El Congreso aprueba, con la abstención de Podemos y Ciudadanos, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias
La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias con intención de elevarla al Pleno de la Cámara en septiembre para que la remita al Senado y prosiga allí su tramitación.
El texto ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias y la abstención de Unidos Podemos y Ciudadanos.
Esta reforma llegó al Congreso en abril en 2015, pero quedó varada por las sucesivas convocatorias electorales y el Pleno no debatió su toma en consideración hasta diciembre de 2016.
Después, durante casi un año se fueron prorrogando sucesivamente los plazos para la presentación de enmiendas, que finalmente se registraron en noviembre de 2017.
La ponencia encargada de discutir las aportaciones de los grupos acabó su trabajo el pasado 28 de junio y este miércoles, tres años y tres meses después de que el texto arribara al Congreso, la Comisión Constitucional ha aprobado la reforma, una decisión que deberá luego ser ratificada por el Pleno, ya en el nuevo periodo de sesiones tras el paréntesis estival.
Este es el segundo intento de reforma del Estatuto de autonomía que hace el Parlamento, que ya remitió un texto al Congreso hace casi doce años, pero que no culminó su tramitación por falta de consenso.
Reforma electoral
El proyecto de nuevo Estatuto fue aprobado en Canarias por el PSOE y Coalición Canaria, pero recibió el voto en contra del PP, mientras que Nueva Canarias (NC) se abstuvo. Sin embargo, tras el acuerdo entre los populares y CC para la investidura de Mariano Rajoy, el PP apoyó su tramitación en la Cámara Baja.
Este miércoles, finalmente la Comisión Constitucional ha aprobado el dictamen con los votos de PP, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias y la abstención de Unidos Podemos y Ciudadanos, y no ha habido ningún voto en contra.
La ponencia encargada de la reforma concluyó su trabajo con la introducción de una novedad en la disposición transitoria que regula el sistema electoral y que establece que el Parlamento regional deberá elaborar su propia ley electoral en el plazo de tres años.
En el caso de que en ese plazo no se alcance un acuerdo en el Parlamento de Canarias, la disposición transitoria será la que rija el sistema electoral del Archipiélago.
Esta disposición incluye el preacuerdo alcanzado en el Archipiélago entre el PP, el PSOE, Podemos y Nueva Canarias de aumentar el número de diputados de 60 a 70 -uno más para Fuerteventura y nueve que saldrán de una lista regional-, así como reducir los topes electorales del 30% al 15% en la circunscripción insular, y del 6% al 4% en el conjunto del Archipiélago.
Además, el estatuto fija una horquilla de un mínimo de 50 diputados y un máximo de 75, aspecto que deberá tener en cuenta la próxima ley electoral que salga del Parlamento autonómico.
Podemos, que inicialmente anunció que se desvincularía del preacuerdo suscrito por su grupo en las Islas, finalmente votó a favor de la disposición transitoria porque el resto de formaciones aceptó incluir esa cláusula temporal de tres años para dotar a Canarias de una ley electoral propia.
El PP, el PSOE y Nueva Canarias (NC) también votaron a favor, Ciudadanos se abstuvo porque considera que la cifra de 60 diputados es suficiente, pero no quería “obstaculizar”. Por su parte, Coalición Canaria votó en contra, igual que ha hecho este miércoles, junto al PNV.
Su diputada, Ana Oramas, ha mostrado su “alegría” por el hecho de que, 36 años después de iniciar su autogobierno, el Archipiélago suba por fin “el último peldaño” y sea reconocida “dentro del Estado como una comunidad de máximo nivel”, pero ha vuelto a mostrar su oposición a la disposición sobre el sistema electoral: “No compartimos que en Madrid se decida la composición del Parlamento canario, no entendemos el atajo elegido para aprobar en Madrid esta ley fundamental”, se ha quejado.
Coalición Canaria está a favor de la rebaja de los topes electorales y de la creación de una lista regional, pero era más partidaria de la propuesta inicial remitida desde el Parlamento autonómico que mantenía los 60 diputados, pero reducía los topes electorales al 15% y 3%, respectivamente.
En nombre de Nueva Canarias, Pedro Quevedo ha replicado a Oramas que este asunto “se ha resuelto donde se tenía que resolver” porque ha quedado claro que en las Islas no existía la “voluntad política” que se requería para hacerlo allí.
En la misma línea, el socialista Sebastián Franquis ha puntualizado a Oramas que la nueva Ley Electoral se tendrá que hacer en Canarias.
Además, se ha felicitado por el alto grado de acuerdo logrado en la ponencia lo que, a su juicio, se ha producido porque los grupos han puesto a Canarias “por encima de las siglas y de las diferencias políticas”.
También una de las principales novedades del texto estatutario es que blinda el Régimen Económico y Fiscal (REF) desvinculando los recursos fiscales de la financiación autonómica y la otra es el sistema electoral, que ha sido el punto de mayor conflicto durante la discusión del texto. De hecho, este ha sido uno de los asuntos que se ha vuelto a votar este miércoles.
Poco ambiciosa y frustrante
La popular María del Carmen Hernández Bento también ha recordado que el acuerdo sobre el régimen electoral no ha sido posible en Canarias y ha justificado el apoyo del PP a la disposición consensuada alegando que, sin ser su propuesta, “es la que ha conseguido el mayor de los acuerdos posibles”.
Desde Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha lamentado que se haya “perdido la oportunidad” de aprobar un texto que responda a todas las necesidades de los canarios y ha calificado de no suficientemente ambiciosa la disposición sobre el sistema electoral. Eso sí, se ha congratulado de que al menos se hayan aceptado algunas de sus enmiendas como la que suprime el aforamiento para los diputados autonómicos.
“Hemos vuelto a dejar escapar una oportunidad histórica”, ha denunciado, por su parte, la diputada de Podemos Meri Pita, quien ha confesado su “frustración” porque, a su juicio, el texto resultante “es una oda a los problemas estructurales de Canarias” y “engaño” más su tierra.
Aunque este miércoles se ha abstenido en el dictamen, su voto en Pleno podría variar en función del resultado de la consulta que su formación va a hacer entre sus inscritos en Canarias para que se pronuncien sobre el nuevo estatuto.