Las comunidades autónomas, la última Baleares tras sumarse esta misma semana a Canarias, Cantabria y Murcia, adelantan poco a poco el final de los aforamientos en los poderes ejecutivo y legislativo que, por ahora, se resiste en el nivel estatal por la dificultad de acordar la necesaria reforma constitucional.
Además de Baleares, Canarias, Cantabria y Murcia, otras dos comunidades, La Rioja y Aragón, tienen ya en tramitación la reforma de sus estatutos para suprimir esta prerrogativa judicial y que sus representantes políticos respondan en su caso ante los mismos órganos judiciales que cualquier ciudadano, la primera ya con luz verde del Congreso de los Diputados a su tramitación desde mayo de 2021, y la segunda en el parlamento regional tras aprobarlo el Gobierno regional a finales de noviembre pasado.
Del resto de comunidades, en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco se han aprobado o debatido, sin consecuencias, iniciativas en esta línea, y en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra al menos se ha expresado alguna vez el interés en llevarlo a cabo, mientras en Cataluña el tema no está en estos momentos encima de la mesa.
Canarias, pionera en la supresión de los aforamientos
El Senado aprobó el pasado día 2, sin votos en contra y con la abstención únicamente del PNV y Teruel Existe, la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares para eliminar los aforamientos de los diputados autonómicos y miembros del Govern, finalizando así una tramitación de más de tres años iniciada por unanimidad por el Parlament balear.
Precisamente tres años antes, Canarias se convirtió en la primera comunidad en aprobar el fin de esta situación, que no pocas formaciones políticas califican de “privilegio”, al publicar el BOE el 6 de noviembre de 2018 la ley orgánica del nuevo Estatuto de Autonomía, que eliminó el aforamiento para los diputados y los miembros del Gobierno regional.
Poco antes, en septiembre de 2018, el Congreso había aprobado una propuesta similar a iniciativa de Ciudadanos, entonces con el respaldo de socialistas y populares, que no ha llegado a prosperar, y que en octubre de 2020, planteada de nuevo, decayó por la abstención de PSOE y PP, que no consideraron oportuno embarcarse en la imprescindible reforma constitucional.
Pese a la falta de acuerdo a nivel nacional, las autonomías siguieron adelante y el pasado 2021 llegaron las aprobaciones en Cortes de las reformas estatutarias de Murcia y Cantabria, en ambos casos también para eliminar los aforamientos de los miembros del Gobierno y el Parlamento.
De la voluntad a la falta de interés
En mayo de 2019 se aprobó en el Parlamento andaluz una proposición de ley en este sentido de PP y Ciudadanos, que lo habían incluido en su pacto de Gobierno, pero la dificultad para poner en marcha una reforma de la ley fundamental de la comunidad paralizó la iniciativa.
En Asturias, hace ahora tres años, todo el parlamento votó a favor de esta iniciativa y el pasado septiembre se iniciaron los contactos para una reforma del Estatuto que permita el reconocimiento del asturiano como lengua cooficial, cuestión que ha dejado en un segundo plano cualquier otra modificación y que además no cuenta con mayoría parlamentaria.
En Castilla y León, PP y Cs incluyeron el fin de todos los aforamientos en su acuerdo de Gobierno, pero la discrepancia con el PSOE acerca del alcance de la reforma estatutaria y, al final, la disolución del Ejecutivo lo ha dejado en vía muerta y en esta campaña electoral ni siquiera es objeto de disputa.
Tampoco hay tramitación ninguna en Castilla-La Mancha, aunque en marzo de 2020 se mantuvieron reuniones entre PP, PSOE, Cs y Gobierno regional para modificar el tema de los aforamientos en el Estatuto de autonomía.
En Cataluña no hay en este momento un debate abierto en el que se cuestione el aforamiento de los miembros del Govern y los diputados del Parlament, que en caso de ser objeto de un proceso judicial les corresponde ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reconocido en el Estatut como “última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña”.
Esta cuestión se ha debatido varias veces en los últimos años en les Corts Valencianes, pero dado que en 2006 se hizo una gran reforma estatutaria y que la última modificación (de 2019, para incluir que las inversiones del Estado sean acordes a la población) tardó ocho años en aprobarse en el Congreso, se optó por centrarse en esta última y no abrir nuevos procesos de reforma.
En Extremadura, el Consejo de Gobierno aprobó en septiembre de 2019 iniciar el proceso para la reforma del Estatuto en este sentido y solicitó a la Asamblea que iniciara los trámites con la constitución de una comisión parlamentaria, pero más de dos años después no hay avances.
El Parlamento de Galicia aprobó en 2018 una propuesta para eliminar los aforamientos del Estatuto de Autonomía, pero siempre y cuando hubiese una reforma estatal que eliminase los de diputados y senadores, cosa que no ha sucedido.
Madrid intentó tramitar en 2019 una ley para suprimir los aforamientos, impulsada por Ciudadanos, anterior socio de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero decayó por el adelanto electoral y no se ha vuelto a manifestar la voluntad de reformar el Estatuto por este motivo.
En Navarra, aunque el Gobierno foral presidido entonces por Uxue Barkos (Geroa Bai) vio “oportuna” la iniciativa del presidente Pedro Sánchez de suprimir los aforamientos, esta medida no ha llegado a ser tramitada en el Parlamento autonómico.
Y en Euskadi, el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad en 2016, hasta ahora sin consecuencias, una iniciativa en la que se pedía al Gobierno de España que reformara la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados y senadores y al Gobierno autonómico que hiciera lo propio con el Estatuto de Gernika para suprimir esta figura también en la comunidad.