“Vuelven a poner en el eje del desarrollo turístico de Canarias el cemento y el ladrillo”
La plataforma La Palma, territorio sostenible, que se opone a las recientes modificaciones legislativas de ordenación del territorio llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias, se ha presentado públicamente este viernes en en Cabildo con la intervención de Dailos González, de Podemos; Miguel Ángel Pulido, Nueva Canarias; Melanio Hernández, Intersindical Canaria; Eduardo Pérez, Sí se Puede Fuencaliente; Pablo Díaz, Ben Magec-Ecologistas en Acción; Felipe Ramos, Izquierda Unida Canaria; Santiago Pérez, catedrático de Derechos Constitucional de la Universidad de La Laguna, y Faustino García Mázquez, arquitecto y urbanista.
Dailos González, de Podemos, ha señalado que la Ley del Suelo y la modificación de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002 sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como Ley de las islas verdes, serán normativas “muy agresivas” para el territorio palmero que permitiría “hacer determinadas actuaciones urbanísticas en terreno rústico y de protección medioambiental”. Asegura que “podría darse la paradoja de que se puedan construir apartamentos u hoteles en suelo rústico mientras que un agricultor no podría edificar una casa o un cuarto de aperos”.
El representante de Nueva Canarias, Miguel Ángel Pulido, dijo que las citadas normas “van a suponer un deterioro importante del suelo agrario, una amenaza para el futuro de la agricultura”. “Vuelven a poner en el eje del modelo de desarrollo turístico de Canarias el cemento y el ladrillo, y vuelve al modelo desarrollista ya fracasado y que nos ha traído hasta aquí, a tener en las Islas, a pesar del crecimiento turístico de estos últimos años, casi un 30% de paro”, añadió. Aseguró que se trata de “una agresión irreversible al medioambiente de Canarias, un giro del insularismo más rancio y un retroceso en la construcción de Canarias que generará un vacío legal y mayor inseguridad jurídica”.
Por su parte, Melanio Hernández, de Intersindical Canarias, manifestó que el sindicato rechazaba estas leyes porque suponen “un paquete de ansias de construcción y un proyecto que no garantiza el interés general de los ciudadanos de Canarias”. Criticó que se transfieran las competencias territoriales a “los 88 ayuntamientos, algunos de ellos sin capacidad técnica, que serán comidos por las ansias de la reserva de inversiones”. “Estamos convencidos de que es posible el desarrollo económico y social –que es necesario- pero no con el mismo modelo del cemento de hace muchos años”.
Eduardo Pérez, de Sí Se Puede Fuencaliente, expuso que en Isla, “después de la sentencia del Tribunal Supremo declarando la nulidad del Plan Especial de la Actividad Turística de La Palma, el Cabildo tenía la oportunidad de desarrollar y consensuar con los colectivos sociales y la sociedad otro modelo de desarrollo turístico diferente al que se pretendía, un modelo que preservara no solo el medio natural, el suelo agrícola, sino que fuera capaz de repartir los beneficios que genera entre las personas que habitamos en la Isla, pero lejos de optar por ahí, sigue apostando por una estrategia turística que impulsa el desarrollismo de otras islas y compromete un suelo productivo que habría que proteger”.
El colectivo Ben Magec-Ecologistas en acción estuvo representado en la rueda de prensa por Pablo Díaz, quien afirmó que “la intención que subyace en las modificaciones legislativas no es la de simplificar trámites sino dar cobertura legal o amparo a todo aquello que hasta ahora eran usos compatibles con la protección del territorio”. Añadió que “no existirá suelo de protección agraria, forestal, paisajístico o natural en Canarias que no sea susceptible de convertirse en solar para uso urbanístico, y esto lo justifican mediante un diagnóstico perverso según el cual las leyes no están para corregir los desmanes sino literalmente para dar cabida a la realidad, según ellos, y facilitar su expansión en el territorio”.
Felipe Ramos, de Izquierda Unida, subrayó que “estamos en un momento crucial en el que podemos asistir a un cambio de modelo territorial y económico que permita que se deje de conocer una realidad de la Isla que existía hasta el día de hoy; los cambios legislativos podrían permitir una colonización del espacio agrario, una urbanización de nuestro litoral como nunca hemos conocido aquí, y es un cambio de modelo que bien harían nuestros gobernantes en señalarlo claramente, no escondiéndose detrás del desarrollo sostenible que falsamente nos intentan vender, o haciéndonos creer que las altas tasas de desempleo en nuestra Isla se van a solucionar construyendo hoteles, puertos deportivos y campos de golf, saben que no se va a generar el empleo, ni el crecimiento ni la riqueza para revertir en una legislatura, ni en dos, las dramáticas cifras socioeconómicas que padece La Palma, con unos problemas estructurales que evidentemente no van a resolver las modificaciones que se presentan”. “Hay alternativas, y viables, en la línea de construir una Isla con soberanía energética y alimentaria o que apueste decididamente por la diversificación del sector primario, y eso depende de la voluntad política de nuestros gobernantes, que nos han llevado a un callejón sin salida y que hoy apuestan por una solución cortoplacista sin futuro y que nos llevaría a la destrucción de nuestra principal recurso, que es el medioambiente”.
Santiago Pérez, catedrático de Derechos Constitucional de la Universidad de La Laguna, apuntó que “la mal llamada Ley de las islas verdes se ha convertido en la avanzadilla de una operación política y empresarial como yo no recuerdo”. “Nunca había visto una ofensiva de los sectores empresariales más agresivos y al mismo tiempo una debilidad tan grande de nuestro sistema institucional como la que refleja este paquete de leyes”, agregó. “No se puede estar tratando de llevar a cabo una operación legislativa de esta envergadura forzando la normativa europea, nuestro ordenamiento jurídico constitucional, la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad autónoma, ni forzando derechos de ciudadanía que tienen carta de naturaleza en el ordenamiento de la Unión Europea y de nuestro país”, comentó, y advirtió que “no se va a generar seguridad para los agentes económicos”. Adelantó que “no habrá resquicio jurídico que no utilicemos” para frenar estas modificaciones legislativas.
Finalmente, intervino Faustino García Márquez, arquitecto y urbanista, y apuntó que “el único recurso que tenemos los ciudadanos frente a esta agresión ya consumada legalmente es la movilización”. “El marco de la Ley del Suelo de Canarias es un manual de la desregulación territorial que se basa en tres principios: destruir el control de la administración sobre el territorio, debilitar el sistema de planeamiento y derribar la barrera de la protección de los espacios protegidos y el suelo rústico, el suelo más barato y también más identificativo y necesario”. “Estas son las tres formas de instrumentalizar un asalto a la especulación”, recalcó.
