La cesta de la compra más cara de las últimas décadas cuestiona la idoneidad de un impuesto canario único en Europa

La rebaja del IVA en productos básicos para aliviar el precio de la cesta de la compra ha hecho recordar a los canarios dos cosas. Por un lado, que aquí no se aplica el impuesto mencionado, sino el IGIC, y que este último está al 0% en la mayoría de los alimentos de primera necesidad desde hace ya un tiempo. Y por otro, que en el Archipiélago existe un arancel único en Europa, el AIEM, pensado para proteger el producto local frente a las importaciones. Algunos sectores de las Islas, especialmente empresarios e importadores, han aprovechado la ocasión para pedirle al Gobierno canario que rebaje los tipos impositivos de este gravamen, que en algunos casos alcanza el 15%, porque en su opinión encarece los precios. El Ejecutivo regional, sin embargo, considera que no lo hace.

El Arbitrio sobre la Importación y la Entrega de las Mercancías (AIEM) nació en Canarias hace dos décadas. A la administración autonómica de por entonces le preocupaba la caída libre que estaba experimentando la producción local en las Islas debido a la deslocalización de las empresas y la globalización, lo que hizo que entre los años 1985 y 2000 el sector perdiera a un 67% de sus trabajadores. La solución pensada fue un impuesto que grava las entregas de bienes producidos en el Archipiélago. El Consejo de la Unión Europea (UE), en un informe que avala la norma, reconocía entonces que las condiciones actuales de concentración “no permiten a las empresas canarias sacar un provecho comparable al de las que están situadas en mercados menos aislados y más grandes”.

La noticia fue bien recibida entre los industriales de la región. El AIEM, a fin de cuentas, permite a los productos elaborados en Canarias partir con una ventaja competitiva frente a los que se traen de fuera, como el agua embotellada (al que se le aplica un tipo del 5%), el chocolate (10%) o los huevos frescos (15%). El director de la Oficina del Gobierno canario ante la UE en Bruselas, José Sánchez Ruano, lo ejemplifica con un caso muy concreto en su tesis doctoral El modelo económico de Canarias en la Unión Europea y su influencia en los precios de productos de alimentación. El Kétchup local, de la marca Intercasa, costaba 1,08 euros en el momento de la publicación de la investigación (2017); el Kétchup foráneo, de la multinacional Heinz y al que se le aplica un tipo impositivo del AIEM del 15%, valía 1,28, un 18,5% más.

Los datos por sí solos deberían despejar el camino de los agricultores y productores canarios. El problema es que la penetración del autoabastecimiento en las Islas sigue en pañales. Según un estudio de la Universidad de La Laguna (ULL), los productos alimentarios de origen local solo suponen un 20,1% del valor comercial de todos los que se comercializan en la comunidad, mientras que, si se atiende al volumen, ese porcentaje asciende al 34%. Para muchos profesionales dedicados a la ganadería y agricultura, continúa saliendo más barato importar que elaborar localmente. Y eso ha provocado que desde la llegada del AIEM, ni el sector primario ni el secundario hayan ganado músculo en la economía canaria.

En este contexto, las voces contra el polémico arancel han vuelto con fuerza estos días después de las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido Unidos por Gran Canaria (UxGC) ha reclamado una bajada del impuesto, que afecta a 156 bienes y ha sido ampliamente criticado por proteger a industrias cuyas matrices se hallan en el extranjero, para “abaratar el precio de los productos básicos que componen la cesta de la compra”. La Asociación de Importadores de Canarias (ADICAN) también se ha manifestado a favor de dicha reducción. El empresario importador Sebastián Grisaleña, expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE), ahonda en esta idea. “Es un abuso por parte de las instituciones. Se está castigando al consumidor canario”, apunta a ahora.plus.

La lógica de este razonamiento es muy sencilla: si en el Archipiélago se paga más por importar muchos alimentos, algunos de ellos básicos en cualquier compra como el queso o las papas, eso lo nota el consumidor canario cuando acude al supermercado. Los que sostienen esta idea recuerdan que las dos provincias de Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, suelen ocupar los primeros puestos de la clasificación de las localidades más caras de España en este sentido. El último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) especifica que en las capitales de Gran Canaria y Tenerife se paga de media un 22 y 18% más en la cesta de la compra, respectivamente, en comparación con el establecimiento más barato de España, ubicado en Vigo. Eso sí, en otras ciudades como Barcelona (24%), Huesca (24%), Madrid (24%), Oviedo (23%), Girona (23%) o Bilbao (23%) se destina incluso más.

