El futuro arrendatario del Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria deberá asumir una inversión mínima de 10,5 millones de euros para renovar y restaurar este inmueble “con alma”, proyectado por Miguel Martín-Fernández de la Torre, y subrogar a sus 130 empleados.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio de viabilidad encargado por el Ayuntamiento a la consultora Codexca de cara a la renovación, en noviembre de este año, de la gestión del “icónico” hotel público, cuya construcción finalizó en 1950.
El concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo (NC), ha presentado este viernes las bases que regirán el nuevo contrato de arrendamiento de este establecimiento, cuyo pliego de condiciones elaborará la sociedad municipal de Gestión Urbanística (Geursa), y que seguirá teniendo categoría de cinco estrellas.
Tras presidir una reunión del consejo de administración de la sociedad municipal Hotel Santa Catalina SA, que ha dado este viernes su visto bueno a esta propuesta “de mínimos”, Quevedo ha recalcado que en este concurso el Ayuntamiento “no quiere hacer una subasta”, sino garantizar, durante 35 años, una explotación que respete la conservación y el mantenimiento del histórico inmueble, en el que están protegidos desde el mobiliario hasta parte de su pavimento.
Tras comparar el funcionamiento de otros hoteles españoles similares, como el María Cristina, en San Sebastián; el Alfonso XII, en Sevilla; o el Mencey, en Santa Cruz de Tenerife, el estudio concluye que el Santa Catalina, con 202 habitaciones, doce de ellas suites, debería contar con 180 habitaciones y aumentar su número de suites para ser más competitivo, además de ampliar su plantilla, ya que la actual es inferior a la ratio media de los establecimientos de su categoría.
Quevedo ha aludido al canon que cobra el Ayuntamiento al arrendatario del Hotel Santa Catalina, que en 2015 era de 26.500 euros al año, para cuya actualización no ha descartado que se incremente hasta los 900.000 euros e incorpore, como ocurre en el María Cristina y el Alfonso XIII, otra tasa que garantice la conservación y el mantenimiento del hotel, que en estos dos casos asciende al 3 y al 4% de la facturación.
Sobre este asunto, el concejal ha insistido en la necesidad de que el Ayuntamiento pueda hacer seguimiento, cada año, del estado de conservación y mantenimiento de este hotel, “que es patrimonio de todos”.
Pedro Quevedo ha detallado que el canon que paga el Hotel María Cristina, con 110 empleados, es de 600.000 euros al año, mientras que en el del Alfonso XIII, con 170 trabajadores, es de 668.000, y del Mencey, con una plantilla de 132 empleados, es de 1,8 millones de euros.
Respecto a los ingresos de explotación que prevé el estudio “conservador” encargado por el Consistorio para la adjudicación del nuevo arrendamiento del Santa Catalina, Quevedo ha dicho que se estiman en 116 euros por habitación, con una ocupación del 73 % de las plazas.
Estos cálculos implicarían una tasa de retorno de la actividad del 18%, lo que cubriría la explotación del hotel durante cinco años, en los que se incluirían dos de cierre para la realización de las obras de rehabilitación y mejora.
El concejal ha recalcado que a la hora de valorar las propuestas que se presenten a este concurso, que suscita interés en el sector hotelero, “lo objetivo pesará un 80% y lo subjetivo un 20%”, si bien ha precisado que este último concepto ha de ser “medible”.
Pedro Quevedo ha explicado que la oferta que, además de ajustarse a los parámetros básicos del pliego, incorpore acciones relacionadas con la promoción de la dinamización de la ciudad o la mejora de parte de los jardines que rodean al hotel o sus zonas comunes obtendrá una mejor valoración por parte de su consejo de administración, que será el que adjudique su nueva explotación.
El Ayuntamiento prevé gastar 50.000 euros en los estudios previos y la tramitación de este contrato y gestionará, según ha dicho este viernes Quevedo, “el proceso de transición” que pueda afectar a la plantilla del hotel durante el tiempo que pueda permanecer cerrado por obras con el fin de “no dejar tirado a nadie”