Salvador Alba, esa víctima

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha activado a todo el aparato mediático que el Partido Popular tiene en nómina para fijar ante la opinión pública que, en el caso de sus obscenas conversaciones con el ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya, la víctima es él. Se trata, según relatan los periodistas de las cloacas, de invalidar las grabaciones que ha divulgado el diario Público declarándolas ilegales por la vía de sostener que fueron realizadas por una tercera persona, es decir, por alguien que no estuvo presente en esas reuniones durante las que se diseñaron métodos cuasi mafiosos para acabar con los rivales políticos del ministro en Catalunya, circunscripción por la que se ha presentado como número 1 del PP. Es cierto: sólo las grabaciones aportadas por alguna de las partes presentes en la conversación son válidas ante la justicia. Se trata, por lo tanto, de esquivar el fondo de la cuestión y detenerse, en una pirueta absurda, en el debate sobre quién registró las conversaciones, por qué y, sobre todo, quién se beneficiaría de su filtración. Acojonante.

[No se pierdan este estupendo resumen (con vídeo-infografía) de Iván Suárez, Adargoma Santana y Macame Mesa sobre quién es quién en esta trama corrupta: Alba, Soria, Lleó, asociación Jiménez de Asúa, Chavanel... y lo que falta por aflorar, que aflorará].

¿Quién graba a quien?

Fernández Díaz ha tenido la prudencia de no querellarse contra nadie, ni de presentar una denuncia en el juzgado de guardia para que se averigüe el origen de esas filtraciones. Ha preferido, cómo no, utilizar a la Policía para que abriera una investigación sin amparo judicial, y nadie parece haberse escandalizado por el atropello que supone que la fuerza pública se presentara en la Redacción del diario Público a pedir –“amablemente”, eso sí- las grabaciones. El ministro sabe perfectamente que si denuncia el caso ante la justicia ha de acudir al juzgado competente a ratificarse y, consecuentemente, ser interrogado como denunciante y víctima.

Primera pregunta: ¿Reconoce usted su voz?

La primera pregunta, tras las oportunas obviedades, es de libro: “¿Reconoce usted su voz en esa grabación?” También la segunda: “¿Había más personas presentes en esas reuniones suyas con don Daniel de Alfonso?” Y hasta la tercera: “¿Cree que el señor De Alfonso le pudo grabar utilizando su teléfono móvil o sospecha que alguien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado manipularon su teléfono para convertirlo en zombi?” El ministro se ha ahorrado de momento esta embarazosa situación porque ha sido más prudente que el juez Salvador Alba Mesa, que se encuentra en una coyuntura muy parecida.

Alba, en su laberinto

Salvador Alba actuó impulsivamente el día que eldiario.es publicó su conversación con el empresario Miguel Ángel Ramírez. No se paró a meditar y optó por el órdago a la grande: la grabación está manipulada y el que ha cometido un delito es el que la realizó. Así que raudo y veloz se fue al juzgado de guardia a denunciar a Ramírez y al abogado Sergio Armario, con el que al parecer concretó ese encuentro. Era tal el estado de shock y de desorientación que presentaba Alba ante los funcionarios del juzgado de guardia que el juez le rogó que fuera él quien se sentara delante del ordenador a redactar la denuncia, a ver si al menos él era capaz de entenderse consigo mismo. La primera contradicción empezaba a tomar cuerpo: ¿cómo es posible denunciar a alguien como autor de una grabación y a la vez afirmar que había una tercera persona grabando o, peor aún, que la conversación se registró mediante la instalación de algún mecanismo presencial o remoto colocado maliciosamente en dependencias judiciales?

Aplazar, aplazar, que el mundo se va a acabar

No midió sus pasos el magistrado Alba porque su denuncia se transformó, como es menester, en diligencias previas, lo que obliga a la práctica de una serie de pruebas encaminadas a esclarecer los hechos denunciados. Y eso ha hecho el juez Passaro, titular de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ya sabe que fue Alba el que concretó y consintió esa reunión con Ramírez; que fue Alba el que maquinó la entrada del empresario por el circuito restringido de la Ciudad de la Justicia, y que pertenece a Salvador Alba la voz que se escucha en la grabación. Sin embargo, Passaro no ha tenido todavía la ocasión de interrogar al denunciante porque éste ya ha empleado dos maniobras dilatorias encaminadas a retrasar tan sublime momento. La última de estas maniobras ha consistido en pedir un aplazamiento porque su nuevo abogado, Nicolás González-Cuéllar Serrano (anda, el abogado de Soria, como si no hubiera ninguno en Canarias, entre otros su amigo López Mendoza, al que archivó alguna causa cochina durante su paso por Instrucción 8), no podía acudir a la citación judicial por encontrarse atendiendo otra en Madrid.

Yo, víctima

La comparecencia se celebró, sin embargo, y en ella pudo apreciarse cuál es la postura del magistrado denunciante: soy una víctima y como tal, usted tiene que tratarme, vino a decirle sucintamente al juez. Léame mis derechos como víctima, y procure no olvidarse de ninguno. Claro que, en su estado de confusión jurídico-mental, llegó a mezclar su condición de víctima en ese proceso con su condición de investigado (antes imputado) en el que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la misma dichosa grabación. Y fue él mismo el que desveló las claves: si digo aquí la verdad, a lo que estoy obligado como denunciante/víctima, puedo perjudicarme en la otra causa, donde sí puedo mentir como un bellaco. Pero si sigue obstaculizando la instrucción de su denuncia a lo que se arriesga es al archivo, y por lo tanto a un apoteósico ridículo.

