Coalición Canaria en Fuerteventura exige investigar los análisis de coronavirus practicados en una residencia de mayores

Asamblea Majorera-Coalición Canaria ha exigido al Gobierno de Canarias que investigue los análisis de la COVID-19 en la residencia de mayores de Casillas del Ángel (Fuerteventura) después de que este viernes hayan aparecido tres casos tras haber anunciado que los 125 análisis realizados habían dado negativo.

En un comunicado, AM-CC critica la “grave irresponsabilidad y preocupación que, a su juicio, ”viene provocando la gestión del Gobierno de Canarias en Fuerteventura“. Este jueves, día 16 de abril, el Gobierno informaba que se habían realizado un cribado a un total de 2.200 usuarios y trabajadores de las residencias de mayores de Canarias, de los que 125 pertenecían a Fuerteventura.

Los resultados mostraban una incidencia de sólo seis casos en Canarias de personas positivas asintomáticas, en las islas de Tenerife (2) y Gran Canaria (4) y ninguno entre los 125 análisis de la residencia de mayores de Fuerteventura.

Este mismo mediodía, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (PSOE), confirmó estos datos en el marco de una comparecencia en el Parlamento de Canarias, en los que no había ningún afectado entre los 125 análisis de Fuerteventura.

Sin embargo, opina AM-CC, ahora se ve como la información recabada indica que algo no cuadraba, pues los trabajadores y usuarios de Casillas del Ángel tuvieron que pasar dos test distintos de COVID-19 el mismo día (miércoles 15 de abril).

Primero pasaron un test rápido por parte del Cabildo de Fuerteventura, con un grado de fiabilidad muy reducido y los resultados de esos 125 tests fueron los que el Gobierno de Canarias asumió este jueves como propios y los que el consejero confirmó hoy viernes en el Parlamento, y “lo peor es que además se les consideró test PCR, es decir de alta fiabilidad, cuando no lo eran”.

Desde AM-CC han exigido a los responsables del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura que se disculpen con los usuarios y trabajadores de la residencia por los problemas generados y que se depuren responsabilidades en aquellas personas que hayan suministrado y ordenado la realización de dichos test rápidos, que se han acabado mostrando como ineficaces.