Análisis

Más cooperación policial, incluyendo investigaciones conjuntas, primera reacción UE-España-Marruecos a los sucesos de Melilla

Los desgraciados sucesos de Melilla en los que murió al menos una veintena de migrantes ha provocado en las instituciones europeas la activación de mecanismos de cooperación en materia de lucha contra el tráfico de personas desde Marruecos mediante el refuerzo de la cooperación policial, incluyendo investigaciones conjuntas. Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la reciente reunión entre la comisaria europea de Migración y Asuntos de Interior, Ylva Johansson, y el ministro español del Interior, Fernando Grande Marlaska, con su homónimo marroquí, Abdelouafi Laftit, en Rabat.

Esta visita diplomática de carácter urgente tiene lugar tras lo sucedido hace apenas 15 días, el 24 de junio, cuando la frontera Sur de Europa fue, una vez más, testigo de una tragedia humanitaria. Al menos 23 personas perdieron la vida tratando de cruzar la valla que separa el territorio marroquí de uno de los enclaves españoles en el norte de África, la ciudad autónoma de Melilla. 

Figuras clave de la política europea han criticado las actuaciones de las fuerzas de seguridad, apuntando a un “uso excesivo de la fuerza”, en palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, quien también ha subrayado que esta situación supone una tragedia humana. Siguiendo la misma tónica la Comisaria Europea Ylva Johansson denunció el uso de medios violentos y calificó de inaceptable la muerte de personas en las fronteras de la Unión. Fuentes próximas al Ejecutivo marroquí justifican el uso de la fuerza en virtud de lo que se ha calificado de “asalto a la valla”. Dichos sucesos se produjeron tras la decisión de, aproximadamente, 2.500 migrantes y refugiados de descender del campamento situado en del Monte Gurugú para dirigirse hacia la valla. 

El monte Gurugú es un conjunto de pequeñas montañas, el punto más elevado del Cabo de Tres Focas, y forma parte de la Sierra de Nador. Es en este enclave que miles de personas acampan, tratando de sobrevivir de la mejor manera posible, mientras esperan una oportunidad para acercarse a un nivel de vida y unas condiciones de trabajo mejores que las que pueden encontrar en sus países de origen. La situación vivida supone un aumento de la presión sobre las personas en proceso migratorio que se encuentran en las diferentes ciudades cercanas a la frontera española, especialmente Nador, Tetuán, Tánger, El Aaiún o Dakhla. 

¿Quién es quién?: la  violencia frente a la externalización del control migratorio 

La comisaria europea del Interior participó en el último pleno del Parlamento Europeo el pasado 4 de julio durante el cual se organizó un debate dedicado a esclarecer y poner de relieve la responsabilidad de cada una de las partes tras la dramática situación vivida en Melilla. 

“Primero: Melilla vuelve a demostrar que Europa necesita el Pacto sobre Migración y Asilo. Estamos haciendo un buen progreso, vamos a lograr que se adopte en su totalidad. Segundo: En todas las situaciones las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto a los derechos fundamentales. Por último: Melilla es un toque de alarma”, concluía la mandataria del Ejecutivo europeo. Por su lado, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar incidió en ese pleno en que “la gente desesperada está siendo explotada. Tenemos que erradicar las redes criminales que se aprovechan de las personas migrantes y refugiadas”.

En la última década, la UE ha puesto en marcha una estrategia de externalización de control de sus fronteras, lo que en la práctica supone que sean terceros estados, entre ellos Marruecos, los que se encarguen de vigilar e intervenir en caso de cruces ilegales en las fronteras exteriores del territorio común europeo. Dicha estrategia se materializa en acuerdos internacionales de carácter más o menos formal en los que se establecen marcos de cooperación comunes. Es el caso del Partenariado de Movilidad, firmado en 2013 entre Marruecos y la UE con el objetivo de mejorar el intercambio de información, la capacidad administrativa y la cooperación en materia de gestión de fronteras, detección y desmantelamiento de redes de tráfico de migrantes. El resultado de la mencionada gestión conjunta ha sido la muerte de, al menos, 23 personas como resultado de la intervención de las fuerzas del orden. 

Tras la reunión mantenida en Rabat, se pone el punto de mira en la actualización de los mecanismos de cooperación operativa en materia de lucha contra el tráfico de personas entre Marruecos y la Comisión Europea. Para ello, se focalizará principalmente en el apoyo a la gestión de fronteras, el refuerzo de la cooperación policial -incluyendo investigaciones conjuntas-, la sensibilización frente a los peligros de la migración irregular así como el fortalecimiento de la cooperación con las agencias de la Unión Europea. 

Con este posicionamiento, la Comisión Europea sienta las bases de la renovada relación entre el ejecutivo marroquí y su contraparte española, tras la decisión del Gobierno de Sánchez de flexibilizar su posición respecto a las demandas relativas al Sáhara Occidental. Esta decisión, ampliamente criticada por ONG defensoras de la autonomía territorial y que apoyan la lucha por los derechos humanos en este territorio, ha sido la moneda de cambio que garantizará un compromiso total por parte de Marruecos en la defensa de las fronteras europeas. Ahora bien, ¿a qué precio? Esta duda parece resonar con eco propio tras los sucesos que condujeron a 23 personas a perder la vida.