El periodista que la Fiscalía no se atreve a nombrar

Es una verdadera lástima que el Consejo Fiscal no sea en sus comunicados públicos igual de concreto que los miembros de esa carrera suelen serlo en sus escritos de acusación ante los juzgados. En un comunicado infrecuente, ese órgano de apoyo a la Fiscalía General del Estado salió este jueves en defensa del fiscal de Lanzarote Ignacio Stampa, duramente atacado estos últimos meses a raíz de sus actuaciones en el caso Unión y en el cierre de la bodega Stratvs, propiedad del todopoderoso empresario conejero Juan Francisco Rosa. Dice el Consejo Fiscal que contra Stampa se vienen vertiendo “insinuaciones difamatorias que ponen en entredicho conductas personales que se relacionan con actuaciones procesales”, eso sí, sin “llegar a afirmar de manera directa hechos delictivos concretos”. En el comunicado no se menciona a ningún medio informativo, pero se hace mención a “manifestaciones realizadas en radio y en artículos publicados en prensa –esencialmente de carácter regional y local- que han pretendido poner en cuestión la profesionalidad y honorabilidad del fiscal”. Con esa retórica, el Consejo Fiscal trata de evitar mencionar el nombre del periodista Francisco Javier Chavanel, no sabemos si por evitar darle publicidad o si porque entre los miembros de ese órgano se encuentra uno de sus invitados radiofónicos más recurrentes, el fiscal general de Canarias, Vicente Garrido, que no tendrá ni pizca de ganas de convertirse en diana de ese informador. El comunicado admite dos tipos de análisis. El primero, sin duda, su motivación misma: el ataque a un fiscal que se dedica a cumplir con su obligación en una isla que bate con diferencia todos los registros de corrupción por kilómetro cuadrado de todo el país. Y parte del extranjero. Y el segundo análisis, ¿qué motiva que un solo periodista arremeta de la manera que lo hace contra un representante del Ministerio Fiscal hasta provocar una reacción institucional de ese calibre que incluye la advertencia de acciones judiciales en caso de que no cesen las infamias?

Los empresarios dignos de protección

Vaya por delante que somos los primeros –y nada hace pensar que dejemos de serlo- en defender el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales. Faltaría más. Las dictan profesionales de la justicia y no se libran del escrutinio público por mucho respeto que nos merezcan los jueces y los fiscales. En demasiadas ocasiones nos encontramos con sentencias que claman al cielo, muchas veces contradictorias, y en alguna ocasión, paradójicamente injustas. Pero el ataque personal a quienes las dictan, atribuyéndoles como es el caso competencias que no tienen y motivaciones más cercanas al delito que al error procesal, entra en otro campo totalmente diferente al derecho a la información y a la libertad de expresión. Pero, ¿por qué ese ataque despiadado a Stampa y a la jueza Muñoz, que debe estar esperando a estas alturas una figura similar –la del amparo- por parte del Consejo General del Poder Judicial? El fiscal Stampa, como ocurriera con el juez Pamparacuatro, por el caso Unión, y el mismo fiscal y la juez Silvia Muñoz por el precinto de la bodega Stratvs, están sufriendo desde este último hecho judicial un escarnio público que el periodista Chavanel lleva primero a sus artículos en Canarias7, luego a su programa de radio en una emisora sin nombre y, a continuación, a las páginas del digital Lancelot y a la tertulia que ese grupo mediático lanzaroteño realiza semanalmente en Lancelot Televisión. Todo está relacionado con dos figuras clave en la corrupción lanzaroteña. De un lado, el empresario Luis Lleó, cabecilla de la trama de presuntos sobornos a cargos públicos conejeros para bendecir actuaciones urbanísticas ilegales, conocido en el argot policial y periodístico como caso Unión, y de otro, Juan Francisco Rosa, también implicado en varios casos de corrupción en la misma isla (también el caso Unión) y propietario de Stratvs, entre otros imperios florecientes a los que recientemente se ha sumado el grupo de comunicación Lancelot, que promueve la campaña contra las investigaciones de Unión, contra el cierre de la bodega de su amo y, de remate, a favor de las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Los demás sospechosos de la conspiración

