Unánime Plan de Salud

El pleno del Parlamento de Canarias fue escenario esta semana de la culminación de un amplio proceso de participación con el resultado de la aprobación unánime del Plan de Salud de Canarias 2016-2017. Las aportaciones de cientos de profesionales y colectivos sociales ha sido vital en la definición de una hoja de ruta necesaria para alcanzar los objetivos en salud.

En la Cámara autonómica hemos debatido, estudiado y realizado aportaciones al texto, desde una actitud constructiva y anteponiendo la voluntad de entendimiento y los intereses generales a cualquier posicionamiento político. Este consenso alcanzado en la definición del plan ha sido extensivo a las propuestas de resolución que, suscritas por todos los grupos parlamentarios, han permitido enriquecerlo.

Para el PSOE representa un enorme orgullo poder presumir de un plan de salud cuyos valores son la accesibilidad al sistema, la equidad, el carácter público y universal de la atención, el objetivo de dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía, la participación, la eficiencia, la sostenibilidad, la gestión profesional, la prevención o la promoción, entre otros muchos.

Resulta obligado hablar de recursos. Este plan de salud se financiará con todo el disponible para Sanidad en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, es decir, 2.629 millones de euros o, lo que es lo mismo, 42 de cada 100 euros de las cuentas canarias. Aunque todos somos conscientes de que los recursos no son suficientes, es de justicia recordar que Canarias se sitúa justo en la media de gasto sanitario público consolidado per cápita.

La media en España es de 1.233 euros por habitante; en Canarias estamos en 1.232 euros por habitante. Es más: en el caso del archipiélago, supone el 6,4 por ciento del PIB, mientras que en el ámbito estatal, el gasto sanitario público consolidado es el 5,5 por ciento. A la vista de estos datos, podemos decir que el Gobierno de Canarias tiene la voluntad política necesaria para financiar la sanidad. Otra cosa es que tengamos los recursos suficientes; no podemos obviar que hace falta hacer una seria y ya urgente reflexión sobre la financiación de la sanidad en España.

Existen antecedentes: el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales de 2008 o el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2013, documentos que a fecha de hoy no han dado los frutos deseados a la vista de los resultados en cuanto a financiación se refiere y el progresivo deterioro del Sistema Nacional de Salud.

El gasto sanitario constituye un desafío fundamental en la futura reforma del sistema de financiación y, de no hacerse, la gestión presupuestaria en las comunidades autónomas seguirá comprometida, con unos niveles de deuda que continuarán creciendo.

Y es que en España, la lógica del recorte se ha realizado de forma uniforme en todas las políticas, sin preservar la sanidad, los servicios sociales y la educación. Ante este escenario, es nuestra obligación sentar las bases para, más allá de contener el déficit en el corto o medio plazo, hacer que el sistema sea sostenible, revisándolo, transformándolo, buscando el equilibrio entre la calidad y la sostenibilidad, planificando.

No podemos permitir que el Ministerio de Sanidad se gestione desde el Ministerio de Hacienda y, aunque se pueda seguir avanzando en la búsqueda de mecanismos que permitan generar ahorros, como pueda ser evitar la duplicidad en una prueba diagnóstica, el pago por productividad o disminuir el gasto farmacéutico por errores de indicación, lo cierto es que tiene que existir una clara voluntad política en la legislatura que comienza en el ámbito del Estado para, sin demora, analizar rigurosamente el problema de la financiación de la sanidad en nuestro país.