Un sistema de pensiones que favorezca la solidaridad

Básicamente hay dos sistemas de pensiones: por un lado en algunos países, preferiblemente los de cultura anglosajona, podemos encontrar los sistemas de capitalización que garantizan que cada persona recupera sus aportaciones individuales al final de su vida laboral. Como alternativa, el modelo centroeuropeo está basado en un sistema de reparto, conocido también como sistema solidario. Las personas trabajadoras aportan una parte de su salario, conocida en nuestro país como cotización a la Seguridad Social, que se usa para pagar el subsidio por jubilación a las personas mayores de sesenta y cinco años, que por ley no se encuentran en edad de trabajar. En contra de lo que se piensa de forma general, en nuestro país el Estado no retiene parte del salario a los trabajadores para devolvérselo con intereses en forma de pensión, lo hace para pagar las pensiones de las personas actualmente jubiladas, por eso es un sistema solidario . Si no fuera así, y se limitara a devolver las aportaciones individuales con intereses, muchas personas recibirían una pensión inferior a la que está prevista al final de su vida laboral. Algunos países como Suecia combinan ambos sistemas.

Actualmente nuestro sistema de pensiones es autosuficiente, y además, genera superávit, lo que unido a las aportaciones del Estado fruto del pacto de Toledo, ayuda a crear un fondo que servirá de colchón en el futuro. Este fondo permitirá seguir pagando las pensiones cuando el sistema deje de ser autosuficiente. Actualmente en España hay cuatro personas en disponibilidad de trabajar por una persona mayor de sesenta y cinco años, lo que permite que con las aportaciones que los primeros realizan se pueda pagar los subsidios por jubilación de los segundos. Según algunos expertos la situación de superávit puede cambiar en sólo diez años debido al envejecimiento de la población. La relación entre el número de trabajadores y de pensionistas se reducirá y pasaremos a una situación de déficit, donde la recaudación del Estado será inferior a los pagos de las pensiones. En el año 2050 se espera que la relación sea de 1 pensionista por 1,8 trabajadores. Nadie puede predecir con certeza cuando se dará esta situación debido a que los ingresos fluctúan con la situación económica del país. Una situación económica de crisis reduce el empleo y por tanto los ingresos, una situación de crecimiento económico eleva el número de trabajadores con empleo y por tanto, eleva los ingresos del Estado por este concepto. Por otro lado, no cabe duda que la economía buscará sus propios equilibrios. La propia población pensionista demandará servicios que generará de demanda de trabajo que podría ser cubierta con inmigración.

El sistema de pensiones presenta además otras peculiaridades: La pensión es un subsidio más, que en este caso el Estado paga a las personas mayores de sesenta y cinco años. Aunque no siempre ha sido así, actualmente, la ley establece que la persona debe haber hecho aportaciones al Estado por un mínimo de quince años. El importe de la pensión está en función de salario de cada trabajador. Por otro lado, la aportación de cada persona a la Seguridad Social no es voluntaria. En definitiva, esto convierte las aportaciones en un impuesto, que como el impuesto sobre la renta para un trabajador también está en función de su salario. El pago a la Seguridad Social es un caso excepcional de fiscalidad finalista. Es decir, el impuesto que se recauda, con la denominación de cotización a la Seguridad Social, se utiliza exclusivamente para pagar las pensiones. Y esto es particularmente excepcional en nuestro sistema fiscal, porque lo habitual es que los impuestos se implanten con un fin puramente recaudatorio. Por ejemplo, en nuestra comunidad el impuesto sobre el combustible no se usa para construir carreteras, se usa para financiar en general las políticas del Gobierno de Canarias.

Por tanto, la pensión por Jubilación es una subvención, que por costumbre, y porque así la ley lo establece, por ahora, cada persona recibe en función de cuál ha sido su salario durante los últimos años de su vida laboral. El objetivo es cubrir la pérdida de poder adquisitivo de las personas que por su edad no pueden trabajar. Pero se da la cicunstancia de que este subsidio, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, es percibido independientemente del nivel de renta del pensionista. De manera que muchas personas a las que realmente no les haría falta una subvención del Estado para mantener su poder adquisitivo la perciben igualmente. En particular, la estructura del sistema actual de cálculo del subsidio por jubilación asegura que las personas que más renta del trabajo percibieron serán también las que más subsidio recibirán del Estado. De manera que puede darse el caso de que una persona, a pesar de disponer de un patrimonio generador de renta, porque por ejemplo, disponga de propiedades que le renten un alquiler, porque posean una empresa que le aporte beneficios, o porque posea diferentes tipos de valores que le generen rendimientos, además pueda estar percibiendo un subsidio alto, mucho más alto que muchas otras personas para las que la pensión es su única fuente de ingresos.

