Canarias espera que un nuevo Gobierno sensato derogue la reforma local del PP
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, ha expresado el deseo del Ejecutivo regional de que que “el futuro Gobierno de España tenga algo más de sensatez” y derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local aprobada “sin consenso” en 2014 y que ha generado “problemas en el día a día” en la prestación de los servicios sociales por parte de los ayuntamientos.
Afonso, ante las acusaciones de “desidia” de la portavoz de Podemos Natividad Arnáiz, negó que en el Ejecutivo regional “haya habido dejación”, ya que se aprobó la Ley de Ayuntamientos de Canarias y se “remitieron circulares para que se siguieran prestando los servicios”.
“Los datos son alarmantes y estamos en un estado de emergencia social en Canarias. Sin embargo, 21 municipios están atados de pies y manos y 441 canarios se van a quedar sin prestación de servicios sociales. Se les debería caer la cara de vergüenza al decir que son socialistas y nacionalistas”, increpó la portavoz de la fuerza morada.
Para Arnáiz, en Canarias se ha hecho una “chapuza”, y ha exigido que se deleguen las competencias en los ayuntamientos con una ficha financiera adjunta, porque hasta el momento lo que se ha demostrado es que “dinero hay, pero para qué lo quieren no lo sabemos”.
Afonso negó las acusaciones vertidas por la portavoz de la fuerza morada, recordando que fue el Estado quien “sembró incertidumbre y creó inseguridad”, como lo demuestra que hasta 9 comunidades autónomas plantearan sendos recursos de inconstitucionalidad a una ley que traspasaba la asunción de ciertas competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales a las comunidades autónomas.
Gobierno irresponsable
Una tesis que fue refrendada por los portavoces del Pacto, pues Héctor Gómez (PSOE), incidió en que la ley de municipios canarios logró “clarificar” la situación creada por una legislación nacional “que no pivotó sobre el consenso con los ayuntamientos”, mientras que Socorro Beato (CC) recordó que “el Gobierno de España fue irresponsable y puso en peligro la prestación de servicios sociales como ayudas a comedores, teleasistencia, alquileres sociales o ayudas a víctimas de violencia machista”.
Y, al igual que Afonso, la portavoz nacionalista aseguró que “esperamos que esta ley con visos de inconstitucionalidad sea derogada por el próximo Gobierno de España”.
También la portavoz de Nueva Canarias (NC), Esther González, apuntó al Ejecutivo ahora en funciones, al que acusó de “intentar vender la moto con esta Ley cuando lo que realmente buscaba era la privatización de los servicios sociales” y “la recentralización de las competencias”.
Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto (ASG), Melodie Mendoza, ha indicado que “persiste actualmente un modelo en el que se mantiene la prestación de competencias duplicadas”, por lo que ha pedido que los ayuntamientos y cabildos, “por ser más cercanos y los que más conocimiento de la realidad tienen”, sean quienes las presten.
Al respecto, Afonso afirmó que “es nuestro compromiso y uno de nuestros principales retos clarificar el modelo competencial, pues entendemos que hay que pasar por un nuevo proceso de descentralización y en esa línea hemos comenzado los trabajos”.
El único que defendió la reforma local fue el conservador Emilio Moreno, al asegurar que se buscaba conseguir una administración “austera y eficaz”, a lo que el consejero replicó que eso será imposible si no se aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya negociación ha sido aplazada “por cuestiones partidistas”.
