La Phoenix Canariensis ganó a Colón

Se nos ocurre una enorme batería de refranes para calificar lo ocurrido este viernes en el Consejo de Gobierno de Canarias, en el que, entre otras cosas muy importantes (no es baladí su decisión de no recortar ni un euro las prestaciones sociales y la educación en 2015), se aprobó un acuerdo con el que se pretende proteger el Oasis de Maspalomas y garantizar su uso y disfrute público. Quizás el que mejor se amolda es aquel que dice que bien está lo que bien acaba. Porque tras un acalorado debate que ha ocupado extensos espacios en la prensa y ha tensionado a instituciones, partidos políticos, medios de comunicación, redes sociales, colectivos no gubernamentales y asociaciones empresariales, lo acordado es lo máximo a lo que se podía aspirar. La falta de fe en las instituciones quizás aconsejó –ahora vemos que innecesariamente- formular un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) que pudiera detener de alguna manera la masacre ambiental que se disponía a perpetrar en ese sitio la cadena mallorquina Riu. Y el BIC hizo su camino promovido desde el Cabildo de Gran Canaria sin que ninguna otra institución se pronunciara públicamente ni hiciera más gestiones que los varios intentos frustrados de Paulino Rivero por sentar a los baleares a negociar alguna salida no cruenta al conflicto. Al final, como decíamos, se ha conseguido lo máximo, lo que nadie se había atrevido a proponer desde el principio: la aplicación de las herramientas intervencionistas que tiene el Gobierno canario para proteger de la acción depredadora de un particular un espacio que hace varias décadas debió haber sido lo que ahora se pretende que sea. Y ha sido la palmera canaria, la Phoenix Canariensis, la que ha ganado a Colón. Cualquiera que se lea el acuerdo adoptado este viernes tiene todo el derecho a preguntarse por qué demonios nadie lo había hecho antes. Pero volvemos a nuestro refrán de cabecera: bien está lo que bien acaba. Por una vez se ha actuado a tiempo para evitar tener que arrepentirnos en el futuro. Por lo tanto, solo cabe felicitar efusivamente al Consejo de Gobierno, y particularmente a su presidente, Paulino Rivero, y a su consejero de Política Territorial, Domingo Berriel.

Lo que viene ahora

Se preguntarán nuestros lectores cuál es el alcance exacto de este acuerdo. Lo explicamos:

1) Queda suspendido el planeamiento de San Bartolomé de Tirajana entre el faro de Maspalomas y el hotel La Residencia, con los límites de la Avenida de Colón y la Charca.

2) Queda suspendida las licencia otorgada por el Ayuntamiento a Riu para construir el mamotreto que pretendía levantar en el Oasis.

3) Se permite a Riu demoler su viejo hotel, el viejo Maspalomas Oasis, pero sin opción a levantar otro en su lugar.

4) Se abre un plazo que expirará el 15 de octubre para que la Consejería de Política Territorial elabore una propuesta que contemple:

- La protección máxima del hábitat del palmeral “garantizando su disfrute público”.

- La integración del palmeral en la zona litoral, “sustituyendo las edificaciones existentes por espacios libres”. Es decir, el decrépito centro comercial Maspalomas será derribado y retranqueado para dejar diáfano el paso del palmeral al mar.

- La ampliación de los espacios libres del entorno del Faro de Maspalomas.

- El traslado de las edificaciones, tanto las complementarias como las turísticas, a otras ubicaciones cuando impidan alcanzar estos objetivos

5) Se reordenará completamente la zona, lo que probablemente afecte no solo a la parcela de Riu, sino también a los cercanos hoteles Ifa Faro y Palm Beach, así como a construcciones residenciales particulares. El único hotel que podría quedar integrado es el cercano Residencia, de la cadena SeaSide.

6) Se potenciarán todas las palancas legales para proteger y recuperar el entorno para su uso público, con la variable ambiental como principal valor dentro del Oasis y con el faro de Maspalomas como referente cultural presidiendo la actuación.

7) Queda completamente descartado el proyecto de Riu de un hotel de 25 metros de altura o cualquier otro que no sea sostener el que ya viene explotando, un cuatro estrellas todo incluido que la misma cadena declaró en estado ruinoso para justificar su demolición.

