Reescribir el contrato social

Durante los últimos 75 años, el movimiento obrero internacional, y de manera especial en la Unión Europea, consolidó una serie de conquistas laborales y salariales, que se fueron escribiendo con huelgas, cárceles y luchas y consagrándose en los convenios colectivos, en el derecho laboral y en las políticas públicas. Unas conquistas que parecían consolidadas y que no tendrían marcha atrás. Todos pensábamos que nunca nuestros hijos y nietos vivirían en peores condiciones que nosotros. Vano espejismo.

Sin embargo, en los últimos 12 años, con la crisis de 2008, se impuso el austericidio, se propiciaron reformas laborales y se impusieron recortes en los servicios fundamentales, que son los pilares del Estado del Bienestar: la sanidad, la educación, los derechos sociales, la vivienda,… mientras se trasladaba ese dinero recortado de los derechos de la ciudadanía a salvar a la banca, con préstamos que nunca se han recuperado.

La situación de precariedad laboral ha llegado a tal extremo, que tener un empleo no es garantía de recibir un salario que te permita vivir dignamente. La degradación de las condiciones laborales ha traído consigo la creciente aparición de la figura de los trabajadores pobres, que están en situación de pobreza y exclusión social, a pesar de tener ocupadas todas sus horas con un empleo precario. Una situación insostenible, que nos obliga como sociedad a reescribir el contrato social.

Todos estos retrocesos en tan poco tiempo para la mayoría social han traído la contraparte de que unos pocos sí que se han enriquecido hasta límites insospechados.

Mientras una ínfima minoría acumula la riqueza, una importante mayoría vive en infraviviendas o está sometida a desahucios o a alquileres impagables, tiene que recurrir a las ayudas sociales o a la caridad para alimentarse, vestirse y calzarse, no puede afrontar el pago del agua o de la electricidad, no llega ni a medio mes, o se juega la vida huyendo de la miseria de sus países de origen… y su número va creciendo. La pobreza se hereda también y así tenemos nietas y nietos pobres de abuelas y de padres pobres.

Se ha roto, por tanto, el contrato social que las organizaciones sociales y políticas, habían acordado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y que, entre otras conquistas, puso las bases para la construcción del Estado del Bienestar.

Sin salir de la crisis de 2008, cuando en Canarias aún teníamos un 20% de paro y más de un 30% de personas en pobreza y exclusión social, al mismo tiempo que la industria hotelera que generaba un 35% del PIB y un 40% del empleo, recibía más turistas que nunca -hasta dieciséis millones al año-, la precariedad laboral alcanzaba las mayores cotas, llegando el desempleo juvenil a límites insoportables; sin salir de la crisis de 2008, inesperadamente llegó la pandemia y toda nuestra economía se paralizó.

Nos alienta el optimismo en que nuestra sociedad es lo suficientemente fuerte y resistente como para salir adelante de esta situación. La manera de afrontar esta crisis ha sido la contraria a la anterior: se ha apostado por lo público, por la sanidad para salvar vidas, por la continuidad de la educación, por mejorar la política de cuidados, por frenar la caída del empleo con los ERTEs, por garantizar el derecho subjetivo a un Ingreso Mínimo Vital, por usa subida del salario mínimo interprofesional, por realizar planes de vivienda pública, por la rehabilitación de viviendas, por digitalizar y modernizar nuestra economía, por la igualdad entre hombres y mujeres, por descarbonizar nuestra economía y cuidar del planeta, de la biodiversidad y de las personas.

El contrato social que estamos reescribiendo para salir fortalecidos de esta crisis sanitaria, social y económica, tiene otros ingredientes sumados al anterior contrato social, que había quedado inservible después de tantos incumplimientos y atropellos. Las luchas feministas, sus conquistas y sus demandas no resueltas, son una parte esencial del mismo; como también lo es la lucha del movimiento ecologista y las urgencias por buscar soluciones a la crisis climática que estamos sufriendo.

Las políticas de cuidados, la inclusión social, las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, las políticas públicas con perspectiva de género, también están formando parte de ese nuevo acervo cultural y social.

Los objetivos tantas veces planteados y otras tantas frustrados de erradicación de la pobreza y la exclusión social deben forma parte de nuestras prioridades. La salvaguarda de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, y la apuesta por la solidaridad y la cooperación al desarrollo para afrontar el fenómeno creciente de la inmigración tienen que tener acomodo en ese nuevo contrato social junto con el respeto a las minorías.

Regular el teletrabajo y, de manera especial, impulsar el empleo juvenil, en una Europa tan necesitada de trabajadores y trabajadoras cualificadas, a las que se les tienen que contratar bajo los criterios de empleo decente y de calidad, cumpliendo tanto los requisitos laborales como los medioambientales.

La hoja de ruta está marcada, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Los medios están disponibles a través de los distintos Presupuestos Generales anuales y las medidas económicas y fiscales de la Unión Europea, en materia de Planes de Reestructuración y otros fondos destinados a modificar y diversificar nuestro sistema productivo; pero también bajo algunos principios defendidos desde el propio Parlamento Europeo, como es que “a igual trabajo, corresponde un salario del mismo valor” o que “en caso de conflicto entre las libertades económicas fundamentales y los derechos sociales y laborales fundamentales, estos últimos recibirán el mismo trato que las libertades económicas del mercado único”

Los nuevos tiempos, con viejos y nuevos problemas, exigen nuevas y constantes soluciones que pongan en primer lugar a las personas y la biodiversidad.

Restablecer la confianza como sociedad y reescribir el nuevo contrato social.

Y no vamos a ceder en el empeño.