¿La primera dama representando a la Comunidad?

Nos ha salido respondón el Gobierno de Canarias. Pero muy mal respondón. Nuestra información acerca del pago de 1.200 euros de dinero público al modisto de cabecera de Ángela Mena, esposa de Paulino Rivero, para que la alicatara para un acto oficial de la Armada Española, no tiene ni medio pase. La versión oficial es que doña Ángela fue invitada por la Armada a ejercer de madrina en el solemne acto de entrega de una bandera de combate el Mando Naval de Canarias, bandera de combate que también donó el Ejecutivo autonómico. Como quiera que, según esa versión, la señora del presidente tenía que atenerse a las normas del protocolo naval, lució los complementos que rigen históricamente para la ocasión, lo que unido a la calidad de representante de la Comunidad Autónoma que ostentaba (¿?), se justifica plenamente que su vestuario corriera por cuenta del erario público. No cuela, no señor, porque cualquier experto en Derecho Administrativo sabe que los gastos de representación son exclusivos del titular de esa representación, que no es delegable. Que lo que, en el mejor de los casos ha hecho Presidencia, es donar a la esposa del presidente un vestuario de protocolo de la Armada Española, pero nunca pudo haberle reconocido el grado de representante de la Comunidad Autónoma, por mucho que la hayan invitado como persona física, como esposa del presidente o como concejal de Santa Cruz de Tenerife.

Nos ha salido respondón el Gobierno de Canarias. Pero muy mal respondón. Nuestra información acerca del pago de 1.200 euros de dinero público al modisto de cabecera de Ángela Mena, esposa de Paulino Rivero, para que la alicatara para un acto oficial de la Armada Española, no tiene ni medio pase. La versión oficial es que doña Ángela fue invitada por la Armada a ejercer de madrina en el solemne acto de entrega de una bandera de combate el Mando Naval de Canarias, bandera de combate que también donó el Ejecutivo autonómico. Como quiera que, según esa versión, la señora del presidente tenía que atenerse a las normas del protocolo naval, lució los complementos que rigen históricamente para la ocasión, lo que unido a la calidad de representante de la Comunidad Autónoma que ostentaba (¿?), se justifica plenamente que su vestuario corriera por cuenta del erario público. No cuela, no señor, porque cualquier experto en Derecho Administrativo sabe que los gastos de representación son exclusivos del titular de esa representación, que no es delegable. Que lo que, en el mejor de los casos ha hecho Presidencia, es donar a la esposa del presidente un vestuario de protocolo de la Armada Española, pero nunca pudo haberle reconocido el grado de representante de la Comunidad Autónoma, por mucho que la hayan invitado como persona física, como esposa del presidente o como concejal de Santa Cruz de Tenerife.