Caso Mascarillas: el administrador de RR7, citado por el Parlamento para el 9 de septiembre, aún no ha sido notificado

La comisión que en el Parlamento de Canarias investiga la compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus reanudará sus trabajos el 9 de septiembre con la incertidumbre de si acudirá el compareciente citado, Rayco González, administrador único de la empresa RR7, que aún no ha sido notificado.

Rayco González es el representante de la empresa RR7 United SL que resultó adjudicataria del contrato fallido de 4 millones de euros que formalizó el Servicio Canario de la Salud (SCS) en mayo de 2020 para la adquisición de un millón de mascarillas, de las que llegaron 900.000 que resultaron ser falsas.

Para el mismo día estaba citada Isabel Clara Pérez Cabrera, administradora única de la empresa Titerro International SL que formalizó un contrato de provisión de 200.000 batas quirúrgicas por casi 2 millones de euros, y que ha sido notificada pero ha presentado una justificación para que se le asigne otra fecha, han informado a EFE fuentes parlamentarias.

Otra de las personas citadas el 9 de septiembre y que aún no ha sido notificado y, según el plan de trabajo, no asistirá ni se disponen de más datos para su localización es el empresario José Ángel Escorial, quien fue detenido en febrero por la Guardia Civil y que presuntamente firmó contratos relacionados con esta trama en Baleares.

La comisión terminó este jueves sus reuniones del presente periodo de sesiones precisamente con la comparecencia de la empresa Belén Arencibia, apoderada de Baremar y pareja de Rayco González en la época que se investiga, y que se acogió a su derecho a no declarar.

En el mes de funcionamiento que lleva la comisión sólo han estado dispuestos a responder a las preguntas de los diputados los comparecientes que formaban parte del comité de expertos creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia, Lluís Serra y Beatriz González López-Valcárcel, así como el fundador de One Airways, Óscar Trujillo.

También lo hizo el pasado 15 de julio Carlos Sánchez Muñoz, CEO de la empresa ACJ, una de las principales suministradoras de material sanitario al Servicio Canario de la Salud, quien negó en la comisión parlamentaria que la sociedad esté siendo investigada o haya sido requerida por la fiscalía europea por los contratos durante la pandemia.

Ese mismo día debía comparecer el empresario Kevin Sánchez, propietario de la empresa Yimbo 7 inversiones SL y que no acudió al Parlamento pese a ser debidamente notificado, por lo que la Cámara ha derivado a la Fiscalía su incomparecencia.

El tercer citado para el 15 de julio era el empresario Ihsan Mahmhoud Mohamed, que está sin notificar y el Juzgado tampoco lo ha localizado al residir en el extranjero, por lo que en el plan de trabajo de la comisión se le incluye como una “posible incomparecencia”.

Tampoco comparecieron ni se dispone de más información acerca de su paradero, según reza el plan de trabajo de la comisión, las primeras personas que debían acudir ante el órgano parlamentario el pasado 1 de julio, el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y el empresario Juan Manuel Pérez, uno de los denunciantes del caso Mascarillas.

Sí que acudió a la comisión el pasado 12 de julio el empresario Iñigo Rotaetxe pero tampoco quiso declarar sobre su implicación en este asunto al estar abierto, según dijo, un proceso judicial en el que aún no se le había tomado declaración.

El siguiente compareciente previsto para la reanudación de las sesiones de la comisión en su segunda jornada de septiembre, el día 27, es el empresario Ignacio Díaz Tapia, quien tampoco ha sido notificado y del que no se disponen de más datos de contacto. EFE