La Plataforma Solidaria con las Personas en Movimiento, Somos Red, denuncia la situación de los migrantes expulsados del Campamento Canarias 50, en el barrio de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria) y gestionado por Cruz Roja. “Estas personas se han encontrado en una situación continuada de vulnerabilidad, sin recursos, y pernoctando en la calle desde el pasado 26 de febrero”, apuntan en un comunicado.
La organización informa de que tras casi quince días, las personas expulsadas ya han podido descansar y paliar su situación de vulnerabilidad gracias a la colaboración de ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria. Somos Red, que ha mantenido reuniones con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino, continúa alertando sobre la falta de respuesta de las instituciones canarias y la reiterada negativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al posible reingreso de los expulsados del Canarias 50.
Asimismo, la plataforma alerta sobre las consecuencias que está suponiendo esta vejación y falta de respuesta humanitaria que perjudica a cientos de personas que se encuentran en una situación de exclusión social en la isla de Gran Canaria, con los problemas derivados que pueden sufrir ante la falta de recursos básicos como son un alojamiento o recursos alimentarios. “Ante esta situación, queda probado que el Plan Canarias y los macrocampamentos están generando, entre otras dificultades, nuevos perfiles de vulnerabilidad en Canarias sin que ninguna institución facilite una respuesta”.
“Por otro lado, queremos felicitar a la sociedad canaria porque se encuentra haciendo un ejercicio de responsabilidad, ante la ausencia de recursos básicos institucionales, y atendiendo con medios precarios que permiten ofrecer una acogida digna y defender los derechos de las personas migrantes”, siguen en el comunicado.
Por último, invitan a la ciudadanía a continuar ejerciendo la generosidad con las personas en movimiento, pero también a exigir a las instituciones canarias que desde su ámbito de competencias actúen de manera urgente para acabar con esta emergencia social. “Es necesaria una actuación eficaz y prematura del Gobierno de España y de la Unión Europea que respete el derecho de toda persona migrante a moverse dentro del territorio estatal, cumpliendo así con la legalidad vigente y, en definitiva, cumpliendo con el derecho de toda persona a migrar en pro de la justicia social y los Derechos Humanos”, concluyen.