El Sistema de Pensiones en España necesita una reforma que garantice la Equidad y su Sostenibilidad Financiera

En España la base del sistema financiación de las pensiones se sustenta, principalmente, en la cotización a la seguridad social, un impuesto que grava exclusivamente las rentas del trabajo. Hasta hace unos años, a medida que aumentaba el número de personas ocupadas por cuenta ajena y autónomos, la productividad, y los salarios, aumentaba también la recaudación por cotizaciones a la seguridad social. Eso permitió durante muchos años financiar mejoras en las pensiones y sostener la incorporación de nuevos pensionistas al sistema. Sin embargo, la crisis económica en nuestro país se ha cebado particularmente en el mercado de trabajo, le ha dado la vuelta a ese proceso, y ha transformado el mecanismo de financiación de las pensiones en España en un sistema no sostenible financieramente.

En los últimos tres años los ingresos por cotizaciones a la seguridad social no han sido suficientes para pagar las pensiones, lo que ha obligado al gobierno a retirar más de 33.000 millones de euros del fondo de reservas de pensiones para poder hacer frente a los pagos. El saldo del fondo a final de 2013 era sólo de 53.744 millones de euros. La previsión para el 2015 es que el gasto total en pensiones contributivas será de 109.000 millones de euros.

La ley, 23/2013 de 23 de diciembre, propuesta por el gobierno actual y aprobada en el congreso, se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. Hasta ahora el ritmo de la inflación definía su ajuste anual, el nuevo sistema cambia radicalmente el método de actualización y lo hace depender entre otras variables del equilibrio financiero entre ingresos y gastos. En caso de desequilibrio financiero como en el que nos hemos encontrado en los últimos tres años la nueva legislación lleva directamente a que se aplique la subida mínima del 0,25% a todos los pensionistas por igual. Esto ha supuesto por ejemplo una subida de 1,25 euros al mes para una pensión media de 500 euros. La previsión realizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es que al menos hasta el 2020, el sistema siga siendo deficitario y en consecuencia previsiblemente se seguirá aplicando la misma subida anual en los próximos años. La aplicación de la tasa perjudica doblemente a los ciudadanos con subsidios más bajos, porque reciben un aumento menor en términos absolutos.  

Las políticas de extensión de la edad de jubilación propuesta por algunos economistas y puesta en funcionamiento por el gobierno es sólo un mal parche que no soluciona el problema. La extensión de la edad de jubilación puede ser posible en grupos de población que no tengan un trabajo físico exigente o repetitivo. Quiero decir con esto que para un profesor de universidad puede ser posible extender su vida laboral más allá de los 65 años que establece la legislación actual en España, sin embargo, llegado a esa edad un trabajador de la tierra, por ejemplo,  tendrá pocas posibilidades de hacerlo por las características de su trabajo. Teniendo en cuenta las condiciones del mercado laboral en España parece poco probable que una persona que pierda su empleo en edades tan avanzadas vuelva a recuperarlo. La pérdida del empleo y en consecuencia de la cotización a la seguridad social, penalizará además a esas personas en la recepción de la cuantía de sus pensiones. Por otro lado, la aplicación de tasas del 0,25% como prevé la ley deja completamente desfasada la política de estado sobre las pensiones, estas deben servir para garantizar una condiciones de vida de subsistencia digna por incapacidad laboral de las personas, ya sea por la edad, o por motivos de enfermedad,  en cambio el gobierno abandona ese criterio aprobando una ley que condiciona el pago a la recaudación del impuesto de la seguridad social.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad no cabe duda que el actual sistema de financiación ha quedado obsoleto y debe ser modificado completamente para garantizar el cumplimiento de las preferencias de la ciudadanos.