El Gobierno canario se siente discriminado por un PP que defiende a “los suyos en Baleares”
El vicepresidente del Gobierno canario, José Miguel Pérez, ha afirmado este viernes que respecto a las prospecciones petrolíferas hay “provocaciones” y un efecto discriminatorio por parte del PP, que trata de forma diferente “a los suyos en Baleares” frente “a los demás en Canarias”.
José Miguel Pérez se pronunció de esta manera en declaraciones a los periodistas en Madrid, con motivo de una reunión con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y en donde exigió que no se produzca “esta circunstancia”, en alusión a la discriminación entre ambos archipiélagos que a su juicio fomenta el Gobierno central.
Para el también consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, el Gobierno canario está en condiciones de exigir “con la ley en la mano” al central que autorice su demanda de efectuar una consulta popular para que los ciudadanos opinen sobre las prospecciones, algo que es “una enorme preocupación”.
Canarias vive de la realidad turística y del mar, prosiguió el vicepresidente autonómico, y cualquier incidente puede afectar a una actividad que supone el componente más alto de su Producto Interior Bruto y al agua “que se desala y potabiliza”.
Preguntado por la intervención este jueves en el pleno del Ayuntamiento lanzaroteño de Teguise del concejal popular Roger Deign, que posteriormente consideró erróneo que se interpretase que asoció la creación de empleo con un derrame de crudo, Pérez dijo que no hay respuesta “ante semejante disparate”.
En todo caso, añadió, podrían responder las autoridades estadounidenses que tuvieron que hacer frente al vertido en el golfo de México.
Respecto a las informaciones que aluden al hecho de que la posibilidad de efectuar sondeos en busca de hidrocarburos fue autorizada por un Gobierno socialista, José Miguel Pérez, que es también el secretario general del PSOE canario, dijo que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero “no la reactivó”.
Ello fue así porque siempre se respetó el principio de que mientras no hubiese acuerdo con las administraciones públicas canarias sobre este asunto “no se reactivarían”.
Pero el Gobierno popular, en cuanto llegó al cargo “el ministro canario de Industria”, en referencia a José Manuel Soria, la reactivó “en meses” sin mediar diálogo ni negociación alguna con los representantes legítimos del pueblo canario, especialmente los de las islas más próximas al lugar designado para las concesiones.
Al respecto, afirmó que no se puede engañar a la opinión pública en cuanto a que Industria afirma que las prospecciones se harán a 60 kilómetros de las islas, cuando en la autorización se especifica que la empresa Repsol puede hacerlas a partir de los 9 kilómetros.
Esto “es un problema común” con Baleares, insistió José Miguel Pérez, quien aseguró que el hecho de que el Gobierno canario no tenga respuesta por parte del central en cuanto a la consulta popular “no tiene precedente alguno en una relación de lealtad institucional”.
Tampoco han sido contestadas las alegaciones presentadas al estudio de impacto ambiental redactado por Repsol, y que a su juicio no tiene la entidad que se exige en el ordenamiento jurídico español a un documento de este tipo.
