Segundo patinazo de Clavijo en Gran Canaria

Fernando Clavijo apenas lleva dos meses al frente del Gobierno de Canarias y durante este tiempo ya se ha mostrado cómo es y cómo quiere su equipo médico habitual que sea. Y no siempre encajan bien las piezas. Tiene buenas intenciones, o al menos se les suponen, pero con una falta en el manejo de algunas situaciones que obligan a ampliarle más allá de los cien primeros días de cortesía el periodo de prueba habitualmente otorgado a un político que estrena puesto. Decir en un foro público, ante periodistas, empresarios y profesionales de toda sensibilidad y color, que el presidente de una autoridad portuaria está sometido a su dictado como lo están los consejeros del Gobierno requiere, como mínimo, algunas consideraciones. Una autoridad portuaria es un organismo dependiente de Puertos del Estado, que a su vez cuelga del Ministerio de Fomento. Sus presidentes son nombrados por Fomento, eso sí, a propuesta de cada comunidad autónoma, que a su vez designa a dos representantes en su consejo de administración. Este órgano, el consejo de administración, está formado además por representantes de los cabildos insulares, el ayuntamiento de la ciudad, cámara de comercio, empresarios, sindicatos y Puertos del Estado, unas personas que, estatutariamente, asumen responsabilidades personales en el ejercicio de las funciones que le son propias como administradores que son. Básicamente, el consejo de administración tiene que respaldar y avalar decisiones estratégicas, inversiones, concursos, concesiones, etcétera, es decir, la vida cotidiana del puerto o de los puertos que dependen de esa autoridad portuaria. Sus miembros son responsables de sus actos pero también de su inacción, y si el consejo mandata al presidente de turno a que haga gestiones para mejorar esta o cualquier otra posición de desventaja de los puertos dependientes del organismo, el presidente está obligado a ejecutar la encomienda. Por lo tanto, un presidente de una autoridad portuaria no puede depender jamás de un consejo de gobierno o de un presidente autonómico. Responde ante su consejo de administración. Otra cosa es que desde el Gobierno de la comunidad autónoma en el que se encuentra se sugieran y hasta se impongan unas determinadas políticas generales de actuación en pro de una estrategia estructurante (o cualquier otro palabro que les suene bien para definir la obligada coordinación que han de observar las instituciones públicas). Pero nunca podrán ser impuestas al consejo de administración, que es el que manda.

 

 

Las obligaciones de Luis Ibarra

Fue en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas donde se encargó a su presidente, Luis Ibarra, hacer gestiones encaminadas a aclarar qué estaba pasando con unas primas aprobadas por Puertos del Estado para abaratar en un 40% las tarifas de atraque para barcos en reparación o sin actividad en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La voz de alarma la lanzó el sector de las reparaciones navales al descubrir que esas primas habían sido publicadas en el BOE en diciembre del año pasado sin que hasta el otro día mismo nadie se hubiera percatado de la situación. Fue a raíz de esa encomienda cuando un periódico grancanario, Canarias7, toma como bandera esa preocupación empresarial que, públicamente y como es su obligación, hizo suya Luis Ibarra. Se trataba de un nuevo zarpazo del Gobierno del Estado a un punto neurálgico de la economía de toda Canarias, y más concretamente de Gran Canaria, donde el Puerto de La Luz ocupa un lugar de privilegio y consideración. Una agresión que naturalmente pronto iba a ser interpretada en claves pleitistas cuando en realidad se trataba de una más del sectarismo del PP a un puerto presidido por un socialista. Luis Ibarra sólo cumplía con su obligación poniéndose al frente de la crítica a Puertos del Estado, como ha venido haciendo a lo largo de estos últimos años cuando ha visto que desde ese organismo estatal se tomaban decisiones contra las que el presidente de la Autoridad Portuaria está obligado a oponerse sin miramientos. Es más, ha sido a raíz de esta última polémica de las primas en Santa Cruz cuando Puertos del Estado se ha visto en la obligación de resolver una vieja petición de más de año y medio de vida: la ampliación de la zona de fondeo en la rada para el abastecimiento de combustible a los buques. No existía ningún motivo objetivo para denegar esa autorización, pero al tratarse de La Luz, Puertos del Estado toca los cachivaches. El presidente de los puertos de Las Palmas tiene una trayectoria impecable de defensa de lo público, como lo demostró al frente de la Consejería de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria o en sus relaciones con las anteriores mayorías en esa Corporación y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El protagonismo que Ibarra otorgó a Juan José Cardona en la estrategia Puerto-Ciudad es una muestra evidente de que no le mueven ni el sectarismo ni la revancha, lo que por lo tanto avala sus críticas a otros organismos cuando es menester.

 

¿Buen rollito o sumisión?

