Un Gobierno incompetente (sin competencias)

Por levante, el Cheshire amenaza con entrar en el puerto de La Luz y Las Palmas, y por poniente, las microalgas llegan a la playa de Las Canteras. Dos imágenes que representan le negligencia y el descrédito del Gobierno que el mismo día se sacude de encima las responsabilidades en la convocatoria del concurso más oneroso de la Radiotelevisión Canaria, el de servicios Informativos, por 144 millones de euros en ocho años. “No somos competentes”, ha dicho a La Provincia la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que deposita la competencia sutilmente en manos del Parlamento de Canarias, como si ella y el Gobierno del que forma parte no hubieran habilitado las partidas presupuestarias necesarias para el conchabo, a pesar de conocer mejor que nadie que al órgano de contratación de RTVC, su presidente, Santiago Negrín, le quedan exactamente tres afeitadas, precisamente por decisión democráticamente manifestada de la mayoría aplastante del Parlamento.

Si ya era escandaloso que Negrín se constituyera unilateralmente en órgano de contratación y publicara el famoso concurso de Informativos, el descubrimiento de que el abogado de una de las potenciales empresas licitadoras haya metido baza en la preparación de los pliegos debería ser motivo suficiente para que todo se ponga en remojo y se revise. A lo que hay que unir, desde luego, la precipitada marcha del catedrático Martín Orozco de los alrededores de Santiago Negrín, seguramente deseoso de que no le salpique nada de la balacera que se va a producir en el Parlamento en cuanto empiece septiembre.

Alegar falta de competencia en el asunto de la televisión pública es una falta de respeto a la ciudadanía. El presidente del ente público está actuando con el único respaldo del Gobierno y, en una actitud insólita, de espaldas a la mayoría del Parlamento de Canarias, que fue el que lo nombró.

En alta mar, un buque granelero británico lleva dos semanas lanzando a la atmósfera gases tóxicos resultado de la combustión de 40.000 toneladas de fertilizantes, una carga similar a la que causó una alerta ambiental muy grave en Costa Rica. El estallido de esa crisis fue respondido con silencio absoluto en el Gobierno de Canarias, seguramente deseoso de que el barco se hundiera y no quedara en ridículo una vez más el presidente, que lo mandó al fondo del mar desde el primer día sin medir lo más mínimo las consecuencias que aquello hubiera provocado. Nunca se desdijo de aquellas palabras.

Pero daba igual, en respuesta al Cabildo de Gran Canaria, que le requirió una reunión urgente para analizar la crisis del Cheshire, Clavijo dijo a la prensa que las competencias de Canarias en la cuestión son exactamente “cero”. Efectivamente, así es: corresponde a las capitanías marítimas y a Salvamento Marítimo la gestión de incidentes en la mar como este que nos lleva ocupando quince días, pero es evidente que las consecuencias de una marea negra o cualquier tipo de efecto ambiental sobre las Islas Canarias han de preocupar al menos un poquito a su Gobierno. Y si se trata de un Gobierno presuntamente nacionalista (y dos piedras), resulta incomprensible el encogimiento de hombros que hemos apreciado justo hasta este mismo miércoles. La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, anda más preocupada por que resulte un éxito para los empresarios que la inspiraron la aplicación de la Ley del Suelo que la gestión diligente del medio ambiente, que también es de su competencia, aunque hasta la fecha no lo haya demostrado. Pasado ampliamente el ecuador de la legislatura, nada se sabe del Observatorio para el Cambio Climático, desactivado antes de nacer por la inconveniencia que va a suponer congeniarlo con la introducción del gas como “combustible de transición” en lo que terminamos de coger el tren de las renovables. Un Observatorio que, de existir y ser operativo, tendría que haberse escandalizado ante la emisión de gases tóxicos de ese barco a la deriva durante dos semanas y ante la evidencia de que Canarias no tiene la menor influencia en el control e información sobre el paso de buques con mercancías peligrosas por sus aguas.

