El Gobierno central pedirá a la UE nuevas medidas en materia migratoria y convocará al PP para retomar la negociación: “Ya no hay excusas”

El Gobierno central enviará una carta a la Unión Europea para pedir ayuda en la gestión migratoria, como ha demandado el PP, para que esta formación no tenga “ninguna excusa” y acepte retomar las negociaciones con el Ejecutivo sobre la derivación de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades.

Una vez haya remitido esta comunicación, convocará al PP, al Gobierno de Canarias y, como novedad, también al de Ceuta, para retomar las conversaciones en esta materia, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Estas son las dos principales medidas acordadas este martes en la IV Comisión Interministerial de Inmigración, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres y en la que han participado otros seis ministros con competencias en la gestión migratoria.

Han acudido la titular de Hacienda, María Jesús Montero; la de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Juventud e Infancia, Sira Rego; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, además de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En esta reunión, celebrada después del Consejo de Ministros, se ha acordado enviar una comunicación a Bruselas para “detallar las medidas activadas y coordinadas hasta ahora en la gestión de la crisis migratoria y para que se activen los apoyos que sean precisos en el inmediato futuro”.

El Gobierno remitirá esta carta a pesar de que considera que ya ha demostrado que “ha venido solicitando ayuda a la Unión Europea en menores, en inclusión, en infraestructuras para Interior y también, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ayudas al Frontex y otros”, ha señalado el ministro Torres en declaraciones remitidas a los medios.

“Con ello, ya no tiene el Partido Popular ninguna excusa para no sentarse”, ha asegurado.

Una vez enviada la carta, el Ejecutivo invitará al principal partido de la oposición, al Gobierno de Canarias -y, por primera vez en el marco de estas reuniones- al de Ceuta para abordar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para establecer una derivación solidaria de menores entre comunidades.

Esta es, ha defendido Torres, “la solución estructural, imprescindible y necesaria” para la crisis que afronta las zonas de llegada de migrantes como Canarias, que tiene sus recursos asistenciales saturados al tutelar a más de 5.000 menores.

“Espero que en esta ocasión ya tengamos el sí a sentarse del Partido Popular y podamos llevar esta iniciativa a las Cortes Generales”, ha señalado el ministro.

El Gobierno busca desde hace meses el apoyo del PP para sacar adelante la medida en el Congreso y asegurar la colaboración de las comunidades autónomas en las que gobierna en su ejecución, pero el partido de Alberto Núñez Feijóo suspendió las conversaciones a principios de mes bajo el pretexto de que el Ejecutivo habría rechazado o no solicitado ayuda de la UE en materia migratoria.

Cronología de una reforma que no llega

El Gobierno de Canarias, del que forma parte el PP, estuvo meses preparando un documento con una propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Dicha propuesta consiste en cambiar la voluntariedad del reparto de los menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas y hacerla obligatoria cuando aquella región a la que estos niños y adolescentes llegan tenga los recursos ocupados por encima del 150% de su capacidad. Es decir, que los menores que lleguen a una región con sus centros llenos puedan ser trasladados a otra comunidad autónoma que tenga sus recursos de acogida disponibles sin que esto dependa de la solidaridad del gobierno autonómico de turno. Este cambio se reclama porque el sistema basado en la solidaridad ha demostrado hasta ahora ser un fracaso, ya que las comunidades no suelen aceptar la llegada de estos menores y, cuando lo hacen, es en un número tan bajo que no supone un alivio para los centros de acogida de Canarias.

Tras presentar dicho documento en el Parlamento canario, todos los partidos, incluido el PP (excepto Vox), respaldaron la propuesta, y esta fue enviada entonces al Gobierno central, que también la respaldó. El presidente canario y el ministro Torres se reunieron entonces con los grupos parlamentarios para explicarles en qué consistía el cambio propuesto. A esta ronda de contactos no acudió el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, que evitó así exponer y respaldar una reforma que después su propio partido tumbó en el Congreso de los Diputados. El PP, junto a Vox y Junts, votó en contra de iniciar siquiera el trámite parlamentario, en cuyo recorrido habría sido posible admitir enmiendas de todos los grupos.

Sin embargo, el PP nacional rechazó esta posibilidad, pese a que el PP de Canarias lo había respaldado, con el argumento de que no se había negociado con ellos, algo que fue desmentido por el portavoz del Gobierno canario, que aseguró que el PP había participado activamente en la elaboración del texto. El PP expuso entonces varias condiciones sobre la mesa. El Gobierno central aclaró que algunas ya estaban incluidas en el propio texto y que las otras podían haberse tramitado como enmiendas, si el PP hubiera votado que sí en el Congreso.

Se cerraba así, en pleno mes de julio, la puerta a la posibilidad de aliviar los centros de acogida de menores en las Islas de cara a un verano que ya se preveía complicado en cuanto al número de llegadas.

Tras dos encuentros discretos durante el mes de agosto, finalmente el PP nacional, el Gobierno central y Clavijo volvieron a sentarse. Pero tras solo dos encuentros el PP se levantó de la mesa y rompió el diálogo al asegurar que España había rechazado ayuda de la Unión Europea para trasladar migrantes a otros países miembros. Esto fue desmentido categóricamente por el Gobierno, que retó al PP a explicar qué plazas, cuándo y dónde habían sido ofrecidas a España.

Poco después de ese desencuentro, llegó el pleno en el Congreso de los Diputados dedicado a la inmigración, una oportunidad para acercar posturas en busca de un pacto de Estado y la ansiada reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó el 90% del tiempo de su intervención a hablar de ETA, lo que le valió incluso una amonestación de la presidenta de la Cámara, que tuvo que recordarle el reglamento según el cual debe ceñirse al tema que se discute ese día, la inmigración.

Después de ese sonado pleno, Fernando Clavijo realizó la primera crítica abierta a su socio de Gobierno (hasta entonces las críticas de Coalición Canaria iban solo dirigidas al Gobierno central, pese a su apoyo al texto), de quien dijo no entender por qué había roto la negociación ni su polémica intervención en el Congreso.

Tras varias llamadas por parte de Torres a retomar la negociación, el PP ha puesto sobre la mesa una última condición: que España pida ayuda a Frontex y trabajar en el restablecimiento del sistema de reparto de menores por la Unión Europea. Es decir, que en lugar de tramitar en el Congreso que sean las comunidades autónomas quienes contribuyan a aliviar la situación de Canarias sean los países europeos quienes lo hagan, todo ello en un contexto en el que la ultraderecha y su discurso en contra de las personas migrantes avanza por el continente y cuyo máximo exponente es Giorgia Meloni y su política de deportaciones sin garantías a campamento ubicados en terceros países, como Albania.