Son empresarios con mucho dinero y muchas ganas de emplearlo en periodistas y en medios de comunicación capaces de hacer cualquier cosa por lavar su honor y convertir en sospechosos a los que les investigan. Da igual que sea un juez, un fiscal, la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, la Fundación César Manrique, el PSOE, los denunciantes o los abogados de las partes contrarias a la parte contratante. Lo que importa es extender una inmensa cortina de humo fétido tras la que asoman los cuernos de una inmensa conspiración que, al parecer, tiene como objetivo arruinar a la isla de Lanzarote, encarnada en el carácter emprendedor y bondadoso de los empresarios a proteger. Así, basándose en hechos ciertos como la desaparición de resoluciones judiciales del caso Unión, probablemente por robo inducido por manos igualmente inocentes, o por una instrucción desordenada e inmensa, el periodista construye una delirante novela en la que se concluye que el juez que inició la investigación y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (la famosa UCO), jaleados por el fiscal Stampa, dedicaron años de su carrera profesional a inventarse un caso de corrupción inexistente. Como elementos coadyuvantes, el novelista añade a la Fundación César Manrique, (“La fundación es la ruina de Lanzarote. Arruinando a los que quieren su progreso ellos se hacen de oro”); al mismísimo denunciante del caso, el ex consejero cabildicio Carlos Espino, que se jugó los bigotes durante un año ejerciendo de señuelo, y al diputado socialista Manuel Fajardo, al que atribuye la paternidad intelectual de toda la operación porque uno de sus compañeros en el despacho de abogados del que está ausente por motivos políticos defiende a otra bodega competidora de Stratvs en el conflicto urbanístico que a todas esas explotaciones atañe. Pues sí, el periodista mezcla el caso Unión con el cierre por delitos urbanísticos y ambientales de la bodega Stratvs hasta concluir que “aliarse con Fajardo, la Fundación César Manrique y Stampa supone un plus de protección. Tal vez Rosa debiera plantearse financiar exclusivamente al PSOE lanzaroteño y a todos sus satélites”, lo que dejaría sin comer a determinados periodistas.

Novelar sin mucho rigor

Novelar a partir de hechos ciertos requiere que el resto del relato no contenga ni imprecisiones ni burradas. Por ejemplo, decir que al fiscal Stampa lo apartaron del caso Unión por prorrogar 72 horas la detención e incomunicación judiciales de los empresarios detenidos es ignorar que la privación de libertad es potestad única del juez. Decir que Pamparacuatro no comunicaba sus resoluciones al fiscal es ignorar que tal cosa invalidaría de raíz cualquier procedimiento a instancias de la propia Fiscalía porque ésta es la única a la que hay que trasladar todas las actuaciones cuando las causas son secretas. Decir que a Pamparacuatro lo apartó Antonio Castro Feliciano mandándolo a un juzgado de La Laguna es ignorar que ni esa es una competencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ni de ningún otro órgano distinto al CGPJ, y siempre a petición expresa del interesado, que ha de participar en un concurso de traslados. En el género puro de la ficción cabría encuadrar la acusación que se hace al juez y al fiscal de tener a un político retirado como “testigo protegido” por haber sido casero de ambos en el edificio de viviendas que posee en Arrecife. Porque un testigo protegido ha de constar necesariamente en la causa penal, aunque su identidad se mantenga secreta en una pieza separada a la que no habrían de tener acceso las partes del proceso, salvo el Ministerio Fiscal, naturalmente. Que sepamos, en Unión no existe ningún testigo protegido, más bien cabe afirmar sin riesgo a equivocarse, que ni falta que hace ante las apabullantes pruebas que obran en la causa.

El síndrome Javier Varona

Al periodista Francisco Javier Chavanel le ha dado un primer aviso el Consejo Fiscal: en caso de no cesar “los ataques contra el honor personal del fiscal mencionado (…) pueden instarse o iniciarse otro tipo de actuaciones de naturaleza jurídica”. Es decir, que el Ministerio Fiscal actuaría de oficio contra el que considera autor de “insinuaciones difamatorias”. A lo que podría sumarse la juez del caso Stratvus, a la que también acribilla en su delirante defensa del empresario Juan Francisco Rosa. El aviso va en serio, y no parece que esté el periodista para muchos farolillos después de la condena que sufrió en la jurisdicción civil tras una demanda de protección del honor que le interpuso el magistrado Javier Varona. Como ocurre ahora con Juan Francisco Rosa, Chavanel se puso entonces el uniforme de camuflaje y las pinturas de guerra para acusar al juez de prevaricador por haber dictado una sentencia contraria a los intereses del empresario Rafael Bittini en el caso Tebeto, la famosa montaña de la que quería sacar una millonada sin mover una piedra. Entonces Chavanel trabajaba al servicio del empresario Jaime Cortezo, y ambos confiaban en que el triunfo de Bittini otorgara beneficios económicos a la maltrecha emisora en la que convivían. La justicia los condenó a pagar 40.000 euros de indemnización, lo que obligó a Cortezo a rascarse el bolsillo, aunque luego, al romper sus relaciones con el periodista, lo condujo a los tribunales para reclamarle sin éxito la mitad de aquel desembolso.

