Sanidad pública, la de todos

En una sociedad inteligente que aspire a la igualdad de oportunidades, a la justicia social y a la equidad, la mejor atención sanitaria debe ser una obligación para los gestores públicos. La propia Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, de tal forma que los recursos para ello deben ser los necesarios, no los que se puedan.

Desde estas premisas, el Partido Socialista apostó, al asumir la gestión de la Consejería de Sanidad tras las elecciones de mayo de 2015, por reenfocar las políticas que hasta entonces se había venido desarrollando en las islas, de tal manera que el paciente fuese situado en el centro del sistema y por encima de consideraciones de carácter económico.

No obstante, a CC nada le gustó que el departamento dirigido por Jesús Morera se propusiese seriamente alcanzar objetivos hasta entonces imposibles y eliminar lacras que a la propia Coalición le interesó históricamente estampar en la sanidad pública canaria.

Precisamente esos intereses son los que nos han vuelto a traer consideraciones del tipo de que hay que tirar necesariamente de la sanidad privada y darle el todo para dar salida a la demanda asistencial, a la vez que no se asignan los recursos que hacen faltan para la pública y se presiona para recortar y recortar.

Por todos ya es sabido que el presidente del Gobierno de CC, Fernando Clavijo, exigió al departamento de Morera drásticos recortes sin importarle ni lo más mínimo las graves repercusiones que tendrían sobre los pacientes, pese a las advertencias del entonces consejero sobre el retroceso importante que supondrían. Por más que el presidente quiera maquillarlo o incluso negarlo, esto sucedió así.

El mismo Clavijo que entonces veía ineficaz cualquier medida que plantease la parte socialista del Gobierno para mejorar la sanidad pública es quien ahora anuncia, por ejemplo, la puesta en marcha de un plan de choque que contempla, entre otras medidas, la apertura de los quirófanos por la tarde. Resulta de agradecer que el presidente recurra a recuperar aquellas soluciones que aportó el PSOE en su etapa en el Gobierno, aunque en su momento las mandase parar.

Ya Jesús Morera anunciaba a comienzos de la legislatura exactamente esa misma medida; adelantaba entonces la optimización del rendimiento de las infraestructuras sanitarias y la ampliación de los horarios de trabajo por las tardes y fines de semanas para abordar las listas de espera. El exconsejero subrayaba también que devolvería el carácter universal de la asistencia sanitaria, algo que debió incomodar mucho al presidente, a la vista de sus decisiones posteriores.

Clavijo debería saber que la ciudadanía está harta de parches que ocultan la nula intención de mejorar el sistema o de apostar por él al cien por cien. Se exige una estrategia sólida que pase necesariamente por dejar de echar balones fuera y por adquirir, de una vez por todas, un compromiso con la gente, con los profesionales, dejando de ver a las personas como números, algo que, lamentablemente, es muy de Trump... perdón, de Clavijo.

La única estrategia del presidente es la de la privatización, el desprestigio y el desmantelamiento de lo público. A los hechos me remito: su visión de negocio no tiene límites y atraviesa la frontera de lo humanamente aceptable. Un presidente no puede conformarse con la mediocridad, con no llegar ni justito al nivel. Debe ser consciente de la responsabilidad que de él espera la ciudadanía, pero los últimos episodios con él como protagonista nos muestran el perfil contrario.

La maquinaria de este Gobierno está funcionando a pleno rendimiento en la ardua tarea de la manipulación de la opinión pública, para hacernos creer que no queda más opción que tirar de lo privado. Es, además, otra vía para la exclusión social, en este caso la sanitaria, desde las propias administraciones públicas. Los Gobiernos de la derecha en Canarias han ido alimentando con pleno conocimiento un imposible, de tal manera que la sanidad pública que han construido es la que nos venden necesariamente de la mano de la privada.

Ahora, se repiten conscientemente los mismos errores, pero tenemos, por fortuna, una sociedad crítica y formada que contempla con desconfianza el nuevo tándem Clavijo-Baltar. Produce alarma la procedencia del consejero y sus potentes vínculos, algo que cuesta creer que pueda ser causal o meritorio. Estamos ante un nombramiento que causa temor por las imprevisibles consecuencias que pueda tener y que, por el momento, no apuntan a nada bueno.

Así las cosas, volvemos al Gobierno del entreguismo, en esta ocasión de la sanidad a manos privadas. Olvidan intencionadamente los deberes constitucionales antes mencionados; acusan una peligrosa falta de transparencia con declaraciones disparatadas y engaños porque, en realidad, de lo que se trata es de que no les interesa que la gente de la calle entienda su discurso.

Y olvida Clavijo, por enésima vez, otro principio que se le debe suponer no ya a cualquier Gobierno, sino a cualquier cargo público y a cualquier persona: el principio de solidaridad. En realidad no lo olvida, lo invierte: las personas de mayor poder adquisitivo se sitúan como auténticas privilegiadas con una salud garantizada por el volumen de sus bolsillos, mientras que este Gobierno contempla impasible esta perversión en lugar de dedicar todos los esfuerzos posibles e imposibles a reedificar un sistema equilibrado, accesible para todos y todas.

Este Gobierno tuvo en el PSOE una oportunidad para sacar a la sanidad pública del letargo y la progresiva descapitalización que venía sufriendo mucho antes de la crisis. Comienza a moverse en toda Canarias una marea blanca que observamos desde el PSOE con mucha atención. Los profesionales, las asociaciones y los usuarios ya advierten del riesgo que entraña esa apuesta del nuevo consejero por una colaboración público-privada. Nos lo cuenta sin letra pequeña, lo que hace aumentar el temor ante lo que pueda estar por venir. Canarias no puede vivir bajo la amenaza de un proceso privatizador que pasa por deteriorar paulatinamente lo público para así poder justificar que se tire la toalla de la gestión pública y se abrace lo privado.

Si la incapacidad de gestionar se excusa privatizando uno de los logros de nuestra sociedad como es el Estado del Bienestar, tendremos que decir alto y claro que la solución pase por sacar de lo público a aquellos que no son capaces de gestionarlo, porque la sanidad pública es la de todos y con la salud no se hace negocio.