Les invito a pensar en lo siguiente: la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece de forma solidaria que las personas con mayor renta deben aportar más al Estado. La escala, aunque con saltos, es progresiva con un máximo. Es un sistema que tiene como finalidad introducir equidad al redistribuir la riqueza de un país. Nadie en nuestro país, por costumbre, y por solidaridad, lo pone en duda. Tampoco en ningún caso, se da una situación, de nuevo por costumbre y por solidaridad, en la que, por ejemplo, una persona que paga un treinta por ciento de su renta se le pueda ocurrir, y ni siquiera pensar, que porque paga más impuesto que su vecino, que puede estar aportando sólo un veinte por ciento de su renta, tenga derecho a percibir más servicios que éste. Es decir, que pueda tener derecho a situarse delante en la listas de espera de la sanidad pública, a tener un carril privilegiado en las carreteras, a tener mejores servicios en la urbanización en la que vive, etc.

La pregunta que les propongo nos hagamos todos es la siguiente: ¿por qué entonces a esa misma persona la ley le asigna el derecho a percibir una subvención mayor que la de su vecino? La respuesta que se me ocurre es porque simplemente por costumbre así es como se ha hecho. También les invito a autocontestarse las siguientes preguntas: ¿es solidario que una persona que tiene un patrimonio que le proporciona una renta alta, perciba también del estado un subsidio que puede ser muchas veces superior al que reciben otras personas que carecen en la mayoría de otras fuentes de renta. ¿Es justo que se pueda estar gastando dinero público en lujos supérfluos, mientras se está hablando por parte del gobierno que será necesario recortar la pensiones?¿Recoge esto último la opinión de los ciudadanos de este país?¿Por qué algún miembro de nuestra sociedad puede tener derecho a disfrutar de un nuevo y flamante tren de alta velocidad, o de un lujoso y desproporcionado aeropuerto, construido con dinero público, mientras que hay otras personas que apenas sobreviven con su pensión?¿Es que acaso la sociedad con sus actuaciones, no le pone de manifiesto a los políticos que la solidaridad con los más débiles es una prioridad?¿No debería el gobierno eliminar cualquier tipo de incertidumbre acerca de que todos los que lo necesiten recibiran un subsidio por jubilación que les permitirá vivir sin lujos, pero dignamente, y que esto se hará incluso aunque haya que recortar algunos privilegios y servicios no básicos?

Bajo mi criterio el gobierno debería eliminar toda incertidumbre y garantizar el pago universal de las pensiones a las personas que verdaderamente lo necesiten. También debería asegurar que el sistema sea equitativo, garantizando las mayores pensiones a quienes más lo necesiten, no a quienes han pagado un impuesto más alto. Pienso que también el gobierno debe complementar con presupuestos del Estado el pago solidario de los trabajadores, lo necesario para garantizar el pago de las pensiones, si es preciso detrayendo los fondos públicos de otros gastos menos necesarios.

El Gobierno debería articular políticas que corrijan el envejecimiento de la población fomentando el apoyo a las familias, favoreciendo las ayudas económicas directas y mejorando el trato fiscal. En este último aspecto reconociendo en el pago del impuesto sobre la renta, la verdadera renta disponible por cada miembro de la unidad familiar, y no con deducciones de la base imponible y de la cuota íntegra. Por otro lado, también son importantes las ayudas no económicas, garantizando la conciliación de la familia con los horarios laborales, y ofreciendo servicios de atención y cuidado de los niños para que los padres puedan despempeñar su trabajo. Estos servicios también tiene una rentabilidad positiva para el resto de la sociedad ya que son generedores de actividad económica y por tanto, de empleo y bienestar. En definitiva, el principio sobre el que se fundamenta es que los niños de hoy son los que pagarán las pensiones del futuro.

Algunos expertos sugieren que la edad de jubilación debe ser libre a partir de un mínimo, y que en lugar de permitirse las jubilaciones anticipadas, se puede favorecer la contratación de personas mayores de cincuenta y cinco años con reducciones en el pago de la cotización a la seguridad social. La experiencia de estas personas constituyen un capital muy valioso que la sociedad no debe perderse. Pero sobre todo el gobierno debe ser austero e invertir el dinero recaudado con los impuestos, sólo en aquellas políticas y alternativas que proporcionen siempre la máxima rentabilidad social y generen la máxima riqueza económica. Una economía eficiente, es una economía generadora de riqueza, y por tanto, habrá más para repartir entre todos.

Todo gobierno debe tener lo que los economistas conocen como función de bienestar. Se trata de un modelo que recoge la preferencias de los ciudadanos. Si algún gobierno tiene duda de que nuestra población es solidaria, y que prefiere que se pague una pensión a que se construya un aeropuerto de lujo innecesario, dispone de los medios para consultar y descubrir realmente dónde prefiere el ciudadano que se invierta el dinero público.

* Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.

Manuel Romero Hernández