Nardy Barrios se mira en Olarte

Ocurrió por obra del destino. Nardy Barrios se dirigía a ofrecer su anunciada rueda de prensa en la que confirmaría al mundo que, tras 20 años en la política, lo deja todo para regresar a su despacho profesional de abogada. Por primera vez en la historia de los gobiernos del PP en Las Palmas de Gran Canaria, le ofrecieron el uso de la sala de prensa, vedada a la oposición, pero desde este jueves abierta a los que decidan abandonar. Un precedente histórico en estos tiempos en los que todo parece estar en remojo. Pero antes de subir a la sexta planta se tropezó con Lorenzo Olarte, expresidente del Gobierno sumido desde hace años en el olvido y casi en la indigencia, que acudióa a una cita con el alcalde. En él vio la decadencia de una actividad a la que ha dedicado quizás demasiado tiempo, abandonando profesión y familia, comprometiéndose en ocasiones más allá de lo que de sí podía dar. Si tenía alguna duda de su decisión, aquella imagen de un hombre desgastado por la vida, que lo fue casi todo en la política canaria y nacional, contribuyó a disiparla por completo. Porque a Olarte ni siquiera lo recibió Cardona, se tuvo que conformar con contar sus penas al teniente de alcalde Ángel Sabroso. Nardy, no tiene problemas de salud aunque esté tan delgada, excesivamente delgada después de haber sido mujer de pronunciadas curvas, celebradas por muchos de sus colegas en el Congreso de los Diputados, donde ejerció de miembro de la Mesa. Ni deja el partido con deudas bancarias fruto de campañas electorales de exiguos resultados. No se marcha a ningún otro partido político con mejores expectativas, sencillamente lo deja todo para pasar página. “Ni siquiera estoy cansada; lo dejo y punto”. Cuesta trabajo creerla, pero de momento habrá que creerla. Le deseamos, naturalmente, lo mejor.

Es una verdadera lástima que el Consejo Fiscal no sea en sus comunicados públicos igual de concreto que los miembros de esa carrera suelen serlo en sus escritos de acusación ante los juzgados. En un comunicado infrecuente, ese órgano de apoyo a la Fiscalía General del Estado salió este jueves en defensa del fiscal de Lanzarote Ignacio Stampa, duramente atacado estos últimos meses a raíz de sus actuaciones en el caso Unión y en el cierre de la bodega Stratvs, propiedad del todopoderoso empresario conejero Juan Francisco Rosa. Dice el Consejo Fiscal que contra Stampa se vienen vertiendo “insinuaciones difamatorias que ponen en entredicho conductas personales que se relacionan con actuaciones procesales”, eso sí, sin “llegar a afirmar de manera directa hechos delictivos concretos”. En el comunicado no se menciona a ningún medio informativo, pero se hace mención a “manifestaciones realizadas en radio y en artículos publicados en prensa –esencialmente de carácter regional y local- que han pretendido poner en cuestión la profesionalidad y honorabilidad del fiscal”. Con esa retórica, el Consejo Fiscal trata de evitar mencionar el nombre del periodista Francisco Javier Chavanel, no sabemos si por evitar darle publicidad o si porque entre los miembros de ese órgano se encuentra uno de sus invitados radiofónicos más recurrentes, el fiscal general de Canarias, Vicente Garrido, que no tendrá ni pizca de ganas de convertirse en diana de ese informador. El comunicado admite dos tipos de análisis. El primero, sin duda, su motivación misma: el ataque a un fiscal que se dedica a cumplir con su obligación en una isla que bate con diferencia todos los registros de corrupción por kilómetro cuadrado de todo el país. Y parte del extranjero. Y el segundo análisis, ¿qué motiva que un solo periodista arremeta de la manera que lo hace contra un representante del Ministerio Fiscal hasta provocar una reacción institucional de ese calibre que incluye la advertencia de acciones judiciales en caso de que no cesen las infamias?

Los empresarios dignos de protección