarias era de 9.313 euros al año y el 21% de la población tenía una renta inferior a 450 euros al mes. Como referencia, la renta media en España en 2013 fue de 15.635 euros, en la Europa de los veintiocho, 17.617 euros al año (fuente INE).

Para Acemoglu y Robinson (2012)4, Los países crecen en bienestar social a medida que sus instituciones son más inclusivas y democráticas ya que la riqueza se reparte de manera más igualitaria. El motivo es porque se crean más oportunidades para todos los ciudadanos. Pero además el éxito de las políticas de los gobiernos en términos de bienestar y crecimiento no está sólo condicionado por la pluralidad política, además el gobierno debe ser fuerte, de manera que sea capaz de defender el interés común de los ciudadanos. Un gobierno dividido por intereses territoriales o étnicos, y el canario lo está por motivos territoriales, es un gobierno débil que busca constantemente los equilibrios entre los diferentes grupos de poder. De esta manera el objetivo deseable de ejecutar políticas en defensa del interés común se sustituye por la búsqueda de equilibrios de los intereses de los grupos de influencia.

El sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad, y las barreras electorales, genera la formación de un Parlamento fragmentado con una escasa pluralidad política y un gobierno débil dividido por los intereses territoriales que favorecen el insularismo y los grupos de influencia extractivos, económicos y territoriales. Esto unido a la escasa representatividad de los ciudadanos en la Cámara sesga las decisiones de políticas públicas en las islas, y limita el desarrollo económico y del bienestar social de los canarios, y así se ha puesto de manifiesto en la evolución de los índices de desigualdad y de la renta per cápita de las islas. En la década de los años setenta antes de la implantación de la triple paridad, el índice de Theil (indicador usado para medir la desigualdad) para Canarias estaba por debajo de la media española, en el 2003 las islas ya estaban por encima de la media nacional y con el peor valor de todas las comunidades autónoma como ponen de manifiesto en su trabajo Goerlich, F.J. y Villar, A. (2009). También en ese período Canarias fue la segunda comunidad autónoma donde menos ha creció la renta per cápita.

El sistema electoral en Canarias debe evolucionar para superar la división territorial y favorecer la representatividad de las preferencias de los ciudadanos en las decisiones de políticas públicas sociales y económicas que se toman en el Parlamento y en el Gobierno de Canarias. Lo deseable es la defensa del interés común y para ello no es necesario que exista una sobrerrepresentación de los habitantes de las islas periféricas en nuestro parlamento donde no sólo se toman decisiones económicas.

La solución para garantizar la eficiencia y eficacia del gasto público pasa necesariamente por eliminar la discrecionalidad en las inversiones introduciendo racionalidad económica mediante la evaluación de las políticas públicas. De esta forma de garantiza que se invierte donde realmente es necesario y deseable de manera objetiva. El coste de la doble insularidad, motivo por el que se justifica por algunos representantes políticos el equilibrio territorial en la formación del Parlamento de Canarias y en consecuencia del gobierno de las islas, puede ser resuelto con políticas de financiación específicas como puede ser, por ejemplo, un fondo de cohesión destinado a que siempre se garanticen las necesidades de los habitantes de las islas periféricas en términos de igualdad a cualquier otro habitante de una isla no periférica. Por otro lado, resulta determinante la regulación de los mercados interinsulares de transporte, garantizando la competencia cuando sea posible, y regulando de manera que los precios, la cantidad y calidad de los servicios se ajusten al óptimo social.

Referencias

1. Centro de estudios Tomillo (2010): Cuantificación de los costes de la Ultraperiferia en Canarias. www.cet.es.

2. Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X. (2004): Economic Growth. The MIT Press.

3. Goerlich, F.J. y Villar, A. (2009): Desigualdad y Bienestar Social. FBBVA.

4. Acemoglu, D. And Robinson, J. (2012): Power Prosperity and Poverty Why Nations Fail?. Crown Business.