Anulados todos los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura posteriores al 22 diciembre por gobernar solo con dos consejeros

La Delegación del Gobierno en Canarias ha emitido un informe vinculante que obliga al Cabildo de Fuerteventura a anular todas las decisiones adoptadas en Consejo de Gobierno después del 22 de diciembre, fecha en la que perdieron el quórum mínimo de tres que obliga el Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura (ROF).

En un comunicado, el Partido Popular ha informado del informe de la Delegación del Gobierno emitido después de que el presidente Sergio Lloret se quedara con un solo consejero, Juan Nicolás Cabrera, de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) tras el cese de los siete consejeros de Coalición Canaria y el abandono de los cuatro del Partido Popular.

Además, el informe de la Delegación del Gobierno da un plazo de un mes para que revoque cuantas decisiones hayan sido adoptadas en Consejo de Gobierno a partir de esa fecha y pone de manifiesto la intención deliberada de Lloret de ignorar el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura.

El artículo 42 de ROF señala que, para la válida constitución, celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos del Consejo de Gobierno Insular se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes.

Además, se indica que, si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, media hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la presencia de la tercera parte de sus miembros y en todo caso un número no inferior a tres, incluyendo la Presidencia.

A pesar de que el texto es claro en ese aspecto, el Grupo Popular en el Cabildo ha recordado que el presidente se saltó de forma intencionada el máximo reglamento de funcionamiento de la institución amparándose para ello en un informe externo que en nada era vinculante. Los populares han señalado que, para articular y dar validez a la celebración de los Consejos de Gobierno, Sergio Lloret llegó incluso a amenazar al personal del Cabildo.

Ante esto, el PP exigirá que se diriman todas las responsabilidades políticas necesarias ante una acción grave y continuada que ha llevado a la Institución insular a adoptar decisiones bajo un procedimiento ilegal.