Para el Gobierno de Canarias, el “mantra” de que el AIEM encarece el coste es un tema que tiene “poco recorrido”. “La cesta de la compra depende de la competencia, y eso en el sector minorista canario está bien resuelto. Una vez pasados los reajustes motivados por la guerra y sus consecuencias, el problema de la inflación en alimentos se desinflará”, explica un miembro importante del Ejecutivo. El vicepresidente autonómico, Román Rodríguez, señaló esta misma semana a las grandes superficies, que en su opinión “están abusando” y han creado un “mercado trucado” en el que “suben los precios cuando les da la gana (…) y están forrando a algunos con márgenes del 30 o del 40%”. El Banco de España (BdE) emitió recientemente un informe en el que constata que los beneficios de las mercantiles han crecido siete veces más que los salarios en 2022.

La justificación en la que principalmente se escuda el Ejecutivo regional para defender su postura es en la variación del Indicador de Precios de Consumo (IPC) desde que aterrizó el AIEM. En todo este periodo (2002 en adelante), el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas en las Islas siempre ha sido inferior a la media estatal, salvo en el año de introducción del citado tributo. Un estudio de impacto de la administración, publicado en 2005, concluye que “una vez asumido dicho cambio de nivel impositivo, no existe evidencia que indique que este arancel ha introducido distorsiones significativas en los precios de consumo de Canarias, los cuales han mostrado, en general, un comportamiento de las tasas de inflación más benigno”. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan una inflación del 15,1% en el Archipiélago en referencia a este subgrupo, por debajo del promedio nacional (15,3%).

“Tengo muchas dudas de que el AIEM incremente el valor de la cesta de la compra”, asegura Francisco Palero, abogado de la Asociación de Usuarios de Servicios de Canarias (AUSCAN). “Creo que están aprovechando las circunstancias para tener un marco impositivo menor. Porque si lo que se quiere es bajar los precios, que se pongan de acuerdo y lo hagan”, remacha. Virgilio Correa, presidente de la Asociación Industrial de Canarias, agrega: “El debate se ha abierto de nuevo porque estamos cerca de las elecciones y hay que hacer algo. Los mercados más pequeños son muchísimo más competitivos que los grandes porque la gente está más influida por un punto de venta. Y competencia como la que existe en Canarias, no hay”.

El Ejecutivo canario matiza que los factores que determinan los precios de los productos son varios. Aparte de la competencia, también entran en juego la escasez de la oferta, los costes logísticos provocados por la insularidad, el incremento temporal de la demanda (como sucede siempre en algunas épocas del año, como Navidad), el monopolio de un bien de determinado distribuidor o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies.

Los argumentos esgrimidos, no obstante, no satisfacen a los más críticos con el AIEM. El partido UxGC recuerda que la recaudación del impuesto en 2022 “estará por encima de los 200 millones de euros, esto es, unos 120 millones más de lo inicialmente previsto”. La Comisión Europea, de hecho, recordó en la revisión del arancel en 2020 (la próxima será en 2027) que “la aplicación de esta ventaja fiscal deberá estar sujeta a un límite de 150 millones de euros, salvo en casos debidamente justificados”. La formación, en palabras de su responsable económico, Enrique Hernández Bento, rehúye precisar si una deducción del tributo abarataría el precio de la cesta de la compra en las Islas. De lo que sí están seguros es de que “hay margen de maniobra” para bajar su tributación.

En caso de aprobarse una medida de esta índole, la hemeroteca advierte del alto riesgo de apropiamiento de la rebaja por parte de los productores, lo que no abarataría el precio de los productos, sino que serviría para inflar las arcas de las empresas en detrimento de las estatales. Sin ir más lejos, bajar el IVA en países de la UE entre 1996 y 2015 apenas incidió en el coste de los alimentos, según un estudio publicado en la revista Journal of Political Economy. Para Grisaleña, en Canarias no debería haber ningún miedo a ello en caso de que se hiciera con el AIEM, puesto que, según dice, “los mercados se regulan solos”.