El Supremo aplaza el fallo sobre los sondeos de Repsol y pide más documentación
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado este viernes que suspende el señalamiento para la deliberación, votación y fallo fijado para el 1 de abril sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura contra el Real Decreto de 16 de marzo de 2012 autorizaban las prospecciones petrolíferas en nueve grandes áreas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
Esta suspensión de la fecha del 1 de abril se realiza atendiendo a una solicitud presentada por el propio Cabildo majorero, en la que se llamaba la atención del Tribunal Supremo sobre la inexistencia en la documentación del proyecto de la multinacional petrolera, que tramita el Ministerio de Industria, de todo lo concerniente a los estudios científicos y trabajos de investigación del Proyecto Life+Indemares sobre espacios marinos con alto valor ambiental.
El Tribunal Supremo acuerda en el auto que ahora se conoce la práctica de la prueba, a cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, consistente en que aporte la documentación completa justificante tanto de la iniciativa de incluir entre los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) el denominado Espacio Marino del oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura en el seno del Proyecto Life+Indemares.
También le reclama al Ministerio que justifique por qué de las 10 áreas LIC propuestas en Life+Indemares, 9 han sido ya expuesta públicamente y tramitadas, y únicamente resta la de Fuerteventura y Lanzarote que afecta al área de las prospecciones petrolíferas.
Agricultura tiene ahora un plazo máximo de 20 días para aportar la documentación exigida, para que luego pueda ser evaluada por las partes durante cinco días.
Este LIC marino afecta a gran parte de la superficie cuyas autorizaciones tramita el Ministerio de Industria para realizar prospecciones petrolíferas por la multinacional Repsol, y está en el entorno de los pozos donde Repsol pretende comenzar a perforar.
“Se lo habíamos dicho por escrito al Ministerio y no nos hicieron caso. Ese expediente de las prospecciones petrolíferas es una auténtica chapuza que se cae a trozos, y que además va en contra del sentir democrático de los canarios”, afirmó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.
El TSJC informa que, al aceptarse la prueba de Cabildo de Fuerteventura y suspenderse el señalamiento, la Sala ha suspendido también los otros seis recursos sobre los que iba a deliberar el 1 de abril en relación al mismo asunto, que han sido planteados por la Comunidad de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, WWF Adena, la Fundación César Manrique e Izquierda Unida.
Satisfacción del Gobierno de Canarias
Por su parte, la decisión del Tribunal Supremo de pedir al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que incorpore estudios científicos realizados por el proyecto Life+ Indemares en relación a las prospecciones petrolíferas cerca de Canarias, “ratifica” que falta documentación, afirmó este viernes el Gobierno canario.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, expresó la satisfacción del Ejecutivo canario porque el Tribunal Supremo haya acordado hoy posponer la reunión que tenía previsto celebrar su Sala de lo Contencioso Administrativo el próximo martes para fallar los recursos presentados contra las prospecciones petrolíferas para incorporar al expediente nueva información ambiental.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, Martín Marrero opinó que el Ejecutivo central ha querido ocultar esos informes y añadió que las cosas no están tan clara como se ha querido hacer ver desde el Ministerio de Industria porque falta documentación “esencial”.
Martín Marrero manifestó que con la decisión del Tribunal Supremo también se ratifica que el expediente está incompleto “no se sabe si por negligencia o deliberadamente”, y añadió que el Tribunal Supremo ha sacado los “colores” al Ministerio de Industria y a Repsol por no aportar unos trabajos realizados por otro departamento del Gobierno español.
