Canarias se alinea con el resto de regiones ultraperiféricas para rechazar la tasa europea sobre el carbono

Las regiones ultraperiféricas (RUP) de Francia, Portugal y España, entre las que se encuentra Canarias, han advertido este a la Comisión Europea de que sus ciudadanos ya cargan con sobrecostes de transporte por su lejanía respecto al continente y “no podrían soportar una nueva tasa europea sobre las emisiones de carbono”.

En un comunicado conjunto tras la reunión que celebran en Fort-de-France, los gobiernos regionales y locales de Canarias (España), Guadalupe, la Guayana Francesa, Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín (Francia), Azores y Madeira (Portugal) señalan que la nueva comunicación publicada por las Comisión sobre las RUP responde solo “parcialmente” a “algunas” de sus preocupaciones.

Las ocho regiones más alejadas de la Europa continental expresan su “preocupación” por el paquete legislativo del Objetivo 55 (los objetivos de reducción de emisiones ligadas al cambio climático), por “las consecuencias que podría tener respecto a un trato equitativo para las poblaciones” de estos territorios.

Las RUP ya habían conseguido este martes de la Comisión Europea el compromiso de extender desde 2023 (su límite actual) hasta 2030 el trato preferente que tienen respecto al impuesto verde al queroseno, que les permite quedar exentas de esa tasa en los vuelos que comunican su territorio con sus respectivos estados.

Sin embargo, a través del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que asumirá la coordinación del grupo a partir de noviembre, ya habían alertado de que no lo les basta.

Las regiones ultraperiféricas quieren una exención por más tiempo y más amplia, que se aplique a los vuelos desde cualquier territorio de la UE, no solo a los de su país, y también al transporte por mar.

En su comunicado conjunto de este miércoles, estas regiones de Francia, Portugal y España recuerdan que gracias a la biodiversidad que conservan son ya “contribuyentes negativos respecto a los objetivos de reducción de las emisiones de carbono”.

Imponer una nueva tasa a los combustibles del transporte aéreo o marítimo, argumentan, representa para sus economías una “amenaza” con “repercusiones insuperables sobre las conexiones aéreas y marítimas, tanto internas como externas, de estas regiones”.

Asimismo, subrayan que ya sufren “las consecuencias negativas derivadas de las alteraciones en el suministro por vía marítima”, ya que “a la escasez de materias primas, bienes de consumo básico, alimentos para animales o fertilizantes, principalmente, se suman los retrasos en las entregas de mercancías, el aumento excesivo del coste de los fletes, de la energía y de los insumos”.

“El poder adquisitivo de los hogares se encuentra en la actualidad gravemente afectado y los distintos sectores de actividad se enfrentan a importantes sobrecostes coyunturales, que vienen a sumarse a los sobrecostes estructurales vinculados” a su lejanía de la Europa continental, añade el comunicado conjunto.

Por ello, exigen un trato específico, en aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dispone que, al adoptar medidas que les puedan afectar, el Consejo debe “tener en cuenta las características y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas comunes”.

El resto de los ámbitos de la Comunicación de la Comisión sobre sus territorios en los que las RUP no ven respondidas por completas sus preocupaciones son estos: los problemas demográficos de sus regiones, el futuro de sus flotas pesqueras, la concreción de mecanismos de puesta en marcha de la estrategia y una posible reforma del POSEI (el instrumento de la política agraria común que atiende sus condiciones singulares de lejanía e insularidad).