¿Y si logran recuperar el poder?

¿Qué no estarán dispuestos a hacer para no perderlo “más nunca”? 

La ofensiva está empujando a la democracia al borde del abismo. Esa democracia que algunos llaman desdeñosamente “el Régimen del 78” y que ha contribuido decisivamente a liberar a España de la dictadura, del aislamiento, del nacional-catolicismo (una expresión degenerada del cristianismo, sustentado en la caridad), del atraso, de la mediocridad… y a hacer posible una convivencia entre las personas y los pueblos de España basada en las libertades públicas y en un principio de solidaridad.

Es una ofensiva despiadada de poderosos sectores de la economía y las finanzas, que sólo aceptan la democracia si ésta se convierte en una forma más, en una tapadera, de sus privilegios y de su ambición insaciable de beneficios. Sus agentes políticos, y más en esta etapa ayusianafeijoana, son meras comparsas. Nada más.

Les toca ahora el turno a jueces y fiscales. Más exactamente, a jueces y fiscales conservadores y ultraconservadores, que parecen envalentonados en una competición para sobresalir en su “heroísmo” antigubernamental.

La última, la ofensiva contra el Fiscal General del Estado con motivo de la aplicación de la Ley de Amnistía.

Hace algún tiempo escribí un artículo titulado “Precaución legislador: curva judicial a la derecha”, advirtiendo de que la mayoría progresista de las Cortes Generales tenía que afinar al máximo el rigor en la elaboración de las leyes, porque no habría que desechar -por peregrina que fuera- ninguna posible interpretación judicial contraria a los finalidades del legislador, acorde o no a los derechos y garantías de la ciudadanía, si con ello algunos magistrados lograban boicotear las prioridades políticas de la mayoría progresista y del Gobierno.

Los magistrados y fiscales volcados al activismo antigubernamental han exhibido ya casi todo el elenco de alardes y maniobras: manifestaciones togadas a la puerta de los juzgados, manejo de los tiempos judiciales según a quiénes convengan o perjudiquen los actos y resoluciones judiciales (ya saben): las penúltimas, la citación de Begoña Gómez cinco días antes de las elecciones europeas, para que comparezca 32 días después; o la publicación, cuatro días después del 9J, de la apertura de juicio oral a Granados, mariscal de campo de Esperanza Aguirre, y a 42 personas más por unos manejos de corrupción de mírame y no te menees, hasta con la chusquera bolsa de un millón de euros en efectivo en casa de los suegros. Aunque lo mejor es la explicación que dieron del hallazgo…

Ahora, las dos “Propuestas de Informes” de cuatro egregios fiscales del Supremo desborda todos los límites del enconamiento y de la degradación jurídica. Y con un alarde de impunidad…

Como otros tantos “Informes” que he tenido la santa paciencia de leerme, todo les vale, incluso los más arteros criterios de interpretación jurídica.

Cobran, en esta propuesta y en otros informes de la Contra emitidos en sede parlamentaria o firmados por la ilegítima mayoría del Consejo General del Poder Judicial, carta de naturaleza las arbitrariedades interpretativas más obscenas.

La prevalencia de determinados antecedentes legislativos (eso sí, convenientemente seleccionados) sobre la expresa voluntad del legislador, expresada inequívocamente en la Exposición de Motivos de la Ley de Amnistía. Y, sobre todo, sobre la dicción literal del propio texto de la Ley: voluntas legis. 

Manosean la independencia de los jueces y el ataque (del malvado Sánchez, of course) a la separación de poderes como  un santo y seña tan grandilocuente como huero. Porque saben perfectamente que a muchos ciudadanos se les puede engañar con eslóganes. Lo sabe el conservadurismo de hoy y de siempre. Y parte de una visión pesimista de la condición humana: somos ignorantes, manipulables, sobornables, egoístas… y por eso, la democracia es una falacia. Necesitamos que nos manejen: algo parecido a las remotas justificaciones aristotélicas de la esclavitud, como institución basada en la naturaleza.

Pero quienes se están saltando a la torera la separación de poderes y los principios constitucionales, son ellos mismos. Porque la independencia judicial se refiere y tiene como garantías la inamovilidad, la ausencia de presiones externas en el ejercicio de la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, sean directas o indirectas, como las asociadas a actuaciones disciplinarias; o a la carrera profesional, algo que manejan virtuosamente en los círculos políticos y judiciales conservadores y de ahí el “incentivo perverso” a bloquear una y otra vez el Consejo General del Poder Judicial.

Pero, sobre todo, a tratar de oponerse con “argumentos” políticos a las decisiones del legislador, olvidándose de que la independencia judicial se sustenta en el pleno sometimiento a la Ley y que el desempeño de las funciones del Ministerio Fiscal han de atenerse a ese mismo respeto. Porque separación de poderes no significa que todos estén en el mismo plano, ya que la soberanía popular, fundamento de todos los poderes del Estado (artículo 1 de la Constitución), está representada por el Poder Legislativo.

Manipulan, como el Fiscal General del Estado les ha hecho saber, hasta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tratando de dejar fijada a los cuatro vientos una doctrina explícitamente dictada para las dos Leyes de Amnistía, la de 1977 y 1984, como el propio Tribunal precisa (“ambas leyes”). Es como si pretendieran que el legislador constituyente u ordinario tuviera que saber proféticamente qué vicisitudes de convivencia tendría que afrontar y superar España en el futuro.

Ignoran conscientemente la serie de leyes y normas jurídicas vigentes en las que se incluye la amnistía como causa de extinción de responsabilidades en el ámbito del Derecho sancionatorio, incluido el Derecho Penal (Ley de Enjuiciamiento Criminal art. 646.2). 

Pretenden no darse por aludidos de que la Comisión de Venecia, por encargo del PP, perdón del Senado, considera que la amnistía obedece una “finalidad legítima” , la de conseguir el objetivo de la normalización institucional, política  y social en Cataluña, ni por el amplio estudio de Derecho Comparado que ha realizado la propia Comisión de Venecia, ni por las expresas instrucciones sobre la amnistía de la malversación directamente relacionada con la preparación y el desarrollo del Procés y excluyendo cualquier supuesto de enriquecimiento personal de los actores. Instrucciones incorporadas puntillosamente al texto de la Ley de Amnistía durante la tramitación parlamentaria (art.1.1.b, “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”). Y así se lo ha hecho saber expresamente el Fiscal General.

Todo esto y mucho más están y seguirán dispuestos a seguir haciendo. No importa que, a la larga, no tenga el menor recorrido (como la querella contra el Fiscal General o la investigación a Begoña Gómez y tantas otras..). Solo importa que estén bien sincronizadas con la estrategia del conservadurismo, cada vez más ultraconservadurismo. Inefablemente representado en las instituciones por la galardonada por su gestión sanitaria (se supone que por las 7.291 víctimas de las residencias sanitarias, “porque se iban a morir de todas maneras”). Y por el que no es presidente “porque no quiso” y fue amigo del capo de la droga porque era el único gallego que no sabía quién era Marcial Dorado.

Y, a todas estas, el que mezcló impunemente a España en una guerra ilegal, con estremecedoras consecuencias -allá y acá-,  sigue  dándonos lecciones a todos y llamando a la movilización permanente contra un Gobierno legítimo.