Canarias ultima abrir las consultas ciudadanas a participantes de 16 años
El decreto del Gobierno de Canarias que desarrolla el procedimiento de consultas populares como la que pretende convocar este otoño sobre el petróleo deja a criterio del presidente de la comunidad autónoma, en este caso Paulino Rivero, rebajar la edad de los participantes a los 16 años.
El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, ha explicado en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha acordado este jueves remitir a su Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el procedimiento de urgencia, lo que le obliga a emitir su informe en 15 días.
El decreto confiere al presidente del Gobierno de Canarias la potestad de fijar la fecha de la consulta y de decidir “los términos exactos de la pregunta o preguntas directas” que se plantearán.
La normativa que regulará las consultas populares en Canarias determina que, en el decreto de convocatoria de la consulta, el presidente del Gobierno concretará a la edad a partir de la cual se puede participar en ella, “no siendo inferior a los 16 años, salvo para aquellas consultas que versen sobre asuntos de juventud, en los que podrá establecerse a partir de los 14”, ha explicado Marrero.
La consulta se realizará tanto de forma presencial como telemática, a través de una aplicación informática que se está desarrollando, y en ella también podrán participar personas jurídicas que se inscriban con antelación en el Registro de Participación Ciudadana.
Según el portavoz del Ejecutivo canario, los 16 años son “una edad que se establece en distintas normas de los reglamentos jurídicos vigentes en España”.
Por ejemplo, ha precisado, los ciudadanos mayores de 16 años pueden prestar su consentimiento a un tratamiento médico, casarse y emanciparse y participar en el mercado laboral.
Por tanto, ha continuado, el Gobierno canario ha entendido que teniendo todos estos reconocimientos, “los mayores de 16 años pueden participar perfectamente en las consultas que convoque éste o próximos gobiernos de Canarias”.
Respecto a la cantidad de población que podrá participar en la consulta, ha señalado que el Ejecutivo no dispone de un censo previo de la población y ha detallado que para que un ciudadano pueda dar su opinión tendrá que acreditar su edad mediante en DNI y su residencia en la comunidad autónoma.
Asimismo, ha comentado que para cada convocatoria concreta, en un segundo decreto del presidente, se concretarán los detalles organizativos para el correcto desarrollo y recuento de la consulta.
Entre ellos, ha detallado el portavoz gubernamental, la dirección de correo electrónico que se habilitará para la recepción de opiniones y los lugares físicos en los que estarán las sedes administrativas para la emisión de opinión presencial.
El proyecto de decreto prevé también la creación de una comisión de control, integrada por tres funcionarios de carrera y tres representantes de la ciudadanía inscritos en el Registro de Participación, que serán elegidos por sorteo.
El ejercicio de estas tareas será en todo caso voluntario, ha añadido Marrero, quien ha aseverado que esta comisión velará por el cumplimiento de la normativa durante el proceso y resolverá las reclamaciones que pudieran presentarse.
Para el Gobierno de Canarias, el sistema de consulta a la ciudadanía que propone es “constitucional y respeta todo el ordenamiento jurídico vigente” al tratarse de una fórmula de participación ciudadana que está prevista en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía.
La reseña del decreto difundida esta tarde por el Gobierno de Canarias habla en todo momento de consulta, no de referendo; de participantes, no de votantes; y de opinión, no de voto.
