Podemos propone una oficina anticorrupción en el Parlamento canario
Podemos Canarias se compromete en su programa electoral para los comicios del 24 de mayo a crear una oficina anticorrupción en el Parlamento regional, con la que pretende acabar con la sensación de “impunidad” que tiene la ciudadanía ante “uno de los principales problemas” de las Islas.
La secretaria general de Podemos Canarias, Meri Pita, ha reconocido este jueves en rueda de prensa que la Cámara tiene organismos para velar por la transparencia en el uso del dinero público.
Sin embargo, ha defendido que los numerosos casos de corrupción conocidos en Canarias -“que son solo la punta del iceberg”-, sugieren que estos organismos parlamentarios están fallando, por lo que, a juicio de su partido, es necesaria la creación de una oficina de control de este tipo de fraudes que devuelva a la ciudadanía la confianza en sus dirigentes e instituciones.
Podemos Canarias aclara que su iniciativa no es una invención suya, sino que se inspira en una propuesta que ya aprobó la ONU en octubre de 2003 en Nueva York, y que considera preciso ponerla en marcha en las Islas, con “un cuerpo especializado e independiente” que se encargue de prevenir y combatir la corrupción.
Esta oficina antifraude dependería del Parlamento de Canarias para garantizar su independencia y trabajaría por “fortalecer la transparencia e integridad del sector público” en las Islas, además de velar por el cumplimiento de “las buenas prácticas y la correcta concesión de los fondos públicos”.
El primer ámbito de actuación de la oficina, que tendría personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, es el de prevención, ya que gestionaría programas de formación para altos cargos públicos, personal de la administración y la ciudadanía, para crear conciencia y herramientas que distingan lo que es política social de aquella que está al servicio del interés privado.
En un segundo nivel, la oficina atenderá a las denuncias e investigaciones, iniciadas de oficio o a instancias de otros organismos, de empleados públicos o de particulares, que no podrán ser anónimas, aunque si habrá un protocolo para salvaguardar la identidad del denunciante, a quien se le proporcionará, además, asesoramiento.
Una vez tramitada la denuncia y comprobada su buena fe, si tiene algún indicio de delito se remitirá a la Fiscalía Anticorrupción y, en el caso de ser irregularidades administrativas, se seguirá con la investigación dentro del organismo.
El tercer nivel de actuación de la oficina antifraude es el de publicar las conclusiones de la investigación, que se presentarán en en Parlamento y se difundirán a través de la web de la Cámara. Después, se redactarán recomendaciones que corrijan estas actuaciones que han dado lugar a estas actuaciones irregulares.
La propuesta de Podemos es que el Parlamento oferte una terna de candidatos para dirigir esta oficina y que sea la ciudadanía, a través de una consulta a modo referéndum, la que decida.
Según Podemos, la corrupción es una “lacra” y uno de los “mayores obstáculos” para el desarrollo de la sociedad canaria, que genera grandes impactos económicos y sociales, limitando el desarrollo del bienestar de la ciudadanía.
La formación recuerda que un informe del Consejo General del Poder Judicial de abril de 2013 destacaba a Canarias como la cuarta comunidad autónoma con más casos de corrupción judicializados de extrema complejidad, con 197 casos que afectan al 35 de los 88 ayuntamientos de las islas. Si se atiende al número de casos por cada 100.000 habitantes, añade Podemos, Canarias ocupa el primer lugar, una tasa de 0,9.
Además, expone que un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 2010 estima que el coste social de la corrupción es de 2.000 millones de euros al año, solo 500 millones menos que el presupuesto de la Consejería de Sanidad para 2015 o todo el dinero previsto para Educación, Servicios Sociales y políticas de fomento del empleo.
Por todo ello, Podemos ha precisado que tiene sus “líneas rojas” a la hora de apoyar la gobernabilidad en los ayuntamientos, cabildos o Ejecutivo canario tras los comicios del 24 de mayo, ya que no pactarán con aquellas formaciones políticas que cuenten con imputados en sus listas.
