El AIEM: un arancel necesario para proteger a la producción local

Por su situación geográfica, por la escasez de recursos naturales, por la lejanía respecto al continente, por determinadas particularidades y especificidades, Canarias es una comunidad autónoma que ha tenido desde la conquista y sigue teniendo un régimen económico-fiscal diferente al resto del territorio nacional. Un régimen que reconoce las limitaciones permanentes de nuestra región —lejanía, insularidad, reducidas dimensiones, relieve y clima adversos, o la dependencia económica de un reducido número de productos—, permitiendo la adopción de medidas específicas adaptadas a nuestra singularidad.

Principalmente, esto quiere decir que, aunque forme parte del territorio aduanero de la Unión Europea y tenga la misma legislación aduanera, la imposición indirecta es diferente. Por ello, las operaciones relacionadas con la importación en Canarias están sujetas a impuestos propios, como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el Impuesto sobre Combustibles Derivados del Petróleo o el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).

En el caso del AIEM es un impuesto indirecto de aplicación única en las Islas Canarias, similar al “octroi de mer” de los territorios franceses de ultramar, que grava la producción e importación de determinados bienes, independientemente de su origen. Asimismo, establece determinadas reducciones y exenciones aplicables a determinados productos fabricados en las islas. El objetivo principal de este tributo es proteger la producción interior, y promover e incentivar a los productos locales y a las nuevas actividades industriales y de producción que puedan sustituir en un futuro a los productos equivalentes importados.

Así, tal y como detalla la Ley 4/2014, de 26 de junio, por lo que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias, actualmente vigente, el tipo aplicable de carácter general para el AIEM es del 5%, aunque existen algunos productos que tienen un gravamen del 10% o el 15%. Ello ha permitido que, en el período 2015-2019, existan tendencias positivas visibles generadas por el AIEM, como el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y el aumento positivo del número de empresas y puestos de trabajo creados.

Por esta razón, la Comisión Europea apoya su continuidad e indica, en un informe sobre la aplicación de este Arbitrio, que las medidas especiales introducidas en 2014 tienen una incidencia positiva en las condiciones económicas y sociales de las Islas, pues las desventajas que afectan al Archipiélago -en particular la lejanía, las reducidas dimensiones y la fragmentación del mercado local- siguen existiendo y dan lugar a costes adicionales que no se ven sobrecompensados por la aplicación de las exenciones permitidas a determinados productos.

En el documento de la Comisión Europea se hace hincapié en que, teniendo en cuenta las desventajas relacionadas con la situación específica de las Islas, que generan dificultades ligadas sobre todo a los costes de producción más elevados (transporte, energía, suministros de materias primas, tratamiento de residuos, etc.) y a la limitada diversificación de la economía, que es más frágil y sensible, la continuación de estas medidas sigue estando justificada, confirmando que una posible reducción o eliminación de la protección otorgada mediante el AIEM podría resultar perjudicial para la industria o el sector agrario local y, en general, para el desarrollo económico y social de Canarias.

Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que sigue siendo necesaria la actualización del listado de productos y su eventual encaje en los tres tipos de gravamen previstos -que en ningún caso se incrementan- para mantener el objetivo principal del AIEM: proteger la industria canaria y al sector agrario local, que se encontraban en fase de recuperación, para protegerlas de la competencia exterior y fomentar su competitividad. Esto es, el AIEM tiene un sentido aplastante, pues con él se pretende proteger la producción local de un territorio pequeño, fragmentado, alejado, con problemas para generar materias primas y que, en consecuencia, deben hacer frente a costes de producción más elevados lo que repercute negativamente en la rentabilidad y viabilidad de sus industrias o explotaciones.

Por otro lado, no podemos aceptar el mantra de que este arancel encarece la cesta de la compra, pues si hacemos una comparativa con España, se constata que durante el periodo 2002-2019, con el AIEM, la tasa de inflación de la economía canaria fue inferior a la de la media española. En el promedio de dicho periodo, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) General de Canarias se cifró en el 1,5% frente al 2,0% de España, por lo que se registró un diferencial medio anual de 5 décimas porcentuales favorables al Archipiélago. No existen, pues, datos concluyentes que permitan afirmar con rigor que el AIEM haya sido el causante directo del incremento de los precios.

En definitiva, por estas razones no compartimos la posición del sector importador canario que, de manera legítima defiende sus propios intereses planteando la eliminación de este arancel, pero que no responde al interés general: sin el AIEM se pondría en peligro una parte del tejido productivo y, por tanto, del empleo de las islas, al no compensarse las desventajas de esta región ultraperiférica, dado que este Arbitrio grava los bienes importados que se producen en Canarias y funciona como un mecanismo de salvaguarda para proteger y, al mismo tiempo, potenciar las producciones locales.

Producción local que sigue siendo muy vulnerable y que exige medidas de protección para contrarrestar las desventajas sufridas por Canarias; que genera riqueza, estabilidad y empleo en estos sectores estratégicos que reducen nuestra dependencia del exterior y tienen la capacidad de garantizar el suministro de bienes al mercado local, con productos frescos y de calidad, en caso de problemas de suministro externo -como ocurre en la actualidad con la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus-, permitiendo, además, el desarrollo del conjunto de nuestra economía.

*Miguel Ángel Pulido Rodríguez es director General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia