Usuarios de las playas del sur de Gran Canaria apelan a la Ley de Costas para parar los chiringuitos de la familia condal

La familia del Conde de la Vega Grande, antiguos propietarios feudales de arenales y grandes zonas áridas en el sur de Gran Canaria, y posteriores promotores del emporio turístico Maspalomas Costa Canaria, aprovechó el confinamiento de la población decretado por el estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus para instalar un chiringuito sobre la arena de la popular playa de Las Burras. Sin que hubiera trascendido a la opinión pública, la familia condal había conseguido la autorización para ocupar el dominio público un año atrás sin que ningún particular o representante de las administraciones públicas se opusiera. Cuando empezó la construcción y estalló la polémica entre usuarios y empresarios de la playa, la respuesta de las administraciones fue tajante: “Eso está hecho. No hay nada que hacer”.

Sin darse por vencidos, y con la Ley de Costas como argumento, usuarios de la playa y vecinos de esta zona turística del municipio de San Bartolomé de Tirajana vuelven a movilizarse contra el proyecto que consideran un daño injustificado al dominio público y al medio ambiente, exigiendo la revocación de la autorización y la retirada del chiringuito.

“Sí que se puede, y se debe, hacer algo”, dice el firmante de una de las numerosas peticiones de renovación recibidas por la Delegación de Costas de Canarias, Pepe Fernández, que fue director de Costas del Gobierno de Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2008 y gerente del Consorcio para la Rehabilitación de las Zonas Turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas.

Fernández apunta al artículo 55.1 de la Ley de Costas: “Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad”.

El ex director general de Costas alega que la construcción de un quiosco en una playa estrecha y con amplios servicios de restauración a su alrededor como es la de Las Burras no cumple con los requisitos de la Ley de Costas para justificar la ocupación del dominio público marítimo terrestre. La ley solo permite construir aquí los servicios que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación y exige que las edificaciones de servicio de playa se ubiquen preferentemente fuera de ella. Fernández añade que la playa ha sido objeto de intenso uso durante décadas sin que los usuarios ni las administraciones hayan pedido nunca la instalación de un chiringuito para satisfacer ninguna necesidad.

Además, en base al artículo 55.1 antes mencionado, alega que la revocación de la autorización está sobradamente justificada. En primer lugar, priva al público de parte del dominio público para sus usos propios, como estar y pasear, además del disfrute de su paisaje, ahora obstaculizado por el chiringuito. Alega también que la colocación de una estructura injustificada sobre la arena es en sí un perjuicio de la playa. Además, señala que el chiringuito, instalado en un área susceptible de ser alcanzada por el oleaje según los estudios del Ministerio de Transición Ecológica, obstaculiza las oscilaciones naturales de la costa, afectando a la integridad de la playa y exponiéndola a los daños por la diseminación de los elementos y residuos de la instalación en caso de que sea destrozado por el oleaje.

Fernández, entre otro muchos, también ha pedido la denegación de la autorización a la familia del Castillo para construir otro chiringuito en la playa de San Agustín, colindante a la de Las Burras. Subraya que, aunque la familia del Conde tenga el derecho preferente a la explotación de las playas por haber sido estas de su propiedad antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988, “el derecho preferente es solo para explotar lo que Costas autorice, no lo que ellos quieran”.

Respecto a la revocación de la autorización, el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Rafael López Orive, dice que es un proceso inusual y subraya la importancia de la seguridad jurídica.

Sin embargo, Fernández dice que los interesados en el proyecto debían saber que la revocación unilateral era una posibilidad: “Cuando se les concedió la autorización, conocían las condiciones”, dice.

López Orive asegura que, de aceptar a trámite la petición de revocación, “se mirará con lupa”, incluyendo los estudios de inundación y cauces. Ha pedido informes al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias y pedirá consejo también a la Abogacía del Estado. Advierte que puede ser un proceso largo y complicado y espera hacer el reconocimiento de final de obras a principios de este mes, citando también a representantes del Ayuntamiento para que hagan las comprobaciones que consideren.

El jefe de la demarcación de Costas se muestra crítico de las demás administraciones por su falta de implicación en la regulación del uso de la playa. Ninguna se pronunció en su momento respecto a la autorización de ocupación, concedida en 2018, ni tampoco se ha pronunciado ninguna aún respecto a la autorización en San Agustín ni esta petición de revocación. Lamenta además la falta de un plan de utilización y servicios por parte del Ayuntamiento y de una declaración de playa natural o urbana por parte del Gobierno de Canarias. “Si no hacen los deberes, ¿yo qué hago? ¿Cierro la playa al baño?”, se pregunta.

El director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manolo Amador, cree que, con esta postura, la delegación de Costas “está echando balones fuera”. Asegura que, de acuerdo con sus competencias limitadas a los espacios naturales protegidos, su consejería responderá a la petición de información de Costas o bien inhibiéndose o diciendo sencillamente que el quiosco no afecta a ningún espacio protegido. Amador confía en la adecuada tramitación de las autorizaciones por parte de Costas y subraya que “el que mejor conoce la Ley de Costas es Costas”.

Por su parte, el Ayuntamiento, tras algunos desacuerdos entre miembros del Gobierno a favor y en contra de los chiringuitos, dice que se va a reunir para decidir su postura al respecto y las acciones a tomar. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias está aún estudiando la situación, pero asegura que, por lo menos en el caso del nuevo proyecto de chiringuito en San Agustín, va a responder a la petición de información de Costas.