Claro que hay vencedores y vencidos

La decisión del Gobierno es de un calado extraordinario y fruto de la presión social que ha recibido a medida que se acercaban los plazos legales, unos impuestos por la ley del BIC y otros por exigencias de la cadena Riu. Por el camino han quedado extraordinarias presiones que algunas fuentes gubernamentales han situado especialmente en el Partido Popular. En los dos partidos populares, para entendernos: el de Bravo de Laguna, que desde el Cabildo ha promovido el BIC en su modalidad de sitio histórico –descartado por considerarlo el Gobierno “nulo de pleno derecho”- y el PP de Soria, que se puso desde el primer momento de parte de la cadena mallorquina. Bravo de Laguna se apresuró a valorar como un éxito el acuerdo gubernamental, y hay que reconocerle al presidente del Cabildo el empuje que ha dado a su BIC, revulsivo que de no haberse iniciado jamás habría dado estos frutos. Pero la gestión política ha pasado desde este viernes al Gobierno de Canarias, que verdaderamente va a capitanear el proceso de recuperación pública del Oasis de Maspalomas. Soria, evidentemente, también queda dañado porque no ha podido responder ante los mallorquines como éstos pretendían de la influencia supuesta de un ministro de Turismo. Quedan también con los glúteos in the air los dos dirigentes empresariales que más empeño pusieron en la defensa de Riu, Fernando Fraile, desde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, y José María Mañaricúa, desde la asociación de hoteleros. Su autoridad queda bastante tocada porque pasarán a la historia del movimiento empresarial como los que se opusieron a que los canarios pudieran recuperar algo que les es propio y que, a la vista del acuerdo del Gobierno, nunca fue una quimera. Además, tendrán que comerse con papas las caras largas de tres vocales y una vicepresidenta de Riu en la asociación de hoteleros, puestos allí para mejor presionar y más presumir. No valió la pena la quiebra empresarial, especialmente ponerse del lado de una cadena foránea mortificando de manera casi cruel a la nativa principal, Lopesan. Y por último, ha perdido este pulso, pero en absoluto sus derechos, la familia Riu y su socio Tui, que con su prepotencia tendrán ahora que esperar mucho más tiempo del recomendable para ejecutar un proyecto que desde el principio era una provocación. Lo podrán hacer, podrán construir un mega hotel, pero no en el Oasis. Su último comunicado exigiendo que les dejaran hacer lo que querían en su “propiedad privativa” ha pasado al baúl de las más tristes perretas. Cuanto lo sentimos.

Berriel informó a Bravo de Laguna

Han ganado sobre todo los grancanarios, que con esta decisión comprobarán que las instituciones, cuando se ponen manos a la obra, son capaces hasta de hacer las cosas bien. Vencen, dicho sea de paso, las tesis de Ben Magec-Ecologistas en Acción y de los técnicos y especialistas que siempre han defendido el carácter eminentemente ambientalista de los valores del Oasis y de todo el entorno. Y vence Lopesan, que promovió el BIC germen de esta histórica decisión. Esa empresa y su presidente, Eustasio López, han tenido que soportar muchas diatribas y la acusación de defender exclusivamente su interés. Parece evidente que gracias a ese interés se ha llegado a este punto. Su beneficio será el de todas las explotaciones del sector: regenerar un enclave natural que reforzará la imagen turística de Gran Canaria. Su hotel Ifa Faro se verá afectado por la protección, veremos cómo queda todo al final. También es justo recordar a personalidades como Carmelo Padrón, uno de los más activos políticos que desde los años ochenta reclamaron precisamente esos valores y, sobre todo, uno que reina en la decisión de este viernes: la existencia de unas zonas verdes públicas que se habían volatilizado en este espacio a lo largo del tiempo por la erosión de políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos que las privatizaron sin más. Es necesario también el reconocimiento al consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, y a todo el equipo que ha elaborado esta propuesta, alternativa al BIC del Cabildo, porque no sólo lo ha mejorado sustancialmente, sino que con ella ha logrado disipar las dudas gubernamentales sobre seguridad jurídica y peligro de indemnizaciones, cifradas en torno a los 30 millones de euros, siempre según esos cálculos. La comisión de secretarios generales técnicos emitió un duro informe que descalificaba jurídicamente la propuesta del BIC, y por eso se promovió la solución adoptada. Por cierto, Berriel demostró este viernes que todavía hay lealtad institucional: tras el Consejo de Gobierno y antes de la rueda de prensa posterior, se desplazó al Cabildo para informar en persona a José Miguel Bravo de Laguna y a Larry Álvarez.

