Tres acusados del caso Montecarlo admiten el saqueo de más de 300.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife

Tres de los cuatro acusados del caso Montecarlo admiten el saqueo de más de 300.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife a través de contratos fraudulentos entre 2007 y 2010. El entonces interventor de la corporación municipal Carlos Sáenz y los empresarios Javier Betancort y José Vicente Montesinos han reconocido este jueves en el juicio que sustrajeron de manera ilícita fondos públicos de la capital de Lanzarote mediante el abono de facturas a las sociedades mercantiles Gestecal S.L., Recingest S.L. y Progestril S.L. Todas ellas con el acusado Montesinos como administrador único. El total de los pagos por servicios inexistentes a estas tres empresas superarían los 300.000 euros. El cuarto acusado, el abogado Federico Toledo, ha negado su colaboración en estos hechos y su defensa ha pedido la absolución.

El Ministerio Fiscal, representado en este caso por Carla Asensio, ha reducido las penas solicitadas para los tres investigados que han confesado por “colaborar activamente con la Administración de Justicia”. Para Carlos Sáenz y José Vicente Montesinos, la Fiscalía pide ahora tres años y seis meses de prisión frente a los quince años y seis meses de cárcel solicitados por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho y blanqueo de capitales. En el caso del interventor, se le imputan además los delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público también exige el pago de 20.000 euros de multa para cada uno de ellos.

Para Javier Betancort, la pena exigida tras su confesión es de un año y seis meses de cárcel e inhabilitación del derecho al sufragio pasivo por el mismo tiempo. Antes de reconocer los hechos, la pena solicitada era de diez años y ocho meses de prisión. La pena privativa de libertad solicitada para el letrado Federico Toledo se mantiene en cuatro años y diez meses.

Una “defensa ficticia”

El abogado Federico Toledo está acusado de no defender de manera deliberada los intereses públicos para los que se le designó como letrado del Ayuntamiento de Arrecife, simulando ejercer una defensa ficticia en un juicio que concluyó en una sentencia que obligaba a la corporación municipal a pagar 60.000 euros a una de las empresas de José Vicente Montesinos. El abogado no recurrió esta sentencia e informó a la administración de esta resolución una semana después de que fuera emitida.

Según el acusado, la demora se debía a que estaba “fuera de Lanzarote”, pero insiste en que cuando la trasladó quedaban 14 días naturales para poder recurrir. Toledo apuntó que recibió órdenes del Ayuntamiento para no hacerlo. Sin embargo, dos de los testigos que declararon este jueves en Arrecife, el exalcalde Manuel Fajardo y el entonces secretario Francisco Javier López, niegan que hayan emitido esta orden al letrado.

La acusación popular concluyó que la designación de Toledo como abogado de la corporación municipal se corresponde con la relación personal que este mantenía con el entonces alcalde Cándido Reguera, ya que ambos militaban en el Partido Popular. “Reguera no escogió a un abogado objetivo que defendiera los intereses de la capital, sino a uno de su confianza al que pudiera manejar”.

La letrada Irma Ferrer también destacó que la decisión de no recurrir la sentencia que perjudicaba a Arrecife fue del acusado, que mantenía vínculos empresariales con el administrador único de la sociedad que ganó el procedimiento. Asimismo, Ferrer subrayó que Toledo no comunicó al Ayuntamiento que existían intereses contrapuestos, sino que optó por crear una defensa ficticia: “No solo no renuncia, sino que asegura que su objetividad está intacta”.

Según la Fiscalía y las acusaciones, Federico Toledo, junto al alcalde y la exconcejal de Recursos Humanos, entraron en diciembre de 2012 al despacho de la secretaria que custodiaba facturas reclamadas por el Ministerio Fiscal, forzaron un armario para obtenerlas y las trasladaron al domicilio personal del entonces alcalde. Hechos que el acusado niega y por los que la secretaria y testigo en el juicio Asenet Padrón interpuso una denuncia ante la Policía Local. Padrón ha explicado este jueves que un mes después fue cesada de su cargo. La defensa de Federico Toledo ha alegado que en el momento de los hechos la relación comercial entre el acusado y los dos empresarios también investigados en esta pieza del caso Montecarlo ya había terminado.

La sesión se ha celebrado tanto en los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria como en Arrecife, desde donde han intervenido el Ministerio Fiscal, la acusación popular representada por Irma Ferrer y dos de los acusados: Carlos Sáenz y Javier Betancort. También en Lanzarote han declarado como testigos el exalcalde de Arrecife Manuel Fajardo, la concejala de Recursos Humanos de la corporación en 2011 Nayra Callero, el secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé José Manuel Fiestas, y los secretarios de Arrecife Francisco Javier López y Asenet Padrón.

En Gran Canaria han declarado Federico Toledo y José Vicente Montesinos. El juicio estaba previsto también para este viernes y para el próximo lunes, sin embargo la conformidad de tres de los acusados ha permitido que este jueves el procedimiento haya quedado visto para sentencia.