El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no es tan transparente como aparenta
Las Palmas de Gran Canaria obtuvo en el último informe publicado por el Comisionado de Transparencia de Canarias, relativo al año 2017, una nota de 8,33 sobre 10, mejorando los datos del año anterior del Índice de Transparencia de Canarias, cuando obtuvo un 7,14. Aparentemente esta valoración es notable, pero basta con tomar resoluciones del propio organismo que dirige el periodista Daniel Cerdán para ver que la transparencia del Consistorio no es tan brillante como aparenta.
En primer lugar, hay que recordar que las administraciones tienen un mes para resolver las peticiones hechas por los ciudadanos o, en caso de que la respuesta sea muy laboriosa, pueden optar por una prórroga. Tomando como ejemplo la petición hecha por Mikel Prat, autor del blog transparenciaencanarias.com, el 4 de abril de 2017 realizó una solicitud de información acerca de qué perfiles en redes sociales del Consistorio son gestionados por personal funcionarial y cuáles por empresas externas y, en el caso de estas últimas, solicitó las facturas emitidas desde que se inició la prestación del servicio. Fue siete meses después, el 14 de noviembre de ese año, cuando el Ayuntamiento le dio una respuesta: aseguraba que no le podía dar la información por la existencia de firmas en las facturas, por lo que la presencia de las mismas incumpliría, a su entender, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Ante esto, Prat optó por acudir, cuando pasó un mes de la petición inicial, al amparo del Comisionado de Transparencia el 12 de mayo de 2017 y este resolvió el 13 de diciembre de ese año que el Ayuntamiento debía entregarle la documentación requerida en el plazo de diez días hábiles. En total, el Ayuntamiento tiene 33 perfiles en redes sociales, que están reflejados en su propia página web, para un total de 19 organismos del Consistorio, por lo que la resolución resalta que la documentación solicitada, por tanto, debe de estar en manos del Ayuntamiento porque ha sido elaborada en el ejercicio de sus funciones de comunicación institucional, participación y colaboración ciudadana.
Así mismo, el escrito de Daniel Cerdán resalta que por mucho que la respuesta de la administración alegue la LOPD, la información solicitada no está sujeta a ningún límite porque “la existencia de una red social, su gestión directa o por un servicio externo y su coste mediante aportación de facturas” no tiene por qué “implicar el acceso a dato personal alguno objeto de protección” y que en caso de que, como ocurre con la respuesta dada por el Ayuntamiento de que por las firmas no podía entregar la información, se debía a proceder a la anonimización de las mismas.
Pues bien, aunque la respuesta del Comisionado es contundente y le advertía al Ayuntamiento de que en caso de que en diez días no respondiera la solicitud estaría incumpliendo el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), desde hace un año el Consistorio tan solo ha respondido la información de 12 de los 33 perfiles en redes sociales que posee.
No es la primera vez que el Comisionado de Transparencia afea la actitud oscurantista del Consistorio. En febrero de este año el organismo autonómico dio la razón a Ciudadanos, partido en la oposición en el Ayuntamiento, puesto que en ningún momento dio acceso a la información sobre todo lo referente al proyecto de la MetroGuagua. A todo esto hay que añadir tres peticiones de información que este periódico ha realizado al Ayuntamiento y que, a pesar de que fueron realizados en verano y estamos rozando casi el invierno, no han sido respondidas: sin datos de cuánto costó la promoción del Carnaval en la Gay Pride de Madrid, tampoco de cuánto gasta el Consistorio en fuegos artificiales a lo largo de un año y mucho menos hablar de lo que el alcalde, Augusto Hidalgo, gasta en promocionar sus perfiles en las redes sociales.
Conclusión: la administración emplea la Ley de Transparencia a su semejanza.
