La querella que el Gobierno de Canarias estudia presentar contra quienes han participado en la autorización de las prospecciones petrolíferas que está realizando Repsol a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura parte de posibles delitos en la declaración de impacto ambiental.
El exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha confirmado hoy a Canarias Radio La Autonómica que ha recibido el encargo del Gobierno canario de realizar un dictamen sobre todo el procedimiento seguido para autorizar este proyecto petrolífero.
“Primero hay que determinar si los hechos presentan apariencia de posibles delitos de prevaricación o falsedad o, incluso, si aparecen otros y, en segundo lugar, quién es el autor. En principio, es la persona que firma la autorización de impacto medioambiental, que en este caso es el secretario de Estado de Medio Ambiente (Federico Ramos de Armas)”, ha manifestado Martín Pallín.
El exmagistrado explica que, en su estudio del expediente, “inicialmente” se van a centrar “en el impacto medioambiental” de las prospecciones, aunque matiza que “en toda investigación las derivaciones pueden ir apareciendo según se profundice en ellas”.
Martín Pallín recuerda que los delitos medioambientales están concebidos en España como “delitos de riesgo, no de resultado”. “Y entre estos riesgos está que los turoperadores de los países que orientan el turismo hacia Canarias se lo comuniquen al cliente. Eso puede ser muy perjudicial para el turismo en Canarias, sin que conste de una manera clara que tenga ventajas para el archipiélago y mucho más concretamente para Lanzarote y Fuerteventura, que son las dos islas más directamente afectadas”, argumenta.
Martín Pallín y sus colaboradores están analizando si “se ha hecho un análisis científico riguroso o, incluso, si se han falseado, alterado u omitido algunos datos”, en varios ámbitos, como “los impactos sísmicos, la posible afección sobre especies marinas protegidas, los caladeros pesqueros y otros riesgos derivados”.
El jurista considera además que Canarias puede haber sufrido un trato discriminatorio respecto a Baleares o Málaga en la autorización de las prospecciones, porque “a primera vista” le parece que “se han tomado decisiones distintas ante situaciones similares”, lo que sugeriría un posible escenario de “arbitrariedad e injusticia”.
El exmagistrado se ha referido también a la reforma de la Ley de Hidrocarburos que ha puesto en marcha el Consejo de Ministros para crear un nuevo tributo sobre la extracción de petróleo cuyos ingresos se destinen, en parte, a las comunidades autónomas y ayuntamientos donde se encuentren los yacimientos (o a las más cercanas, si la actividad tenga lugar en el mar, como en Canarias).
Desde su punto de vista, esa reforma legal demuestra que en el Gobierno central “no están muy seguros de que la resolución que han adoptado sea la que defienda mejor los intereses generales y, quizá, consideran que los ciudadanos son gente manipulable y maleable que se van a conformar con una limosna por posibles daños y perjuicios”.