Quince días después de que comenzara la crisis del Cheshire, la consejera Barreto tuvo la decencia de convocar una cumbre para estrenar el Plan de Protección por Contaminación Marina (Pecmar, monísimo) que no existía cuando se prendió fuego el famoso Oleg Naydenov, que obligó a Fomento a activar un ejército de voluntarios. Tan a destiempo actuó este miércoles Nieves Lady y con tanto oportunismo, que ni siquiera se la tomó en serio la Administración del Estado, que no mandó ni al capitán marítimo ni a representante alguno de Salvamento Marítimo, seguramente para no ser cómplices de la mascarada.

Cuando el barco ya ha quemado toda su carga venenosa y la temperatura de las bodegas ya ha permitido la entrada de especialistas para evaluar las reparaciones a realizar, el incompetente Gobierno de Canarias activa un plan de contingencia frente a la contaminación.

Si se hubiera hundido a 60 millas al Sur de Canarias, como proclamó erróneamente el presidente Clavijo, seguramente no habría hecho nada porque, como el mismo Ejecutivo reconoce, no tiene competencias. No es competente. Tampoco lo era en las prospecciones petrolíferas que se empeñó en imponernos aquel famoso ministro panameño que todavía vaga con escoltas, y una feroz oposición encabezada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote logró levantar a la ciudadanía.

Lo menos que debe hacer un Gobierno de una región ultraperiférica como la nuestra es defender nuestros intereses, tenga o no tenga las competencias, y el del medio ambiente es un principio constitucional que a Clavijo y los suyos les suena muy lejano.

Tampoco se reconoce responsable el Gobierno de Canarias de los vertidos de aguas fecales al mar que deberían avergonzarnos a todos los canarios. Pagamos en el recibo del agua de abasto una cantidad destinada a depuración y las administraciones públicas no depuran las aguas residuales, en muchos casos la tiran al mar sin tratar, y en otros, en forma otros residuos nada benignos. “Es competencia de los Ayuntamientos”, clama Fernando Clavijo para sacudirse también esta responsabilidad. Falso.

Como ha escrito Santiago Pérez en este mismo periódico, “la Directriz 31.5, con rango de Ley autonómica, que se define como Norma de Aplicación Directa, establece que ”el Gobierno de Canarias prestará una especial atención a las circunstancias en que se producen los vertidos mediante emisarios, manteniendo controles regulares del cumplimiento de los requisitos que los autorizaron y colaborará en las intervenciones necesarias para erradicar los vertidos al mar“.

Con su patadón p’alante, Clavijo no solo se protegía él de la relación directa que todos los científicos encuentran entre la proliferación de microalgas tóxicas y los vertidos de aguas residuales al mar, que si bien no están en el origen de aquellas, la alimentan de lo lindo con un nutriente nada alentador: mierda. En realidad, el presidente Clavijo también quería proteger a uno de sus más conspicuos escuderos, Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, una institución que es directamente responsable de que esa isla sea la que, con diferencia, más aguas fecales arroja al mar. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente citados por Diario de Avisos, Tenerife es la isla que presenta más puntos de áreas urbanas que vierten sus aguas negras al mar sin tratamiento de ningún tipo: 23 de las 33 de todo el Archipiélago. En Tenerife, el 21,74% de las aguas residuales no se trata adecuadamente y se vierte al mar, lo que supone 13,8 millones de metros cúbicos cada año; y el 39,5% de las aguas negras en esta isla (25 millones de metros cúbicos al año) va directamente al subsuelo, a través de pozos individuales, por ausencia de red de alcantarillado en muchas zonas, lo que contamina el acuífero, informaba Diario de Avisos.

Una gestión nefasta que ahora dice Clavijo que se va a corregir gracias a la lluvia de millones que caerá de Madrid. Algo más realista, Paulino Rivero, su antecesor, sugiere destinar parte del famoso Plan de Desarrollo de Canarias a resolver este grave problema que puede poner en peligro a la principal industria de las Islas. Es de auténtica miopía política pensar que lo que no se ve no da rédito electoral, que mientras la mierda no huela bajo el mar, nadie va a exigir responsabilidades.

Las microalgas ya han llegado a la playa de Las Canteras y la cosa se empieza a poner muy seria.