Un barrido en busca de micrófonos

Pero ya hace un tiempo que Salvador Alba no sale de un ridículo para meterse en otro, eso sí, amparado por una parte de la cúpula judicial, deseosa de sacarlo de este atolladero de una manera más o menos honrosa para evitar que el hombre se sienta abandonado y saque la lengua a paseo. Quizás por esa fuerza interior que le proporciona saberse protegido por algunos otros compañeros de toga, se ha permitido algunos deslices dignos de mención. Por ejemplo, reclamar que se hiciera un barrido en los despachos de los jueces de instrucción de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para verificar la existencia en alguno de ellos de micrófonos o de cualquier otro dispositivo capaz de captar, grabar o emitir los sonidos allí producidos. El barrido se hizo con resultado negativo y el correspondiente cachondeo entre el respetable. Primero, porque la conversación entre Alba y Ramírez, cuya grabación el magistrado quiso atribuir inicialmente a siniestros micrófonos colocados bajo su silla, no se produjo en ningún despacho de Instrucción sino en el suyo propio en las dependencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas, es decir en otra torre distinta.

Ningún dispositivo perverso

Además de no encontrarse ningún dispositivo sospechoso (no hay constancia de que en su búsqueda la Policía Científica se tropezara con algún burro volador), la grabación de audios en un despacho requeriría que en el mismo hubiera un mecanismo que habría de ser retirado en su momento por el espía en cuestión, lo que quedaría registrado por las cámaras de seguridad. Porque también ha quedado policialmente descartado que dada la estructura y materiales de construcción de los edificios de la Ciudad de la Justicia, un aparato emisor remoto pueda hacer llegar su señal al exterior de una manera sencilla y con calidad suficiente. Por lo tanto, ya la primera exigencia de Alba quedó ridiculizada.

Tapado por el Poder Judicial

Ese comportamiento asirocado, casi tormentoso de Salvador Alba desde que fuera descubierta su participación activa en la querella de José Manuel Soria contra la también magistrada Victoria Rosell, no parece estarle pasando ninguna factura disciplinaria. Las diligencias informativas que abrió hace casi dos meses el Consejo General del Poder Judicial siguen exactamente en ese punto de partida, “diligencias informativas”, es decir, bastante alejadas de las disciplinarias o de la advertencia que emitió en mayo el órgano de gobierno de los jueces de conducir a Alba a la jurisdicción penal si apreciara la comisión de algún delito. De momento sólo han detectado tal comportamiento presuntamente delictivo la Fiscalía Provincial de Las Palmas (una tímida “negociación prohibida a funcionario público”) y la jueza Carla Vallejo, que fue un poco más allá y sumó a ese presunto delito el de prevaricación, sin que pudiera o pudiese descartarse la falsedad documental y las coacciones a un imputado.

De bocachancla a censor

El tiempo transcurrido desde que saltó la grabación al conocimiento del respetable no debe hacernos olvidar que en ella se escucha al magistrado apretar las clavijas a un imputado para que declarara en contra de la jueza Rosell a cambio de archivarle su causa (negociaciones prohibidas y coacciones) y anunciar que lo llamaría a declarar para que contara todo lo que se pactó en esa reunión (prevaricación). Luego ya vino la elaboración de un informe al Supremo –a petición de Soria- incluyendo el resultado de aquella maquinación (falsedad documental). Quedaría por investigar (si es que alguien lo pide) el presunto delito de revelación de secretos, dada la amplia gama de documentos, vídeos y hasta borradores que durante la estancia de Alba en Instrucción 8 fueron convenientemente llegados a El Mundo, a La Provincia y a Antena 3 Televisión. Porque en la grabación de Ramírez se habla de un periodista, Fernando Lázaro, de El Mundo, con el que Alba mantiene una estrecha relación que le lleva a cenar con él en las vísperas a la primera portada a cuatro columnas con el caso de la ministra de Justicia de Podemos. Sin embargo, aquella facilidad comunicacional se le ha atrofiado a Alba: ahora pide a los jueces que entienden de sus causas que censuren a los periódicos que informamos sobre ellas, que debemos proteger ¡su intimidad!

Libertad de expresión, la llaman

Hemos recurrido ante el juez Passaro su auto ordenándonos retirar de Canarias Ahora el vídeo de la airada declaración de Alba del pasado lunes. Alegó el magistrado que es la víctima en el procedimiento y que sus derechos como tal deben ser salvaguardados. Nosotros sostenemos que no, que es una víctima falsa, que su denuncia es una cortina de humo y que la emisión del vídeo es informativamente relevante para mostrar a nuestros lectores el fondo de la cuestión. No se trata de una causa secreta sino de un asunto de gran trascendencia pública del que no debe hurtarse ningún elemento a los ciudadanos. Frente a la pretensión de que ahora se respete su intimidad le aplastan los vídeos de las cadenas de televisión a cuyos platós acudió solícito para contar las cuitas que Soria quería que contara contra la jueza Rosell. Nos asiste el derecho a la libertad de expresión y a la libre información, y a nuestro recurso se ha adherido el fiscal. Alba no es una víctima, es un juez corrupto al que el Poder Judicial continúa manteniendo al frente de tribunales que han de juzgar comportamientos corruptos. Es el favorito de los grandes corruptos de Canarias. Por algo será.