Soria, a pedales

José Manuel Soria es una fuente inagotable de inspiración para los que tenemos como hobby dedicarle unas sentidas coplillas cada vez que saca la lengua a paseo y se enfrenta a las hemerotecas. Este viernes nos ha terminado de alegrar la jornada anunciando al mundo que Canarias tiene un enorme potencial para la producción de energía con renovables y que, atención, aquí es mucho más barato producir electricidad con energía fotovoltaica y eólica que quemando combustibles fósiles. Tan feliz hallazgo se produce dos años y medio después de que dictara aquel famoso decreto 1/2012 que daba un golpe de muerte a las renovables en toda España y prometiera, poco después, que publicaría de inmediato un régimen específico para el sector en Canarias. El decreto ya parece que lo ha aprobado este mismo viernes, lo que debe ser el estímulo que le ha conducido a descubrir lo que todos ya sabíamos y él se negaba a reconocer. Muy al contrario, siempre sostuvo Su Excelencia que las renovables eran una ruina y que lo mejor era seguir dándole al petróleo porque, como dice su secretario de Estado, los aviones, los coches y los barcos no se mueven a pedales. Ahora que a su compadre Brufau ya le ha dado el permiso para prospectar, ya se puede decir la verdad. En su deriva hacia el fin de las renovables, ha sido capaz de poner un impuesto al sol y de penalizar con multas millonarias a aquel que se atreva a ponerse un molinillo de autoconsumo en su casa, lo que le ha valido la bufa y la mofa internacionales. Su aforismo lo acompañó Soria con un cántico a la rentabilidad del 7,5% que dice que ahora van a tener los campos eólicos ya que, a su juicio, los márgenes anteriores a que él llegara al Ministerio de Industria eran excesivos. Esos márgenes, dicho sea sin ánimo de ofender, eran los que se iba a llevar por la remanguillé su casero Javier Esquivel gracias al regalo que él pretendió hacerle en el espigón del muelle de Arinaga. Ay, Manolo.

Se nos ocurre una enorme batería de refranes para calificar lo ocurrido este viernes en el Consejo de Gobierno de Canarias, en el que, entre otras cosas muy importantes (no es baladí su decisión de no recortar ni un euro las prestaciones sociales y la educación en 2015), se aprobó un acuerdo con el que se pretende proteger el Oasis de Maspalomas y garantizar su uso y disfrute público. Quizás el que mejor se amolda es aquel que dice que bien está lo que bien acaba. Porque tras un acalorado debate que ha ocupado extensos espacios en la prensa y ha tensionado a instituciones, partidos políticos, medios de comunicación, redes sociales, colectivos no gubernamentales y asociaciones empresariales, lo acordado es lo máximo a lo que se podía aspirar. La falta de fe en las instituciones quizás aconsejó –ahora vemos que innecesariamente- formular un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) que pudiera detener de alguna manera la masacre ambiental que se disponía a perpetrar en ese sitio la cadena mallorquina Riu. Y el BIC hizo su camino promovido desde el Cabildo de Gran Canaria sin que ninguna otra institución se pronunciara públicamente ni hiciera más gestiones que los varios intentos frustrados de Paulino Rivero por sentar a los baleares a negociar alguna salida no cruenta al conflicto. Al final, como decíamos, se ha conseguido lo máximo, lo que nadie se había atrevido a proponer desde el principio: la aplicación de las herramientas intervencionistas que tiene el Gobierno canario para proteger de la acción depredadora de un particular un espacio que hace varias décadas debió haber sido lo que ahora se pretende que sea. Y ha sido la palmera canaria, la Phoenix Canariensis, la que ha ganado a Colón. Cualquiera que se lea el acuerdo adoptado este viernes tiene todo el derecho a preguntarse por qué demonios nadie lo había hecho antes. Pero volvemos a nuestro refrán de cabecera: bien está lo que bien acaba. Por una vez se ha actuado a tiempo para evitar tener que arrepentirnos en el futuro. Por lo tanto, solo cabe felicitar efusivamente al Consejo de Gobierno, y particularmente a su presidente, Paulino Rivero, y a su consejero de Política Territorial, Domingo Berriel.

Lo que viene ahora