El Gobierno canario pretende realizar la consulta sobre el petróleo en noviembre
La consulta popular que el Gobierno de Canarias tiene intención de convocar para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las prospecciones petrolíferas se realizará, como pronto, a principios de noviembre, después de que el Ejecutivo autonómico decidiera este jueves acelerar los trámites legales.
La tramitación por el procedimiento de urgencia de los decretos que van a posibilitar esta consulta supone reducir todos los plazos a la mitad, de manera que se adelantará un mes la fecha de celebración inicialmente prevista, ha explicado a Efe el consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola (PSOE).
En todo caso, la intención del Gobierno de Canarias es que la consulta se lleve a cabo antes de que la compañía Repsol comience las exploraciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, autorizadas por el Gobierno central en contra del criterio del ejecutivo autonómico, el Parlamento de Canarias y los cabildos y ayuntamientos de esas dos islas.
La consulta no es un referéndum, es “estrictamente legal” y está prevista en la Ley de Participación Ciudadana de Canarias de 2010, ha subrayado Hernández Spínola.
El consejero ha recordado que el Gobierno de Canarias decidió desarrollar esa Ley de Participación por la falta de respuesta del Ejecutivo central a su petición para que se le autorizara a convocar un referéndum en el archipiélago sobre los sondeos.
Hernández Spínola sostiene que, como finalmente no se ha optado por un referéndum -modalidad que solo puede autorizar el Estado, de acuerdo a la Ley Orgánica 2/1980-, sino por una consulta ciudadana, el procedimiento no se rige por la normativa electoral.
Podrán participar, bien sea de forma presencial en urna o por procedimientos electrónicos, los residentes y empadronados en Canarias, pero también las entidades ciudadanas y personas jurídicas sin ánimo de lucro que se inscriban en el Registro de Participación Ciudadana, al que también han de apuntarse los ciudadanos que elijan pronunciarse de forma telemática.
Para desarrollar la Ley de Participación Ciudadana, el Gobierno de Canarias aprobó a finales de junio dos decretos de desarrollo de esta norma, uno para crear el Registro de Participación Ciudadana y otro que regula con carácter general las consultas.
El primero de esos decretos ya fue remitido por el Consejo de Gobierno a su Consejo Consultivo, que debe elaborar un informe preceptivo.
Tras un periodo de información pública, en el primer Consejo de Gobierno de septiembre estará aprobado el decreto sobre las consultas, tras lo cual el Consejo Consultivo dispondrá de un plazo de quince días, la mitad de lo habitual, para concluir su informe al respecto.
En la primera semana de octubre serán aprobados y publicados en el Boletín Oficial de Canarias ambos decretos.
Con esos decretos ya en vigor, el siguiente paso hacia la consulta se producirá en una reunión del Consejo de Gobierno para definir el contenido de la pregunta.
El Gobierno canario no podrá preguntar directamente a los ciudadanos su opinión sobre las prospecciones, porque legalmente la consulta debe ser sobre asuntos en los que la comunidad autónoma tenga competencias (la autorización de sondeos en el mar compete al Estado, según ha sentenciado el Tribunal Constitucional).
Pero sí se podrá redactar una pregunta que relacione los sondeos con materias en las que Canarias sea competente, como el turismo o el medio ambiente, defiende Hernández Spínola.
Una vez definida la pregunta, el presidente del Gobierno de Canarias aprobará un decreto de convocatoria de la consulta, que deberá celebrarse al menos 30 días naturales después, es decir, como pronto a principios de noviembre.
El día de la consulta, los ciudadanos y entidades ciudadanas inscritos en el Registro podrán emitir su opinión por medios telemáticos y el resto de personas podrán hacerlo presencialmente en urnas que se distribuirán por edificios y oficinas públicas de la comunidad autónoma.
Una comisión de control formada por tres funcionarios designados por el Gobierno y tres representantes de entidades ciudadanas elegidos a sorteo se encargará del cumplimiento de la normativa durante el proceso y de certificar el recuento.
