La 'calderilla' del Carnaval de Cardona llega a los 63.000 euros

Unos 63.000 euros, esa es la cantidad que ha costado el acuerdo entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con los vecinos de la Comunidad de Propietarios del número 5 de la calle Simón Bolívar y que permitió sellar el conflicto que arrastraban las dos partes desde hace años por las molestias ocasionadas por el Carnaval. Un dinero que el Grupo de Gobierno, en manos del Partido Popular hasta el próximo 13 de junio, todavía no ha desembolsado.

El alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, había señalado que el coste económico era “calderilla” en comparación con la importancia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el movimiento económico que genera y “la tranquilidad de poder celebrar estos actos en el Parque”. En esa rueda de prensa en la que dio cuentas del pacto con la comunidad de vecinos, el regidor no avanzó las cantidades del acuerdo, pero insistió que cuando se conociera la cifra exacta “con los céntimos” lo informaría a la ciudadanía, compromiso que, a falta de una semana para terminar su mandato, todavía no ha cumplido. En ese acto también comentó que “no estaba dispuesto a hipotecar el futuro del Carnaval” y por ello el Consistorio cedió en el pago del litigio y firmño ese pacto que garantiza la celebración de los actos en el Parque de Santa Catalina para los próximos años.

De estos 63.000 euros unos 15.000 corresponden a los honorarios del letrado y procurador abonados por la comunidad de vecinos desde el año 2009 hasta el procedimiento suscrito por las partes el pasado 5 de febrero, la noche antes del acto de conciliación en Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

El resto del dinero tiene que ver con los demás puntos señalados en el acuerdo y que se debía haber pagado en el plazo de un mes, hecho que aún no ha acontecido, convirtiéndose en la primera herencia de Cardona conocida para el alcalde que tome las riendas de la capital el próximo 13 de junio.

En este desembolso se incluían los gastos correspondientes a la limpieza de la comunidad como consecuencia de las fiestas, el realojo durante los días de las celebraciones de las personas más sensibles por condiciones de salud, edad o supuesto similar, y el acta notarial acreditativa de la instalación de los chiringuitos.

Para el Ayuntamiento el gasto no finaliza aquí ya que en el citado acuerdo rubricado por Juan José Cardona, la letrada de Juristas Contra el Ruido y la presidenta de la Comunidad de Propietarios del número 5 de la calle Simón Bolívar, se fijó que en los venideros carnavales también se tenía que subsanar los gastos de limpieza diaria de la comunidad cada año mientras duren las fiestas y los gastos de alojamiento alternativo o medidas análogas como la insonorización de las viviendas.

Asimismo, se estableció un máximo de ruido de 60 decibelios que un perito controlará, medida que Cardona también acordó sufragar. Otra de las cláusulas que se firmó entre las tres partes fue que formen parte de la comisión de garantías de las fiestas, aparte de los representantes del Ayuntamiento y de los grupos de Carnaval, un representante designado por la comunidad de propietarios y otro por parte de Juristas Contra el Ruido, cuyos salarios serán a cargo de la Administración local (aunque del primero solo en caso de que sea un profesional contratado para la ocasión).

Este periódico contactó este viernes con la concejala de Cultura y Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Isabel García Bolta, quien no negó esta información, aunque solo respondió que no estaba en horario laboral y que se contactara con ella el lunes. En cuanto a la abogada de Juristas Contra el Ruido, esta declinó realizar declaraciones.