¿En qué consiste el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea al que se va a acoger La Palma para paliar los efectos del volcán?

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciaba el pasado día 21 su intención de presentar una candidatura formal para solicitar que la isla de La Palma sea catalogada como zona catastrófica con el fin de adherirse al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE). Pero, ¿en qué consiste ese fondo? ¿Cuál es su finalidad y su alcance? ¿Cumple la catástrofe de La Palma con las exigencias para ser candidata?

El Fondo de Solidaridad de la UE fue establecido en 2002 a modo de respuesta ante las inundaciones que azotaron con gravedad varias regiones de Europa central. Hasta el momento, el FSUE se ha utilizado en 80 catástrofes, incluyendo inundaciones, incendios forestales, terremotos o tormentas. En España ha habido cuatro catástrofes naturales para las que se ha aprobado el uso de estos fondos. La primera vez, en 2003, la financiación europea sirvió para hacer frente a la crisis ambiental provocada por las fugas del petrolero Prestige, en la costa gallega. Más adelante, en 2011, el FSUE sirvió de apoyo para lidiar con las consecuencias del terremoto en Lorca (Murcia) que afectó a 1.798 viviendas. Ambos acontecimientos deben servir como precedente para el proceso de recuperación y reparación estructural en La Palma. 

La verdadera crisis humana provocada por el volcán de Cumbre Vieja no terminará cuando la tierra conceda una tregua, sino cuando las familias que han perdido su hogar tengan una alternativa digna y los agricultores y ganaderos un apoyo continuado de las administraciones hasta recuperar su actividad económica. Todo ello pasa por la coordinación entre el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias, el Gobierno nacional y la Comisión Europea. 

A través del FSUE pueden movilizarse, en total, hasta 500 millones de euros al año, adicionales al presupuesto de la UE, más la dotación no utilizada del año anterior, como complemento del gasto público en operaciones de emergencia del Estado miembro en cuestión. Las solicitudes deben llegar a la Comisión en un plazo de doce semanas a partir de la fecha del primer daño causado por la catástrofe. Para agilizar la tramitación de la solicitud, es recomendable que el organismo encargado de elaborarla se ponga directamente en contacto con la unidad competente de la Dirección General de Política Regional, que le ofrecerá su asesoramiento a tal efecto.

El pasado 21 de septiembre, Ángel Víctor Torres anunciaba que había establecido contacto con la comisaria de Cohesión y Reformas de la UE, Elisa Ferreira, con el fin de iniciar el proceso de tramitación de la solicitud. 

¿Cómo funciona el Fondo de Solidaridad de la UE?

El FSUE permite principalmente prestar asistencia en caso de catástrofe natural con repercusiones importantes en las condiciones de vida, la salud humana, el medio natural o la economía de una o varias regiones de un Estado miembro o de un país candidato a la adhesión. Una catástrofe natural se considera «grave» si ocasiona daños directos con un impacto de más de 3.000 millones o en más del 0,6 % de la renta nacional bruta del Estado en cuestión. 

En el caso del volcán de Cumbre Vieja, esta categoría no puede aplicar, al no alcanzar los umbrales de repercusión a nivel nacional. Sin embargo, el FSUE también prevé actuaciones en casos de catástrofe natural regional cuando ésta produzca daños directos superiores al 1,5 % del producto interior bruto (PIB) de dicha región. 

En el caso de Canarias, al tratarse de una región ultraperiférica, el umbral se sitúa en el 1% de su PIB. En 2019, el PIB anual del archipiélago ascendió a 47.164 millones de euros, una cifra aproximativa con la que es más seguro trabajar, debido a la excepcionalidad de los datos de 2020 a raíz de la pandemia. En base a estos datos, el umbral para clasificar de catástrofe natural regional la situación que acontece en La Palma sería de 471,64 millones de euros. 

Por el momento, las coladas de lava han afectado a cerca de 500 edificaciones, arrasado zonas de cultivo, carreteras y colegios… todo ello en una extensión de más de 200 hectáreas. En consecuencia, es una triste realidad que los destrozos provocados superarán este límite. Por tanto, se puede afirmar que la solicitud del Gobierno de Canarias para obtener financiación a través del Fondo de Solidaridad de la UE tendrá luz verde. 

Ahora bien, lo más importante es la distribución de estos fondos, que actúan en forma de subvención y sirven para complementar el gasto de las administraciones españolas. En primer lugar, la legislación europea establece que el FSUE podrá utilizarse para medidas urgentes, entre ellas, la puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio, el aseguramiento inmediato de las infraestructuras de prevención y la limpieza de las zonas siniestradas. 

A pesar de que las medidas de emergencia pueden financiarse de manera retroactiva, el procedimiento de asignación de una subvención puede durar varios meses. Debido a la naturaleza de este fondo y su uso durante la pandemia de la COVID-19, en 2020 se produjo una modificación legislativa, que permite obtener un 25% del importe total en forma de anticipo. 

Según ha expresado Ángel Víctor Torres, la financiación estará orientada principalmente a la reposición de infraestructuras públicas como carreteras, colegios, redes de agua y alojamientos provisionales para las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. No obstante, la gestión de esta crisis no ha hecho más que empezar. Cuando las cámaras abandonen el lugar, las autoridades hayan despachado su comunicación oficial al respecto y una relativa calma regrese sobre el suelo palmero, será el momento de actuar, de priorizar las necesidades de la población y de no dejar a nadie atrás.