Los retrasos “excesivos” para reconocer la discapacidad y la dependencia disparan las quejas de la ciudadanía en Canarias

Los retrasos excesivos para reconocer el grado de discapacidad y dependencia en Canarias han disparado las quejas de la ciudadanía ante la diputada del común. Así lo refleja su último informe anual, que apunta que estas dos áreas siguen acaparando el mayor porcentaje de quejas tramitadas, con un 18,8% y un 14,7%, respectivamente, seguidas de Servicios Sociales (8,9%) y Salud y Sanidad Pública (7%).

En total, en 2024 se contabilizaron 603 quejas sobre discapacidad y 470 en dependencia, mientras que le sigue Servicios Sociales con 284 quejas. La demora en la resolución de las solicitudes de valoración y revisión del grado es precisamente el principal motivo de queja del área de discapacidad.

El informe de la diputada del común apunta que el 90,38% de las quejas registradas (545 de las 603) están motivadas por la demora del procedimiento de valoración o revisión del grado. No obstante, en 2023 fueron 217 las quejas por este motivo de 310 que hubo en total sobre discapacidad y en 2022, fueron 122 de 274. 

“Este significativo aumento de quejas refleja la gravedad de la problemática que afecta a la ciudadanía de Canarias, y pone de manifiesto que la demora en la resolución de las solicitudes por parte de la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias se agrava año tras año, e impone a la ciudadanía, en muchos casos, una espera de hasta cinco años para ser citados para valoración, generando un perjuicio, cuantificable económicamente, que, sin embargo, difícilmente resarcirá el daño irreparable que se está ocasionando a las personas afectadas y a sus familiares”, resalta el informe.

El documento hace hincapié en que la fragmentación territorial y el hecho insular inciden “en un trato desigual a la ciudadanía, con tiempos de espera desiguales”. Y pone como ejemplo que si un menor de siete años con un diagnóstico del espectro autista solicita el reconocimiento de la discapacidad en la isla de Fuerteventura la obtendrá, previsiblemente, en 18 meses, pero si la solicita en Tenerife tendrá que esperar cinco o seis años para la obtención de un procedimiento que debería concluirse en el plazo de tres a seis meses.

“Pese a las resoluciones y recomendaciones dirigidas por esta Defensoría a la Dirección General de Discapacidad no se ha corregido esta anomalía, claro ejemplo de mala administración sistémica, que pone de manifiesto la ineficacia de esa unidad administrativa y la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad”, incide.

El documento de la Diputación del común, que llega después de que el pasado año anunciara una investigación sobre la situación de la discapacidad en las Islas, expone también que “habiendo transcurrido más de cuatro años desde la declaración de emergencia por covid-19, la Dirección General de Discapacidad, continúa informando de que, en los procedimientos de valoración y revisión del grado de discapacidad, se produjo la cancelación de todas las citaciones que estaban programadas desde el 14 de marzo de 2020, quedando además paralizadas las citaciones presenciales, lo que ocasionó un aumento del tiempo de espera de cuatro meses”. Y agrega que, según se informa, “pese al refuerzo de medios personales en la dirección general, la situación no ha revertido”.

El informe apunta que “la realidad es que no solo la situación de demora no ha disminuido, sino que año tras año se agrava, pues se han detectado casos en Tenerife y Gran Canaria en que los tiempos de espera superan los cinco años”.

La diputada del común recuerda que la falta de reconocimiento de la discapacidad hace peligrar el acceso a otros derechos y pone el ejemplo de la tarjeta de estacionamiento. El informe pone el ejemplo de “situaciones tan graves” como la de una ciudadana de 95 años que ha solicitado el reconocimiento de la discapacidad y movilidad reducida para poder beneficiarse de la tarjeta de estacionamiento, pues tiene que acudir asiduamente a un centro sanitario dada su avanzada edad, patologías y problemas de movilidad que dificultan su desplazamiento.

“Debemos llamar la atención sobre la necesidad de reforzar la gestión de los procedimientos de valoración de la discapacidad cuando concurren circunstancias para su priorización”, recalca el informe. De hecho, la falta de resolución de grado impide a los menores acceder a las terapias que precisan.

Personas que fallecen sin la dependencia reconocida

La dependencia es otra de las áreas con mayor número de quejas de la ciudadanía. “El mayor número de quejas registradas en 2024 (y en ejercicios anteriores), en el área de Dependencia, se refiere a excesiva demora en el reconocimiento de la Situación de Dependencia y del derecho a las Prestaciones del Sistema, Revisiones de Grado y Programa Individual de atención”.

No obstante, las quejas también se refieren a la efectividad de los recursos aprobados y ya en el informe de 2023 se constató también un aumento del número de quejas “por el inapropiado servicio de las empresas de promoción a la autonomía personal y atención a personas en situación de Dependencia y la dificultad para obtener plaza en una residencia”. 

“Todos estos problemas, se originan por las desatenciones de la Administración, tanto para resolver los expedientes de Dependencia en plazo como para crear nuevos recursos para ingresar a las personas dependientes que requieren la adopción de medidas que no se pueden dilatar más en el tiempo, sin dejar de mencionar la infrecuente supervisión de las empresas de promoción a la autonomía personal y atención a personas en situación de Dependencia por parte del Servicio de Inspección y Registro de Centros”, recoge el informe.

El documento presentado este lunes en el Parlamento por la diputada del común, Dolores Padrón, detalla el ejemplo de un hombre cuyo padre de 92 años fue reconocido con Dependencia Severa en Grado II.  En mayo de 2023, se solicitó la revisión del Grado de Dependencia, ante el deterioro cognitivo de su padre. El hombre había mermado tanto física como mentalmente un año después de solicitar la revisión de grado, y no se le había respondido aún en agosto del pasado año.