Sanidad pública: silencios, engaños y verdades

Desde mi condición de Delegado Sindical, como representante de los trabajadores, tengo el deber de denunciar lo que en conciencia creo debo hacer notar a la ciudadanía en materias que me competen, porque el ejercicio del derecho y el deber de denunciar esta amparado por el derecho de indemnidad, y porque cualquier injerencia o limitación en la libertad de expresión ha de estar prevista en la ley y estar justificada en una finalidad legítima y ha de ser necesaria en una sociedad democrática.

Cuando realizo algún análisis sobre la sanidad pública canaria y lo hago identificándome como delegado sindical, estoy ejerciendo mi derecho y mi deber de expresar unas ideas en representación de los trabajadores sanitarios públicos. Incluso no solo representando a mi centro laboral sino, también, a muchos otros centros sanitarios y a sus trabajadores.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresa que el valor esencial que tiene libertad de expresión en los sistemas democráticos, en cuanto garantía de una opinión pública libre, no sólo ampara la difusión de ideas que se consideran favorables, inofensivas o indiferentes, sino también la de aquellas que puedan molestar, inquietar o disputar, pues así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los que no existe sociedad democrática. En las cuestiones de interés, en el que la libertad de expresión es importante para todos, lo es, particularmente, para los representantes electos.

Esto lo digo porque hace tan solo 24 horas he tenido que asistir a un acto de conciliación en un Juzgado, por la demanda de un antiguo cargo directivo hospitalario, en la que se solicitaba una retractación de unas opiniones realizadas por mí sobre asuntos sanitarios públicos aparecidas en diversos medios de comunicación.

Toda crítica realizada, y sobre todo las efectuadas para salvaguardar el derecho a la salud, tiene una gran trascendencia social. En las mías se realizan sobre situaciones irregulares que recaen en personas con funciones y cargo público, en el contexto de deterioro de la sanidad, por lo que parece correcto prevalezca la libertad de expresión, máxime cuando es ejercitada desde mi cargo de representante sindical, sobre el derecho al honor de quienes ejercen funciones públicas, los cuales tienen el deber de soportar las criticas, por muy duras, molestas o que les puedan perturbar, según jurisprudencia de Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, pues “la trasmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el Sindicato y sus afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores en general, constituye un elemento esencial en la concreción del derecho fundamental a la libertad sindical”

También, desde mi condición de médico, en la que actúo individualmente o por mediación de organizaciones profesionales, tengo el deber de llamar la atención de la comunidad respecto a las deficiencias en la calidad de los cuidados y a la independencia profesional de mis actuaciones. Por tanto, tengo el deber de denunciar las carencias y errores del sistema en un empeño permanente a favor de la suficiencia, calidad y la dignidad ética del sistema sanitario, según mi propio Código Deontológico.

Los médicos, como profesionales libres en un estado de derecho, tenemos que defender nuestra independencia y garantías para escribir, denunciar y hablar libre y responsablemente sobre las materias que nos conciernen sin que por ello suframos amenazas, presiones o interferencias por quienes gestionen los hospitales, administren la salud u ocupen cargos directivos en los centros sanitarios.

Por otro lado, los responsables directivos ostentan cargos de confianza y son elegidos, en libre designación, por los grupos políticos gobernantes, por lo que pueden ser catalogados de “directores políticos” a las órdenes de sus mentores y muchos consideramos que actúan en sus cargos como marionetas al dictado, siendo esta una opinión crítica. Y hago notar que se trata de un juicio crítico, que en cualquier caso se somete al canon propio de la libertad de expresión y no al canon de la veracidad exigida constitucionalmente al derecho a comunicar información. Este campo de acción de la libertad de expresión es más amplio que el de la libertad de información.

Las personas que ejercen funciones públicas o que resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, están obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática

En los últimos asuntos escandalosos que por esas tierras se han producido, como la muerte del bebe afecto de una cardiopatía congénita, o como la denuncia de los Fisioterapeutas en cuanto al número de pacientes en listas de espera que produce un alto número de discapacidades llegando a crear una situación de dependencia, o como lo que los trabajadores sociales expresan en referencia a los recortes económicos, que pone al borde de la desaparición el propio sistema público en cuanto a la asistencia social se refiere, dejando desatendidas y abandonadas a su suerte a decenas de miles de usuarios, sin olvidar la pretendida solución de la administración gobernante para reducir las listas de espera y que tanto CC como PSOE intentan aplicar otro plan de choque ( ¿cuantos van ya?), pero sin dinero, para ello “buscando soluciones con posibles cambios organizativos para incrementar el rendimiento de los recursos existentes según la disponibilidad de los facultativos en turnos de mañana y tarde o deslizantes, preservando el principio de complementariedad entre previsión de servicios a través de centros concertados y con medios propios”. Y bla, bla, bla?

Y mientras, quienes nos gobiernan, pertenezcan a cualquier partido político, nos ofrecen muchos engaños encubiertos, medias verdades, a veces mentiras flagrantes, ofertas incumplidas, datos maquillados y falsos, buenos deseos nunca realizados, dejando transcurrir el tiempo, que ocultan verdades como las que todos sabemos y conocemos: precariedad en los Servicios de Urgencias, listas de espera a todos los niveles, patologías que aumentan y producen incapacidades mayores, dependientes que no son atendidos, familias que pasan apuros en dar solución a sus enfermedades, e, incluso, muertes que nadie desea pero que se producen en este contexto de recortes, faltas de financiación, crisis económica y todo lo demás.

Por todo ello la libertad de prensa y de expresión es fundamental para denunciar los abusos, políticos y económicos, que pueden estar cometiéndose por los gobiernos y sus cargos directivos en el poder. No nos pueden amordazar; hay que levantar la voz.

Desde mi condición de Delegado Sindical, como representante de los trabajadores, tengo el deber de denunciar lo que en conciencia creo debo hacer notar a la ciudadanía en materias que me competen, porque el ejercicio del derecho y el deber de denunciar esta amparado por el derecho de indemnidad, y porque cualquier injerencia o limitación en la libertad de expresión ha de estar prevista en la ley y estar justificada en una finalidad legítima y ha de ser necesaria en una sociedad democrática.

Cuando realizo algún análisis sobre la sanidad pública canaria y lo hago identificándome como delegado sindical, estoy ejerciendo mi derecho y mi deber de expresar unas ideas en representación de los trabajadores sanitarios públicos. Incluso no solo representando a mi centro laboral sino, también, a muchos otros centros sanitarios y a sus trabajadores.