No, no estuvo afortunado Fernando Clavijo cuando en el foro de opinión de Canarias7 afeó públicamente a Luis Ibarra su defensa del Puerto de La Luz. No estuvo fino ni en el fondo ni en las formas. Si, como cree el presidente, Ibarra es un subordinado político suyo, ha de hacérselo saber en privado y en privado discutir cuáles son los límites a los que pueden llegar ambos en el ejercicio de sus respectivas competencias. Por ejemplo, si el Gobierno de Canarias tiene una estrategia consistente en lanzar al Puerto de Santa Cruz de Tenerife como recinto para reparaciones navales y para eso considera bueno que se primen los atraques en ese sentido, bueno es saberlo. Y que lo sepan primero los socios del PSOE porque es a los socialistas a los que ha correspondido esa competencia llamada “económica” en el documento del pacto, los puertos, no sabemos ahora si solo los autonómicos o si también sumamos a esas políticas trasversales a los recintos de titularidad estatal. Luego habrán de saberlo los consejos de administración de las dos autoridades portuarias, más que nada para que todo el mundo actúe coordinadamente, si es que se alcanza un acuerdo en tal sentido. Y, por último, habría de saberlo la ciudadanía para que, en lo sucesivo, no puedan sorprendernos escaramuzas como esta que estamos viviendo. Desgraciadamente no estamos ante una reprimenda presidencial por fortalecimiento de una política portuaria regional, ya quisiéramos muchos que hubiera más coordinación. Nos encontramos ante un nuevo berrinche presidencial por la contestación de Ibarra al Gobierno del PP con el que Fernando Clavijo pretende mantener (al menos hasta diciembre) una relación tan cordial que a veces roza el ridículo y la sumisión. Ya le ha salido nuevamente al presidente canario su homólogo del Cabildo grancanario, Antonio Morales, para avisarle de que no él ni Rajoy, ni Soria ni Pastor, van a ponerle una pata encima al Puerto de La Luz. En dos meses es la segunda vez que Morales para las patas a Clavijo: primero por la imposición del gas que sabiamente rectificó el presidente regional, y ahora por este berrinche que no debería pasar del lugar al que ha llegado.

 

El PP despide a Valentín Solano

Basta con leer el listado de personas que acudieron al almuerzo de despedida del último jefe superior de Policía, celebrado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, para comprender algunas de las cosas que han pasado durante su gris paseo por Canarias (y perdón por lo de gris). Valentín Solano no pasará a la historia por haber hecho de la Policía un cuerpo más respetado, tanto dentro como fuera de su propia casa. No contribuyó a esa respetabilidad llegar y, confesando órdenes de la superioridad política, mayormente del ministro de Industria, cargarse al inspector que dirigió las investigaciones por corrupción del PP en Telde y en Mogán. Fue su primera decisión de calado, casi nada, pero a ella siguieron otras también en el ámbito interno que desmoralizaron a gran parte de la plantilla, como la investigación con la boca pequeña del hijo del segundo de a bordo, supuestamente relacionado con una causa por delitos económicos en plena investigación. Como tampoco agradaron sus públicos y notorios escarceos con la Guardia Civil y el Ejército en detrimento de unas más estrechas e inexistentes relaciones internas. Solano se marcha con el único reconocimiento político del Partido Popular, que fue el que lo puso y cuyas órdenes ejecutó sin miramientos y sin escrúpulos, y con el del sector de la restauración y el catering dada su acreditada afición a no perderse ni una sola cuchipanda con los altos mandos militares de la región. Cardona, que se sentó en la mesa presidencial, le concedió la Medalla de Plata de la Ciudad por méritos desconocidos y Mari Carmen Hernández Bento hizo de su mandato un panegírico tan almibarado que dejó a su sucesor como un auténtico convidado de piedra el día de su toma de posesión. Este miércoles no pudo estar allí, pero en su nombre mandó al subdelegado del Gobierno, el policía en excedencia Luis Molina, jefe superior en la sombra. Del sucesor de Solano, José Moreno, cabe esperar menos sumisión al poder político y más profesionalidad y entrega que su antecesor.

Fernando Clavijo apenas lleva dos meses al frente del Gobierno de Canarias y durante este tiempo ya se ha mostrado cómo es y cómo quiere su equipo médico habitual que sea. Y no siempre encajan bien las piezas. Tiene buenas intenciones, o al menos se les suponen, pero con una falta en el manejo de algunas situaciones que obligan a ampliarle más allá de los cien primeros días de cortesía el periodo de prueba habitualmente otorgado a un político que estrena puesto. Decir en un foro público, ante periodistas, empresarios y profesionales de toda sensibilidad y color, que el presidente de una autoridad portuaria está sometido a su dictado como lo están los consejeros del Gobierno requiere, como mínimo, algunas consideraciones. Una autoridad portuaria es un organismo dependiente de Puertos del Estado, que a su vez cuelga del Ministerio de Fomento. Sus presidentes son nombrados por Fomento, eso sí, a propuesta de cada comunidad autónoma, que a su vez designa a dos representantes en su consejo de administración. Este órgano, el consejo de administración, está formado además por representantes de los cabildos insulares, el ayuntamiento de la ciudad, cámara de comercio, empresarios, sindicatos y Puertos del Estado, unas personas que, estatutariamente, asumen responsabilidades personales en el ejercicio de las funciones que le son propias como administradores que son. Básicamente, el consejo de administración tiene que respaldar y avalar decisiones estratégicas, inversiones, concursos, concesiones, etcétera, es decir, la vida cotidiana del puerto o de los puertos que dependen de esa autoridad portuaria. Sus miembros son responsables de sus actos pero también de su inacción, y si el consejo mandata al presidente de turno a que haga gestiones para mejorar esta o cualquier otra posición de desventaja de los puertos dependientes del organismo, el presidente está obligado a ejecutar la encomienda. Por lo tanto, un presidente de una autoridad portuaria no puede depender jamás de un consejo de gobierno o de un presidente autonómico. Responde ante su consejo de administración. Otra cosa es que desde el Gobierno de la comunidad autónoma en el que se encuentra se sugieran y hasta se impongan unas determinadas políticas generales de actuación en pro de una estrategia estructurante (o cualquier otro palabro que les suene bien para definir la obligada coordinación que han de observar las instituciones públicas). Pero nunca podrán ser impuestas al consejo de administración, que es el que manda.