Clavijo anuncia (otra vez) un análisis jurídico sobre la limitación de la compra de casas a no residentes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que desde el Ejecutivo regional se ha encargado un análisis jurídico con el fin de abordar una norma legislativa sobre los residentes y la compra de inmuebles. En mayo de 2024 Clavijo hizo el mismo anuncio en el Parlamento regional, sin que hasta ahora se haya sabido más sobre ese encargo o sobre el propio estudio.
Al igual que ocurrió en entonces, Clavijo ha abordado este asunto en respuesta a una pregunta realizada por su propio grupo parlamentario, en este caso, por el diputado del Grupo Nacionalista Canario David Toledo.
El presidente canario ha afirmado que el Gobierno autonómico está embarcado en este camino, y muestra de ello es la comisión de reto demográfico que se celebró en el Parlamento regional y que terminó con una serie de conclusiones, o el hecho de que será uno de los asuntos también que la Oficina de Prospección Estratégica va a llevar porque Canarias “no” puede continuar “con este ritmo de crecimiento”.
Hay que señalar que la comisión sobre reto demográfico aludida por Clavijo es la segunda que se celebra sobre el tema, ya que en la pasada legislatura hubo otra. Tras numerosas sesiones, comparecencias de expertos y la publicación de las conclusiones, el Ejecutivo regional aún no ha aprobado ninguna política concreta al respecto. Y mientras, la población en Canarias sigue aumentando, y aumentando también el porcentaje de residentes extranjeros que viven en las Islas, hasta el punto de que en cuatro municipios ya hay más extranjeros empadronados que nacidos en las islas, y dos municipios isleños se encuentran entre los que más aumentaron su población de toda España.
Clavijo consideró que tampoco puede continuar con “determinadas dificultades” que están teniendo los canarios en algunas zonas del archipiélago donde “ya o no te sientes que eres canario o que no estás en Canarias o realmente te sientes que no eres capaz de vivir en coordinación con la actividad turística o la actividad económica que se desarrolla”.
Por ello, Clavijo expuso que para abordar esta situación desde el Gobierno de Canarias se ha encargado un análisis jurídico a un despacho de abogados, recordando que hubo gobiernos anteriores que lo hicieron, pero ahora se ha actualizado “esos casos extraordinarios que hay en la Unión Europea, que hay y existen”, al tiempo que se han abierto dos líneas de trabajo.
No aclaró si es el mismo estudio que ya anunció el año pasado o si se trata de otro.
Explicó que la primera de estas líneas de trabajo se centra en la legislación básica de las corporaciones locales que “permite al Estado regular y establecer normas”. En relación con ello manifestó que incluso existe una sentencia en Bilbao, de tal forma que se “puede permitir a los ayuntamientos, en determinadas ocasiones, poner condiciones para los residentes o para la compra de los inmuebles”, siendo este un trabajo, matizó, que “se puede hacer solo con el Estado”.
Y, por otro lado, hay una línea de trabajo paralela con la Unión Europea (UE), donde admitió que hay ejemplos en los que la residencia, las condiciones de tiempo económicas y fiscales para adquirir la condición de residente o para poder adquirir un inmueble son “mucho más rigurosas y estrictas” que para el propio residente.
“Hay precedentes, hay informes jurídicos, hay voluntad política, ahora lo que toca es unidad y muchísimo trabajo para conseguirlo”, dijo, pero concluyó sin concretar ninguna política al respecto.
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